El exconsejero Cerdá y otros 14 acusados irán a juicio por el 'agujero' de la desaladora

El 'agujero' millonario que la desaladora de Escombreras causó a las arcas públicas podría acabar costándole muy caro a Antonio Cerdá. El Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exconsejero de Agricultura y Agua de varios gobiernos de Ramón Luis Valcárcel y otros catorce procesados por el conocido como 'caso La Sal'. La Fiscalía reclama penas que suman catorce años de prisión para el político en el marco de un procedimiento abierto en abril de 2016 para investigar una supuesta trama delictiva en torno a la construcción y adquisición de la planta por parte de la Comunidad.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público imputa al político popular –que en sus declaraciones ante la jueza instructora culpó a la crisis económica de esta operación ruinosa– dos presuntos delitos de prevaricación continuada y uno de fraude en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. Reclama, además de la pena de cárcel, que se le impongan dos décadas de inhabilitación absoluta y 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Cerdá es el protagonista indiscutible del escrito de acusación de la Fiscalía, pero no es el único. La acusación pública señala a otros 14 presuntos implicados en la supuesta red de corrupción, entre los que se cuentan antiguos cargos públicos y altos funcionarios de la Administración regional, y un nutrido grupo de empresarios que, presuntamente, concertaron sus intereses en claro perjuicio de las arcas públicas. Entre los integrantes del primer grupo figura Amalio Garrido, gerente del ente público del agua (EPA); José Manuel Ferrer, ex secretario autonómico de la Consejería de Turismo; Miguel Ángel Ródenas, exdirector general de Agua -y exdirector de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)–; y Diego Manuel Pardo, exsecretario general de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, entre otros.

Todos ellos afrontan ocho años de prisión y quince de inhabilitación especial para empleo o cargo público –en el caso de los funcionarios supondría la pérdida de su condición– por un presunto delito de prevaricación continuada y otro de fraude en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. En el caso de María Antonia Fernández, exasesora eventual del consejero Cerdá, su petición de pena se eleva a catorce años de prisión y 21 de inhabilitación para cargo o empleo público ya que la Fiscalía le imputa un segundo delito de prevaricación por la presunta contratación ilícita de asesores jurídicos al margen de expediente de contratación alguno –unos hechos de los que también acusa el exconsejero–.

La acusación exige, además, que en el caso de que se produzca una condena, se anulen todos los contratos que estos funcionarios suscribieron con las entidades privadas. La Fiscalía estima que la desaladora habría generado a la Comunidad un sobrecoste de más de 67,1 millones del que, entiende, deberán responder todos los procesados con su bolsillo. El fiscal también solicita, al igual que el resto de acusaciones, que presten indemnizaciones por las responsabilidades civiles que se derivaron de esas supuestas contrataciones ilegales de profesionales. La jueza, en su escrito de apertura de juicio oral, ordena a los procesados que presten una fianza, solidaria y conjunta, por valor de 70 millones de euros. Advierte de que, en el caso de que no desembolsen ese importante montante, se procederá al embargo de sus bienes.

El Ministerio Público reclama, además, en su escrito que se adopte como medida cautelar, para exigir el pago de las responsabilidades civiles exigidas a las mercantiles privadas, una suerte de embargo de las cuotas del contrato de arrendamiento de la planta que recibe Hydro Management S.L. de las cuentas públicas de la Comunidad. Ese dinero, explica esta parte, deberá ir depositándose en la cuenta del juzgado a la espera de conocer la sentencia, sirviendo como un depósito judicial si el 'caso Sal' acaba en condena. El fundamento de esta medida, remarca el fiscal, «es evidente cuando formulada acusación por los contratos y solicitada su nulidad, la mercantil que recibe pagos millonarios de la Comunidad puede llegar a una situación de insolvencia que impediría o dificultaría la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia condenatoria». La jueza ha abierto una pieza separada para decidir sobre esta cuestión.

La Comunidad, personada como actor civil en la causa, solicitó también la apertura de juicio contra el exconsejero y el resto de procesados y exige una indemnización de 74.194.332 euros, la diferencia que, sostiene, existía entre los dos sistemas de adquisición de la planta.

En las primeras páginas de las hasta 196 que engrosan su escrito de acusación, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el fiscal sostiene que la construcción de la desaladora se debió realizar a través de concurso público y remarca que ese procedimiento se obvió a través de un «entramado contractual y societario» que respondía «a un plan y diseño preconcebido entre los acusados». Los procesados, remarca, simularon «mendazmente un equilibrio financiero del proyecto» para que este pareciese ser «autosostenible a través de los aparentes ingresos procedentes de los distintos ayuntamientos que firmaron convenios entre 2005 y 2010. El fiscal hace hincapié en que esos convenios municipales se sustentaban «en cálculos artificiosos de necesidad de agua».

En este punto, la acusacion sostiene que «no existía una previa elaboración de informes rigurosos de estimación de costes subsiguientes del proyecto impulsado antes de asumir el pago de las cargas y obligaciones económicas contenidas en los ilícitos contratos diseñados de mutuo acuerdo, ni situación real de emergencia hídrica y necesidad imperiosa de demanda de agua urbana que justificase la firma de dichos contratos». El objetivo, remarca, era en realidad «obtener un mecanismo que contrarrestase los posibles informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que podrían frenar la consecución de meros fines políticos de impulso de desarrollos urbanísticos».

La Fiscalía hace hincapié, en su extenso y pormenorizado relato, en que existía un «deliberado y consciente ánimo» del exconsejero Cerdá, al que señala como impulsor del proyecto. Este, incide, contaba con el «consentimiento tácito» del entonces presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, que afronta penas contundentes –hasta 11 años y medio de prisión y veinte de inhabilitación para cargo público– en una pieza separada de este caso.

Ante este supuesto plan preconcebido liderado por Valcárcel y Cerdá, el fiscal insiste en que los restantes funcionarios miembros de los consejos de administraciones de las entidades públicas implicadas nada opusieron a la asunción de «todas las cargas y riesgos del proyecto de modelo de financiación, funcionamiento y explotación escogido que previamente confeccionaron las empresas del grupo ACS para derivarlas a la Comunidad conforme a lo pactado». Con esa forma de actuar, explica el fiscal, la parte privada se aseguró previamente «con ánimo de ilícito beneficio de que las obligaciones de las que responderían los fondos públicos por los costes de ejecución del proyecto estuvieran convenientemente infladas con cláusulas abusivas, intereses excesivos, y garantías directas por parte de la Administración Pública, en un negocio en el que jamás podían tener pérdidas».

El fiscal remarca que todo el «estamento político-funcionarial» de la trama era supuestamente consciente de la ilegalidad e inviabilidad de la operación en torno a la desaladora, pero considera que la avalaban «sin objeción alguna consiguiendo mantener sus cargos de libre designación que implicaban mayores retribuciones, responsabilidades de jefaturas y buena consideración por el Gobierno regional».

El plan consistía, según explica el Ministerio Público, en «escoger un proyecto de desaladora de agua desalada en ejecución, adquiriéndolo mediante un mecanismo de asunción de su titularidad por compra de sus acciones». De esta manera, explica, se sorteba «la preceptiva tramitación de expediente de contratación al hacer prevalecer la voluntad política y los fines propuestos al necesario cumplimiento de la legalidad, sin un real y serio estudio de costes con desprecio intencionado del buen uso del dinero público exigible permitiendo beneficios exorbitantes y claúsulas abusivas a la empresa privada titular de la desaladora escogida».

La supuesta trama perseguía, explica esta parte, «obtener a cualquier precio un mecanismo de obtención de agua que permitiese, previa aprobación por el Consejo de Gobierno de los convenios de suministro de agua desalada firmados por el EPA, con los que poder justificar la emisión de fraudulentos informes favorables de disponibilidad de recursos hídricos en los desarrollos urbanísticos contenidos de los PGOU municipales en tramitación en esa fecha». Los procesados presuntamente desplegaron este manera de actuar a sabiendas de que incumplían la legalidad administrativa (...)utilizando espuriamente los informes externos de asesores jurídicos privados contratados ad hoc de forma arbitraria».

Esa era la cobertura formal, subraya el fiscal, para la «ilícita operativa diseñada que buscó intencionadamente contemplar la obtención de una desaladora, no como una obra pública, sino utilizando el artificio fraudulento de encuadrar la adquisición de una desaladora privada como una colaboración pública de entes públicos empresariales de la Comunidad en un previo proyecto privado de construcción de desaladora y mediante la fórmula de adquisición de acciones». Este plan, considera el Ministerio Público, se diseñó con la «finalidad espuria de anteponer la mera voluntad política de continuar con el modelo de desarrollo urbanístico defendido por el Gobierno de la Comunidad» –y su repetido eslogan de Agua para Todos– (...) «y pese a conocer que el suministro de agua domiciliaria ya estaba asegurado por el Estado».

Los hechos que el fiscal desgrana en su escrito se remontan a septiembre de 2003, cuando se constituyó la sociedad Hydro Management SL por parte de un grupo de empresarios murcianos, que pretendían impulsar una planta desalinizadora en la Región. Poco después dieron entrada en el proyecto a empresas del grupo ACS, como Cobra Instalaciones y Servicios, Moncobra y Técnicas de Desalinización de Aguas SA (Tedagua). El fiscal sostiene que este grupo asumió la adquisición de la mayoría de capital de Hydro Management SL para poder controlar la futura construcción de la desaladora ya apalabrada con la Comunidad como único cliente al que vender el agua.

Con las dos primeras sociedades -Cobra y Moncobra- acabó creándose en enero de 2006 la sociedad privada Desaladora de Escombreras SA, que fue cargada de manera casi inmediata con obligaciones multimillonarias por parte de Hydro Management y Tedagua. Esos compromisos supuestamente abusivos y leoninos, suscritos entre empresas del mismo grupo, acabaron siendo asumidos de forma casi instantánea por la Administración regional, que el 17 de febrero de 2006 constituyó la sociedad pública Hidronostrum. Ese mismo día, sin estar siquiera inscrita todavía en el Registro Mercantil, Hidronostrum asumió el 51% de la empresa privada Desaladora de Escombreras y se comprometió ya en ese mismo acto a adquirir el 100% de las acciones. Algo que hizo poco tiempo después.

En esa operación para convertir Desaladora de Escombreras SA en una sociedad pública, la Comunidad asumía íntegramente los compromisos suscritos poco antes entre esa compañía e Hydro Management y Tedagua, con lo que se obligaba al pago de unos 600 millones de euros por la explotación de la planta durante 25 años. Con la particularidad, además, de que el acuerdo se adoptaba mediante una fórmula nada usual y vinculada al derecho anglosajón, denominada 'take or pay', por la que la Administración regional se comprometía a pagar esas cantidades al margen de que el agua desalinizada acabara o no siendo producida. Una fórmula, en suma, que aseguraba al 100% el negocio para la iniciativa privada, pero que hipotecaba a la Administración regional para el siguiente cuarto de siglo, con obligaciones de unos dos millones mensuales.

El fiscal también pone negro sobre blanco otras presuntas maniobras que los implicados presuntamente habrían desarrollado para hurtar la operación al control de los órganos de la Administración regional, así como a la normativa de obligada aplicación. Para ello, habrían contratado los servicios de gabinetes jurídicos externos a la Comunidad. Estos especialistas serían los que habrían diseñado el operativo para que una planta de iniciativa privada acabara en manos del Gobierno regional con un coste multimillonario y supuestamente injustificado. El Ministerio Público destaca, en su escrito, que las mercantiles privadas procedieron a incluir, en 2005 «pagos y cláusulas abusivas de salvaguarda para asegurarse la obtención de lucrativos beneficios a su matriz ACS sabiendo que se trasladarían a la Comunidad conforme a lo pactado». Un «grave perjuicio para las arcas públicas» que puede acabar por conducir a prisión al exconsejero Cerdá y a antiguos altos cargos de los gobiernos de Valcárcel.

El exconsejero Antonio Cerdá ya conoce la petición de condena que la Fiscalía solicita por su presunta implicación en la trama delictiva en torno a la construcción y adquisición de la desaladora de Escombreras por parte de la Comunidad. El trance de sentarse en el banquillo, sin embargo, puede estar aún bastante lejos. La saturación de la Audiencia Provincial, el órgano encargado del macrojuicio por esta pieza del 'caso Sal', ya provocó hace unos días que la vista contra el expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en la otra pieza de este procedimiento, no se pueda iniciar antes de casi tres años. La Sección Tercera tenía que buscar encaje para las 21 sesiones que se contemplan en esa vista y, dada la saturada agenda del órgano, no ha encontrado hueco antes del 15 de septiembre de 2027.

Una vez que el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Cerdá y el resto de encausados, la pelota queda en el tejado de la Audiencia. El órgano debe ahora abrir la agenda y, tal y como ya avanzaron fuentes judicial, esta está ya completa hasta el verano de 2027.

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