La jueza encamina a Valcárcel a juicio por «impulsar» la desaladora de Escombreras
La instructora del 'caso La Sal II' le acusa de presunta prevaricación, malversación y fraude de subvenciones
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha puesto al expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.
En un auto notificado ayer, la magistrada Ana Isabel Navarro acuerda que continúe el procedimiento contra el que fuera jefe del Ejecutivo regional entre 1995 y 2014 por su supuesta implicación en el caso de la desaladora de Escombreras ('caso La Sal II'). La magistrada apunta a la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones por parte de quien todavía ostenta la presidencia de honor del Partido Popular de la Región de Murcia, a quien califica de impulsor del proyecto desde su posición de jefe del Consejo de Gobierno de la Comunidad durante los años en los que se acometió.
La Fiscalía confirmó a LA VERDAD que tiene intención de formular acusación, lo que daría lugar a la apertura por parte de la jueza de un auto de procedimiento abreviado que encaminaría al expresidente Ramón Luis Valcárcel al banquillo de los acusados para ser sometido a juicio oral.
Este auto viene directamente marcado por la línea que la Audiencia Provincial ya inició a finales de marzo de 2022, en una resolución en la que, ante un recurso del fiscal, tumbaba el auto de sobreseimiento de las acusaciones contra Ramón Luis Valcárcel dictado inicialmente por la instructora y remarcaba que el expresidente «conocía y sabía bastante» de los pasos dados en el desarrollo del proyecto de la desaladora de Escombreras.
Unos meses después, tirando de ese hilo, la magistrada concluye ahora que «existen indicios» de que el proyecto de la desaladora fue impulsado desde la presidencia de la Comunidad por el propio Ramón Luis Valcárcel, «que ordenó la adquisición de la desaladora y que conocía todos los pasos que se dieron».
La magistrada instructora, aunque subraya que de forma indiciaria, concluye que la actuación del expresidente «podría considerarse activa al realizar desde la presidencia actos dirigidos a favorecer el ilícito plan diseñado entre la parte pública y privada, con un proyecto de construcción de la desaladora». En este punto, remarca que esa obra «parece conculcar directamente la Ley de Aguas y las normas reguladoras del contrato de concesión de obra pública, llevado a cabo con un asesoramiento jurídico privado y sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria». Incide en que «la operativa diseñada evitaba intencionadamente dichos controles». En el proyecto, recalca la instructora, tampoco se acudió «a posibles fórmulas de gestión indirecta o concesión».
La Fiscalía, que impulsó que se anulara el archivo decretado inicialmente, tiene previsto formular acusación
La magistrada entiende que, a lo largo de la instrucción, han aparecido indicios de que Valcárcel cooperó de forma relevante en esta trama, «con la adopción de acuerdos en el seno del Consejo de Gobierno presidido por él mismo, que si bien en sí podrían no ser ilegales, iban permitiendo la operativa desde el principio diseñada».
La jueza abre, no obstante, la puerta a que se pueda imputar al exjefe del Ejecutivo una actuación omisiva, «pues, estando en posición de garante, mantuvo una actuación pasiva durante muchos años ante el proyecto de adquirir una desaladora con inversiones millonarias, comprometiendo el patrimonio de la Comunidad, pese a la posibilidad de haber intervenido de modo directo por su posición de dominio del hecho».
Declaraciones y correos
En el criterio de la instructora a la hora de encaminar a Valcárcel al juicio oral, han pesado distintos factores. En primer lugar, la propia responsabilidad y atribuciones de Valcárcel como presidente, que le sitúan «en clara posición de garante» del proyecto. En segundo lugar, «los hitos fundamentales del proyecto, sucesivos y concatenados entre sí, son de tal envergadura que es difícil que pudieran pasar desapercibidos para quien ejercía el cargo de presidente del Consejo de Gobierno». «Ese conocimiento de todo lo sucedido también se desprende de algunas explicaciones personales del investigado en su declaración del 19 de junio de 2020», dice el auto publicado ayer. En dicha declaración, Valcárcel «aceptó un conocimiento significativo de lo sucedido con la desaladora a partir de momentos temporales muy concretos y ciertas consecuencias negativas para la Comunidad Autónoma».
El auto remarca que el expresidente realizó «actos para favorecer el ilícito plan diseñado entre la parte pública y privada»
Asimismo, las declaraciones de los testigos y de otros investigados, entre ellos antiguos altos cargos y funcionarios de la Administración regional, de las que se desprende un papel primordial del expresidente para que la desaladora de Escombreras pudiera salir adelante.
En cuanto a las pruebas documentales, el auto resalta «dos correos electrónicos que pudieran ser acreditativos de que el investigado estuvo informado de una circunstancia muy relevante, como fue la compra anticipada del 49% restante del capital social de la empresa Desaladora de Escombreras SA, que tiene lugar el día 14 de julio de 2010». La cual supuso «que la Comunidad asumiera, sin explicación razonable al respecto, muchas más cargas millonarias relacionadas con el proyecto». Otros correos desvelan supuestas reuniones en San Esteban directamente relacionadas con los entresijos de esta infraestructura.
Plazo de treinta días
La instructora, dada la extensión y complejidad de los autos, da un mes al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral -como es previsible que ocurra-, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento del mismo. Excepcionalmente, podrían pedir, con carácter previo, la práctica de alguna diligencia complementaria. Esta resolución aún puede ser recurrida.
Además de las diligencias contra Ramón Luis Valcárcel, la investigación del 'caso La Sal' se centró en una primera fase en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución judicial denomina «parte pública»; y los administradores o representantes de la mercantil Hydromanagement y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o «parte privada». Además de las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de Esamur).
PSRM: «El PP ha sembrado la Región de minas de corrupción»
«Es la herencia de 27 años de gobiernos del PP, que han sembrado de minas de corrupción la Región, que van estallando una tras otra y que destrozan la economía regional, lo que provoca que no tengamos la sanidad, la educación o los servicios sociales de calidad porque el dinero de todos se ha ido a los bolsillos de unos cuantos». Así se expresó la portavoz y vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, quien destacó que «los dos predecesores de López Miras están señalados por corrupción». Fernández resaltó que «este gigantesco fraude» de la desaladora de Escombreras «ha costado 600 millones de euros a toda la ciudadanía de la Región de Murcia». Además, hizo hincapié en que esta infraestructura impulsada por el Gobierno regional no está funcionando, «mientras que instalaciones similares promovidas por el Ejecutivo de España, como la desaladora de San Pedro del Pinatar II, costaron 90 millones de euros y están en plena producción».
