El juez de la trama de cadáveres magrebíes apunta a varias funerarias y dos consulados

Así lo denunció la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, encargado de una investigación que ha permitido el desmantelamiento de una trama con ramificaciones en Jaén y que ha llevado a prisión provisional a dos de los cuatro arrestados el sábado por la Benemérita. Se trata, según supo LA VERDAD por fuentes de toda solvencia, de Antonio C. H., un hombre con residencia en Murcia y encargado de una funeraria de Huércal-Overa, y de Rachid S., marroquí afincado también en la capital y vinculado con el sector funerario a través de un tanatorio de la Región y de dos empresas: una con sede en Molina de Segura y otra, en la que consta como administrador, ubicada en Murcia, en la calle Almenara, del barrio de San Andrés.

Según el auto dictado el lunes por el juzgado, a cuyo contenido accedió este diario, el grupo de Policía Judicial expuso «indicios claros» de que el mencionado Rachid era «el conseguidor o líder de la organización criminal, tras la desaparición» de otra persona. Su labor, explican los agentes al magistrado Raúl Sánchez Conesa, consistía en «lograr las adjudicaciones de fallecidos magrebíes, previa exhibición a sus familiares de datos, informaciones e incluso fotografías de los cadáveres, y la posterior repatriación de cadáveres».

«Rachid controla absolutamente todo el operativo necesario para la recopilación de datos de fallecidos, valiéndose de M. J. L. [vinculada a una funeraria de Almería], con la que habla de cadáveres, fotografías e información reservada en múltiples conversaciones; así como de Antonio C. H., quienes se personan con un ritmo de trabajo exacerbado en institutos de medicina legal [al menos de Almería, Murcia y Cartagena] y cuarteles de la Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía», señala el Instituto Armado, que bautizó el caso como 'Operación Dhakiras'. Y añade que en esas constantes visitas actuaban «presionando a funcionarios y recabando el mayor número de datos, información, fotografías o cualesquiera otros conocimientos, a fin de adjudicarse la repatriación de cadáveres a Marruecos y Argelia». Llegaron a pagar «pequeñas comisiones» o mordidas por cadáveres de fallecidos en pateras y por otras causas.

Asimismo, relatan los investigadores de la Guardia Civil, el máximo responsable de esta organización «se aprovecharía de ciertas situaciones de privilegio que pudiera tener en los consulados de Marruecos y Argelia» para conseguir contratos para la trama. De forma simultánea, recibía el citado «soporte de empresarios y comerciales del mundo empresarial de las funerarias», entre ellas de Murcia y Almería, para alcanzar su «objetivo» de obtener ingresos de manera ilícita.

A propósito del nivel de dinero amasado por esta supuesta mafia, investigada desde finales de 2022, la Guardia Civil informa al instructor (que levantó el lunes el secreto de sumario) del fructífero resultado de los registros practicados el pasado 9 de marzo en el domicilio de Rachid. «En su vivienda han sido encontrados fajos de billetes que sumarían más de 60.000 euros, de origen desconocido y sin justificación laboral o económica alguna, además de documentación de identidades de magrebíes, permisos de residencia» y otros papeles de interés para las diligencias. Los agentes también hallaron «dos coches de alta gama, con gran cantidad de billetes en su interior», así como «licencias de enterramiento y facturas de tanatorios de toda España».

Otra de las claves de la investigación es el apoyo que habría recibido Rachid por parte de una ONG llamada Cipimd (Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos). En concreto, se indaga sobre el papel de un colaborador, el imputado F. J. C. M., que habría recibido transferencias de dinero de Rachid, de entre 200 y 300 de euros, a través de Bizum. Los abonos, que incluirían otros pagadores y sumaron 3.000 euros en dos meses, serían la compensación por facilitar a la trama el contacto con familiares de marroquíes y argelinos fallecidos. Se habría valido de fotos de cadáveres recogidos en aguas de Cartagena, Almería y otros puntos de la costa española. Sin escrúpulos, las imágenes habrían sido empleadas para extorsionar a las familias, de forma que realizaran pagos innecesarios e ilícitos con los que agilizar los trámites de identificación y repatriación.

En su página web, Cipimd asegura que es «una organización no gubernamental que busca, a petición de las familias, or ganismos, instituciones, etc., encontrar e identificar a sus familiares»; y que «colaborara activamente con las administraciones españolas competentes y con los países de origen para llevar a bien su cometido». Se centra en personas de origen «subsahariano, de países del Magreb y del resto del continente africano». Y añade que «la asistencia a las familias en la búsqueda y/o identificación del desaparecido es totalmente gratuita».

Según informó anteayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, la Guardia Civil practicó trece entradas y registros, tres de ellos en Cartagena, Murcia y Molina de Segura, cuatro en Almería y uno en Jaén. Las diligencias abarcan los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público, delitos contra el respeto a los difuntos, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Y, según ha conocido este diario, las investigaciones afectan a almenos siete empresas del sector funerario de la Región y a dos de Almería.

La ONG (cuyo colaborador también gestiona la cuenta de Twitter Héroes del Mar) publicaba fotografías de los cadáveres y de los desaparecidos en sus redes sociales y pedía colaboración para localizarlos y donaciones económicas. Según las diligencias judiciales, las fotos también fueron exhibidas a las familias de los muertos para presionarlas y que contrataran la repatriación con la trama, que ofrecía agilizar los trámites administrativos. Ello causó un daño moral «devastador» a los parientes. Las prácticas irregulares de la ONG fueron objeto de una denuncia ante la Guardia Civil en noviembre de 2022, a raíz de la difusión de la foto de un cadáver tomada desde la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal de Cartagena.

El Instituto de Medicina Legal de Cartagena –donde por ahora están siendo investigados la directora y tres técnicos– reforzó en 2023 su protocolo para evitar la obtención y difusión por parte de personas ajenas al organismo de fotos, datos y cualquier información protegida de los inmigrantes fallecidos en pateras y trasladados a la morgue. Así lo aseguraron fuentes conocedoras de la investigación. Y explicaron que al conocerse internamente anomalías en la sala de autopsias, el propio Instituto informó a la Fiscalía de Cartagena. La directora del Instituto intensificó la vigilancia para evitar que trabajadores de empresas de servicios funerarios tuvieran acceso a los cuerpos pendientes de autopsia e identificación y a información recogida en expedientes administrativos, para evitar su uso fraudulento. Ahora se investiga el envío de imágenes por parte de personal del centro a miembros de la trama. Según fuentes cercanas al Instituto, el número de imágenes fue mínimo y estas se mandaron sin pago alguno a los técnicos y «de buena fe, para ayudar a una familia a localizar a un fallecido, a través de una ONG».

Rachid. S., el marroquí considerado por la Guardia Civil como «conseguidor o líder» de la trama de las repatriaciones de magrebíes, es un viejo conocido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así lo aseguraron fuentes de toda solvencia, que recordaron que fue detenido en 2016 por la Policía Nacional por haber suplantado presuntamente la identidad de un médico de su misma nacionalidad y haber realizado la circuncisión a niños musulmanes en la Región de Murcia, Toledo y Ávila. Según adelantó en exclusiva LA VERDAD, arrestó al impostor, un antiguo comerciante del barrio de San Antón de Cartagena, por haberse hecho pasar por facultativo durante casi dos años y haber operado a decenas de menores.

Con ello, según la Policía, puso en grave riesgo la salud de decenas de menores, hasta el punto de que uno de ellos acabó en la UCI por una infección relacionada con esa intervención.

El falso médico abrió una clínica en la calle Doctor Jesús Quesada Sanz, en el barrio murciano de San Andrés, la misma zona donde según los investigadores tiene su domicilio social una de las empresas de la trama de lucro con la identificación y repatriación de cadáveres de magrebíes.

Rachid –investigado entonces por la agencia de detectives Eurofinder y por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras–, contactaba con musulmanes por recomendación de un funcionario de la Embajada de Marruecos en España y se hizo pasar por el médico de Torre Pacheco, apreciado en la comunidad islámica. Ambos fueron socios de una funeraria del Campo de Cartagena orientada a repatriar cadáveres a Marruecos.

En 2016, salió a la luz que Rachid fue investigado por falsificar prendas de marca en la trastienda de su tienda. Y, según consta en las diligencias del actual caso de las repatriaciones, tiene antecedentes policiales por delitos contra la propiedad intelecual, falsedad documental y contra la salud pública, entre otros.