La investigación judicial sobre los residuos de la Balsa Jenny se prolonga ya diez años

En esta causa, además, el juez ha tenido que pronunciarse sobre un recurso de Tragsa, que considera que los hechos, que se remontan a 2005, están prescritos. El magistrado afirma que eso tendrá que decidirlo el órgano que juzgue este asunto, si bien niega que exista una «extinción de responsabilidad criminal, más si cabe cuando estaríamos ante unos presuntos daños continuados, que a día de hoy, seguirían produciéndose». Se refiere, con ello, al vertido de aguas contaminadas con metales pesados en la cuenca del Mar Menor, incluidos unos suelos agrícolas, por el mal sellado del vertedero Los Blancos, en Llano del Beal.

El último y polémico episodio sobre la saturación de juzgados y tribunales en la Región de Murcia, que acusan la falta de medios humanos y materiales (una responsabilidad del Ministerio de Justicia), ha sido la fijación para el año 2027 del juicio al expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel por el 'caso La Sal II', de presunta corrupción. El ex mandatario del PP está acusado de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras. Los hechos se remontan a 2006 y serán enjuiciados 21 años después.

En el caso de la Balsa Jenny, el juzgado investiga a Portmán Golf como propietaria del vertedero. El abandono del depósito fue denunciado en 2013 por el Seprona de la Guardia Civil de Cartagena, que el año pasado alertó del vertido de 15.890 toneladas de residuos desde los camiones utilizados en su día por Gestalia y Tragsa para trasladar los residuos desde un solar del pueblo. Según el Seprona, los vehículos iban mal cubiertos, la carga cayó y, desde entonces, es arrastrada por la lluvia y el viento al casco urbano del Llano, las ramblas, el acuífero y el Mar Menor.

En su escrito de marzo, el juez no dudó en apuntar a la Fiscalía General del Estado a la hora de señalar una de las causas del retraso en la instrucción de este caso. Explicó que la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía había tardado «un año y 4 meses» en comunicarle que tenía problemas internos para elaborar un informe de resultados y de valoración del daño causado al medio ambiente y a las personas, y que esperaba entregarlo antes de junio.

Lo sucedido «está generando un retraso a la causa incomprensible e inadmisible», avisó el juez. Y José Manuel Muñoz Ortín, abogado de Ecologistas en Acción, asociación personada en la causa como acusación particular, asegura a LA VERDAD que las partes siguen esperando el informe.

Ante el estancamiento, el magistrado reiteró su solicitud a la Fiscalía y pidió otro a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. Estimó, así, de forma parcial el recurso de Ecologistas, que ve esta prueba clave antes de llevar a juicio a las empresas (igual postura sostuvo la Fiscalía de Área de Cartagena). Tragsa vio desestimada su impugnación del auto de apertura de procedimiento abreviado (paso previo a la vista oral), dictado por Sánchez en diciembre de 2023; y, al igual que las otras dos compañías, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial donde pide el archivo de la causa. No hay fecha para que esta Sala se pronuncie. «Hay un recurso pendiente de remitir a la Audiencia Provincial para que esta lo resuelva», indicaron fuentes del TSJ.

Esta larga causa tuvo otro hito en septiembre del año pasado, cuando el juez Sánchez Conesa se convirtió en el primero de España en aplicar la ley de personalidad jurídica del Mar Menor e invitó a varias entidades y ayuntamientos a personarse en la causa en defensa de la laguna. En febrero de 2024, la Audiencia cegó esa vía, al anular una decisión similar del mismo juzgado en unas diligencias del 'caso Topillo'. El tribunal argumentó que aún no se había aprobado el reglamento de desarrollo de esa Ley (algo aún pendiente).

Las averiguaciones sobre la Balsa Jenny -cuya gestión denunciaron hace diez años el periodista José Juan Cano Vera y el abogado Diego de Ramón- llevaron en 2023 abrir una pieza separada. La asumió el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena, que indaga sobre la situación del antiguo solar de la Jenny, ahora propiedad de la Comunidad Autónoma.

Fuentes de la Fiscalía informaron de que la titular de Instrucción 2 de Cartagena, María Pascual Hernández, está examinando el asunto y decidirá en el plazo máximo de un mes si archiva la causa u ordena nuevas diligencias.

El letrado Ecologistas en Acción se opone al posible sobreseimiento. Recuerda que está pendiente «aclarar» lo relativo a las medidas cautelares de Instrucción 4, que forzaron en 2022 a la Consejería de Medio Ambiente a construir un filtro químico para contener los arrastres. El Seprona cuestionó la ejecución de las obras, que costaron cerca de 780.000 euros, y advirtió de que «presuntamente no van a ser efectivas».

Fuentes de la Consejería señalaron que las obras se hicieron conforme al criterio técnico, y que las inspecciones confirman que ya no hay salida de metales pesados. El asunto del vertedero Los Blancos ya dio para una primera pieza separada, que acabó en la capital de la Región. El Juzgado de Instrucción 7 de Murcia la archivó en marzo de 2023, al entender que no había indicios de delito contra cinco funcionarios de la Consejería.