José Manuel García: «La empresa de inserción debe tener más peso en la contratación pública»

–En más de una ocasión ha definido las prestaciones o subsidios como una forma de aliviar una situación de urgencia, pero que no soluciona la exclusión social de una persona.

–Y es cierto que alivia una situación complicada porque las necesidades básicas tienes que cubrirlas, pero esto puede llevarte a un aislamiento. Hace unos días conocíamos la noticia de que el Ingreso Mínimo Vital reducía en un 12% las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. En algunos casos, esas ayudas son fundamentales, no digo que no sean útiles, pero si realmente queremos cambiar la vida de esas personas, transformar su situación y que puedan sentirse útiles en la sociedad, la respuesta es el trabajo. Cuando estás en situación de exclusión y recibes ayudas, cubres las necesidades pero no tienes para salir ni nadie te da oportunidades de ningún tipo. El trabajo es donde al final desarrollamos todas nuestras capacidades profesionales e intelectuales, donde vuelves a tener habilidades sociales que se han perdido y restableces las relaciones.

–¿Cree que hay que cambiar el sistema que estructura el reparto de estas ayudas?

–No creo que haya que cambiarlo porque sí que es necesario cubrir situaciones de urgencia. No todo el mundo está preparado para acceder al mercado laboral después de llevar una mochila de fracasos y de falta de oportunidades. Lo que habría que potenciar es el acceso al mercado laboral, y en eso las empresas de inserción juegan un papel fundamental. Habría que fomentar políticas que aporten realmente valor.

–Hace unos días mencionó que los Presupuestos regionales de este año para políticas sociales no daban respuesta a la situación de exclusión social de 350.000 personas en la Región.

–Si el problema es que no se puede dar una respuesta a todo. Es inviable; los recursos son limitados. Es difícil que se pueda ampliar, por ejemplo, los apoyos a políticas sociales cuando tú tienes que cubrir otras necesidades como educación, carreteras, hospitales... Lo que al final sí demando a la Administración en general es optimizar el uso de esos recursos. En materia de contratación pública, cuando tú estás contratando con empresas de inserción, estás multiplicando el valor de esa contratación. Y eso no cuesta más dinero y no requiere de mayores recursos. Y ese espíritu es con el que la Comisión Europea hizo que los Estados miembros modificaran sus leyes de contratación pública, incluyendo una disposición que exige a las administraciones que haya una parte de esa contratación con reservas de mercado.

–Esta situación no se cumple en la Región de Murcia, pero de hacerlo pueden llegar a multiplicarse el número de empresas de inserción y de contratos. ¿Qué es lo que ocurre?

–Aquí el registro de empresas de inserción se creó con muchos retrasos. De hecho, fuimos la penúltima comunidad autónoma en hacerlo. Y cuando empiezas tarde con los procesos, al final todo lleva su tiempo. Sabemos que el Gobierno regional quiere cumplir con la Ley de Contratación Pública, pero la barrera no es solamente política. Hay muchos funcionarios o técnicos que están acostumbrados a contratar de una manera y tienen miedo o piensan que es ilegal esa reserva de contratos. En ninguna comunidad se está cumpliendo el porcentaje que la ley marca, que es un 10%. En Madrid se está cumpliendo el 3% y han pasado de nueves empresas de inserción a 22.

–Esto les lastra.

–El problema que hay es que las organizaciones promotoras de empresas de inserción –así lo marca la ley– son del tercer sector. No tenemos una cultura empresarial. Asusta tener que meterte en una empresa donde tienes que pelearte en el mercado por una cuota de trabajo. Tienes que estar ofertando como si fueras una empresa puramente mercantil cuando debe predominar lo social, y eso tiene unos sobrecostes. Te genera la incertidumbre de ver cómo voy a ser viable con estos sobrecostes peleando en un mundo mercantil, donde los costes son más importantes que el bienestar incluso de mis trabajadores. Con esa reserva de mercado, muchas entidades ven que tienen la garantía de cubrir una parte de los trabajos necesarios para que sea sostenible la empresa de inserción.

–¿Cómo animaría a cambiar la cultura empresarial de la Región para que empatizara y trabajara por su causa?

–En pequeñas empresas no tanto, pero sí que es verdad que hay un movimiento de responsabilidad social corporativa que ya es exigible a las grandes empresas. Al final es cambiar también el chip de las empresas y hacerles ver que la RSC es rentable. El tejido empresarial tiene un papel fundamental a la hora de decidir si una compra la hace con un consumo responsable, obteniendo lo mismo que lo haría con otra empresa pero apoyando a las de inserción. A veces, la mayor dificultad es el desconocimiento. Las empresas deben saber que la herramienta más eficaz para combatir la exclusión social es el empleo.

–¿Qué radiografía hace de las nueve empresas de inserción activas ahora mismo en la Comunidad?

–Un tercio de las empresas está dedicada a la actividad industrial, un 47% a los servicios y un 17% a la construcción. Hablamos de imprentas, gestión textil, servicios de restauración, de limpieza, jardinería o reformas. La facturación que tuvo el año pasado el conjunto de las empresas fue de unos 3,7 millones de euros, y el 80% de todos los ingresos de esa facturación llegaron de la contratación privada. Estamos peleando en sectores con empresas puramente mercantiles. Y vamos sobreviviendo, con dificultad, porque es verdad que es difícil al tener esos sobrecostes añadidos en la propia actividad. El 68% de los trabajadores son de inserción. Hay que producir, hay que dar servicios, pero, a la vez, en esos procesos productivos tenemos que ser capaces de dotar a las personas de los conocimientos para hacer trabajo. El acompañamiento, el desarrollo de las habilidades sociales, de compañerismo..., todo eso se hace y eso tiene un sobrecoste que asume la empresa.

–¿Quién les ayuda?

–Tenemos una ayuda del Gobierno regional de 800.000 euros que van para cubrir esos costes. No cubre el 100% pero es un dinero fundamental para que las empresas sean sostenibles. Una palanca sería que la empresa de inserción tenga más peso en la contratación pública.

–¿A qué perfil de personas ayudan?

– Trabajamos en un 7% con mujeres de víctimas de violencia de género, un 6% con jóvenes que proceden de centros de reforma o privados de libertad. Luego, un 10% de las personas tienen problemas de salud mental o algún trastorno mental grave. Un 38% vienen con adicciones, con problemas de drogadicción. Otro 39% son personas que vienen de situaciones de pobreza, o de estar en la calle, o de no tener ni vivienda ni recursos para poder acceder a una vida cotidiana y normal.

–En el contexto de lo ocurrido en Torre Pacheco, un debate abierto es la falta de integración y de oportunidades en muchos casos para la población migrante. ¿Cómo enfocaría esta situación?

–Nosotros estamos dando respuesta a una parte de la población migrante que está en esa situación de exclusión social. No olvidemos que somos empresas que dan un contrato laboral. Al final son personas que están legalmente, que tienen permiso de trabajo, pero que difícilmente trabajarían en ningún sitio. Yo tengo a tres personas que vinieron huyendo de la guerra en Ucrania, que tienen una edad media de casi 50 años y que no tienen casi ningún conocimiento de español. Otro de los trabajadores es de Camerún, vino en patera y tiene afán por querer trabajar, de agradar, de estar motivado... En una empresa ordinaria sería difícil que tuvieran contratadas unas personas así. Muchas veces el no tener la capacidad de comunicarte te aboca a no poder trabajar en ningún sitio, a tener que subsistir con prestaciones y apoyos que al final no dejan de limitarte en tu proceso como persona.

–¿En qué sector le gustaría ver una empresa de inserción?

–Lo hemos intentado en el sector agrario, pero es difícil porque las entidades del tercer sector no suelen tener a profesionales con una formación agrícola. El campo es duro, y hay colectivos que están a veces deteriorados físicamente o tienen, en muchos casos, ciertas discapacidades. Vienen de estar fastidiados. Si tú realmente quieres ser productivo, necesitas hacerlo en una gran extensión. Eso te da la capacidad de generar mucho empleo, pero de forma puntual para plantación o recolección, y eso no es estable. Una empresa de inserción que te genere dos puestos de trabajo no tiene sentido. Tenemos que buscar actividades que te puedan generar el mayor número de oportunidades, porque es lo que queremos.

–Murcia ostenta este 2025 la Capitalidad de la Economía Social. ¿Qué deseo pide para este año?

–Que la sociedad y el tejido empresarial conociera y pusiera en valor el trabajo de las empresas de inserción. Porque con eso estoy seguro de que todo lo demás vendría. Es decir, ahora mismo uno de los principales problemas que tenemos es fundamentalmente el desconocimiento. Espero que empecemos a tener relevancia en la contratación pública; sería fundamental para dar un empuje y pasar de 200 personas a mil o dos mil trabajando en el proceso de la inserción. Ese sería el objetivo fundamental para combatir la exclusión a través del empleo.