La investigación del 'caso Caravaca Jubilar', que arrancó en 2016, continúa abierta
La Audiencia confirmó en 2023 que un jurado vería las supuestas anomalías en el ente, por las que está imputada la presidenta del PP de Calasparra
La Fiscalía pedirá al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Caravaca de la Cruz que avance en el 'caso Caravaca Jubilar', procedimiento ... penal iniciado en 2016 y donde está imputada la presidenta del PP de Calasparra y concejala portavoz de su grupo en la oposición en el Ayuntamiento, María Marín, por los presuntos delitos de malversación y falsedad. La Audiencia confirmó en abril de 2023 que será un jurado popular el que valore las acusaciones que pesan sobre Marín, quien fue responsable de Contabilidad del consorcio Caravaca Jubilar, y contra el exgerente del mismo ente público, el abogado Juan Rigabert, por el desvío de 250.000 euros. Y, según fuentes de la causa, la instrucción de estas diligencias sobre presunta corrupción se ha atascado por distintas circunstancias. No se prevé que la Fiscalía pida más diligencias y falta la apertura de juicio oral. Luego, la Audiencia pondrá fecha a la vista.
De la causa es parte a título particular Francisco Javier Jiménez, exmiembro de la Ejecutiva del PSOE de Calasparra, como acusación popular. Y el Ayuntamiento de Caravaca está como perjudicado, confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes del Consistorio caravaqueño, donde gobierna el PP. El caso fue denunciado en 2015 ante la Policía por Domingo Aranda, exalcalde popular de Caravaca.
Consta un informe del interventor municipal de Caravaca y otro del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Policía. Según este, «en la cuenta de la mayoría de los clientes y / o proveedores se pueden observar errores, manipulaciones, anotaciones intemporales, pagos no realizados, anotaciones de cobros con cantidades diferentes a lo facturado, etcétera, teniendo como resultado una situación en las cuentas que no se ajusta a la realidad contable de la mercantil».
Además, la Policía detectó una transferencia bancaria a Rigabert e ingresos a su hermano. Marín y Rigabert son socios de un despacho de abogados e integraron la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2023. Se da la circunstancia de que Rigabert ejerce la acusación particular en el 'caso de la plaza de toros' de Calasparra, donde está procesado por presunta prevaricación el exalcalde y secretario general del PSRM, José Vélez.
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