Jueces y tribunales de la Región dan muestras de hartazgo por el colapso y la sobrecarga laboral

No era un hecho excepcional. La vista del 'caso Novo Carthago', uno de los grandes asuntos de supuesta corrupción tramitados en la Región, en el que están encausados dos exconsejeros de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel (Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana), ha sido fijada para finales de febrero de 2023, una década después del momento en que se abrieron las diligencias.

El colmo de los retrasos se encuentra hasta el momento en el macrojuicio contra Pedro S.G., alias 'El Karateca', y una treintena de miembros de su supuesta organización de narcotráfico, fijado para enero de 2024 y que está previsto que se prolongue varios meses. Una situación que ha soliviantado a la Fiscalía Superior de la Región, que ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial para reclamar un adelanto de la vista.

La respuesta ofrecida por ese órgano judicial resulta muy significativa, pues desvela el hartazgo que empieza a instalarse en los tribunales murcianos por el colapso que se ven obligados a soportar y los retrasos que de ello se derivan. La resolución ofrecida al Ministerio Público es tan escueta como contundente. «No ha lugar a lo solicitado, toda vez que no existe posibilidad en la agenda de señalamientos de esta Sala de fijar una fecha más próximas», se afirma en el escrito, que deja además constancia, para evitar cualquier duda, de que la culpa de esta situación hay que buscarla en un ámbito superior: «No es esta Sala responsable de los posibles déficits de la Administración de Justicia en relación con la carga de trabajo soportada».

Mucho más explícito se está mostrando, en reiteradas resoluciones, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Murcia, Julio Guerrero, quien desde hace semanas responde de esta forma a las peticiones de impulso de los procedimientos por parte de los abogados, o a las quejas por los retrasos en los señalamientos de las vistas: «No ha lugar a lo solicitado, ya que en este juzgado existe un turno de señalamientos, y el presente se realizará por su orden, habida cuenta de que no se trata siquiera de asuntos urgentes (violencia de género o impago de pensiones), respecto a los que sí se han recibido instrucciones para que se enjuicien lo antes posible», advierte.

Y seguidamente ofrece al reclamante una vía para encauzar su malestar. «Se aconseja al solicitante que presente la queja correspondiente ante el TSJ (Tribunal Superior de Justicia), que conoce perfectamente el retraso existente en la jurisdicción penal de esta ciudad, y que, a pesar de que todos los juzgados superamos con creces los baremos de resolución impuestos por el CGPJ, reiteradamente se ha negado a conceder refuerzos procesales que -en cambio- sí aplica a todas las demás jurisdicciones». Tras insistir en «que se excluido a la jurisdicción penal» del programa de refuerzos, «e incluso de las 'estadísticas de alerta temprana'», afirma literalmente que todo ello es «prueba evidente del poco interés que existe en el buen funcionamiento de ésta (la jurisdicción penal de Murcia)».

«Por todo lo cual, y sintiéndolo mucho –concluye–, la causa tendrá que esperar su turno para el señalamiento, que no se espera que sea antes de un año o dos».

Distintas fuentes de los juzgados y tribunales de la Región consultadas por LA VERDAD han confirmado que el creciente atasco judicial, con un aumento del 10% en el último año y 127.443 asuntos pendientes a 31 de diciembre, está disparando el malestar entre jueces y funcionarios.