La juez insiste en que Mendoza debe ir a juicio por las obras de la UCAM

La magistrada acaba de dictar un auto por el que rechaza el recurso de reforma interpuesto por la UCAM contra el auto de procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- dictado el pasado septiembre, en el que como conclusión a una investigación que ha durado más de tres años venía a afirmar que existen indicios suficientes de la presunta comisión de un delito urbanístico.

En este asunto, que se dirige a depurar las supuestas responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido José Luis Mendoza y las sociedades Fundación Universitaria San Antonio y el Centro de Estudios Universitarios San Antonio SL, los letrados defensores nunca han tratado de negar la evidencia, que no es otra que la construcción sin licencia de una serie de edificios en el entorno del monasterio de los Jerónimos. En concreto, fueron levantados un aulario de casi 2.500 metros cuadrados, un laboratorio, un almacén, un porche, una cafetería y una caseta para un grupo electrógeno, con una superficie total de unos 3.500 metros cuadrados.

El argumento legal sostenido en el tiempo por la UCAM es que tales construcciones son «autorizables, esto es, legalizables, y que por ello no es posible hablar de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Y ello en virtud del artículo 319 del Código Penal, que habla de la responsabilidad de quienes llevan a cabo «obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable».

Pero la magistrada Azuar hace una interpretación bien diferente de ese precepto legal, en consonancia -sostiene- con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en algunas de sus resoluciones. Y lo que mantiene el Alto Tribunal, como ahora recuerda la instructora en su auto, es que con ese artículo del Código Penal se castigan a quienes han ejecutado obras que no eran autorizables «en ese preciso momento (en que se acometieron) y no en cualquier hipotético tiempo futuro». Esto es, que el texto legal se refiere «a la ilegalidad material de la construcción cuando se realiza», y no «en un futuro más o menos incierto o lejano».

Además deja constancia de que el expediente urbanístico abierto por el Ayuntamiento de Murcia sobre esas edificaciones ilegales pone de relieve «la imposibilidad de su legalización», con lo cual ese debate queda incluso más zanjado. De hecho, el propio concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, afirmó en su declaración como testigo que las obras eran «de imposible legalización», tal y como reseña la instructora en su resolución.

En otro sentido distinto, los letrados de la UCAM insistieron en su recurso en que el suelo en el que se levantaron esas construcciones no es protegido, ni mucho menos especialmente protegido, por lo que es perfectamente compatible con las edificaciones.

Pero tampoco este razonamiento convence a la magistrada, que señala que «no es posible darles la razón». Y seguidamente recuerda que las parcelas afectadas forman parte del entorno de la iglesia y monasterio de San Pedro-Los Jerónimos, calificado como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, por lo que «toda intervención que pretenda realizarse requerirá autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural, con carácter previo a la concesión de licencias y autorizaciones».

Con la confirmación del procesamiento, la última opción que le queda a José Luis Mendoza es interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Ayer, un portavoz de la UCAM confirmó que así se hará, insistiendo en que los pabellones se pueden regularizar.