La jueza insiste en juzgar a Valcárcel por el impulso de la desaladora de Escombreras
La instructora rechaza el recurso que presentó la defensa del expresidente regional contra el auto en el que se le acusa de presunta prevaricación, malversación y fraude de subvenciones
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia insiste en sentar al expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel en el banquillo de los acusados por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras ('caso La Sal II'). La magistrada, en un auto notificado este martes, desestima el recurso que el letrado Fernando Adame, que ejerce la defensa del que fuera jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014, presentó contra el auto en el que la juez ordenaba la continuación del procedimiento contra Valcárcel.
La instructora de esta pieza separada, en el auto que ahora confirma, apunta a la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones por parte de quien todavía ostenta la presidencia de honor del Partido Popular de la Región de Murcia, a quien califica de impulsor del proyecto desde su posición de jefe del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante los años en los que se acometió.
La defensa de Valcárcel, en el recurso que ahora ha sido rechazado, aseguraba que se había producido un «giro copernicano» en el procedimiento. Aludía a la línea que la Audiencia Provincial ya inició a finales de marzo de 2022, en una resolución en la que, ante un recurso del fiscal, tumbaba el auto de sobreseimiento de las acusaciones contra Valcárcel dictado inicialmente por la instructora y remarcaba que el expresidente «conocía y sabía bastante» de los pasos dados en el desarrollo del proyecto de la desaladora de Escombreras.
«Conocía todos los pasos»
La magistrada, en el auto que ahora confirma, corrobora que «existen indicios» de que el proyecto de la desaladora fue impulsado desde la presidencia de la Comunidad por el propio Ramón Luis Valcárcel, «que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron». La instructora, aunque subraya que de forma indiciaria, concluye que la actuación del expresidente «podría considerarse activa al realizar desde la presidencia actos dirigidos a favorecer el ilícito plan diseñado entre la parte pública y privada, con un proyecto de construcción de la desaladora».
En este punto, remarca que esa obra «parece conculcar directamente la Ley de Aguas y las normas reguladoras del contrato de concesión de obra pública, llevado a cabo con un asesoramiento jurídico privado y sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria». Incide en que «la operativa diseñada evitaba intencionadamente dichos controles». En el proyecto, recalca la instructora, tampoco se acudió «a posibles fórmulas de gestión indirecta o concesión».
La magistrada entiende que, a lo largo de la instrucción, han aparecido indicios de que Valcárcel cooperó de forma relevante en esta trama, «con la adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Gobierno presidido por él mismo, que si bien en sí podrían no ser ilegales, iban permitiendo la operativa desde el principio diseñada».
La jueza abre, no obstante, la puerta a que se pueda imputar al exjefe del Ejecutivo una actuación omisiva, «pues, estando en posición de garante, mantuvo una actuación pasiva durante muchos años ante el proyecto de adquirir una desaladora con inversiones millonarias, comprometiendo el patrimonio de la Comunidad, pese a la posibilidad de haber intervenido de modo directo por su posición de dominio del hecho». La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
