Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto

La presidenta del Observatorio, Soledad Guillén, advierte de que esas cifras son solo «la punta del iceberg, ya que nos llaman compañeros que han sido agredidos y ni siquiera notifican el caso por miedo a represalias o por la sobrecarga asistencial que en verano es todavía mayor».

El balance provisional anticipa que 2025 podría cerrar con una cifra de incidentes similar o incluso superior al de 2024. Según los datos hechos públicos en marzo por la Consejería de Salud, el pasado año se registraron 661 agresiones en centros y servicios sanitarios, que afectaron a 778 profesionales. Ese dato ya supuso un aumento del 27% con respecto a 2023, y consolidó una tendencia al alza que se observa desde la pandemia. En los últimos cinco años, el número de ataques validados alcanza los 2.323 casos, el doble que antes de la crisis sanitaria de 2020.

Aunque los golpes y las lesiones físicas tienen mayor visibilidad pública por la gravedad, el grueso de los ataques son verbales. Cerca del 90% de las notificaciones corresponden a insultos, vejaciones o amenazas graves, como advertencias de muerte o intentos de intimidación con objetos. El resto, entre un 8% y un 10%, son agresiones físicas con empujones, bofetadas o puñetazos.

La portavoz insiste en que la agresión verbal no puede minimizarse. «El daño psicológico que provocan los insultos y amenazas es enorme. Muchos compañeros terminan con ansiedad, depresión o incluso estrés postraumático».

Las causas más comunes suelen ser los tiempos de espera, usuarios que no aceptan un diagnóstico o pacientes que exigen ser atendidos antes que el resto. «Lo habitual es que quieran pasar por delante de los demás porque creen que su caso es más grave. Si no lo consiguen, levantan la voz, amenazan o incluso levantan la mano», explica Guillén.

La agresión, señala la portavoz, va más allá del profesional afectado, ya que se genera un clima de miedo y malestar en el centro de salud o el servicio de urgencias, y muchas veces se tiene que llamar a la Policía o la Guardia Civil para controlar la situación.

Los datos indican que las agresiones son más frecuentes en los servicios de urgencias extrahospitalarias (Suap y 061) y en los domicilios de pacientes, donde los sanitarios pierden la protección que les da el entorno sanitario. Allí, además de enfrentarse a pacientes alterados, tienen que lidiar con familiares que increpan y amenazan. También hay centros especialmente conflictivos, aquellos ubicados en barrios conflictivos de las principales ciudades de la Región.

En cuanto al perfil de las víctimas, la mitad de las agresiones son en Atención Primaria a médicos, sobre todo médicas jóvenes, muchas de ellas extranjeras. En hospitales, las más afectadas son las enfermeras y auxiliares en las plantas de hospitalización.

Si los 450 casos declarados son la punta del iceberg, las agresiones que se publican, las que salen a la luz, son solo el pico de la punta de esa montaña de casos sumergidos. El último conocido se produjo este martes en el SUAP de Cieza, donde dos mujeres fueron detenidas tras agredir e incluso morder a un médico, una enfermera, un celador y un vigilante de seguridad. El sindicato Satse denunció la «brutal agresión» y advirtió de que los afectados arrastran «consecuencias físicas y emocionales» tras el ataque.

Dos días antes, en el hospital de Molina de Segura, una paciente en estado de embriaguez golpeó en la cara a un médico de Urgencias e insultó a varios empleados del centro. Fue arrestada por la Policía Nacional y condenada a seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad.

En junio, en Murcia, un hombre con antecedentes fue detenido tras amenazar a un técnico de emergencias en el centro de salud de San Andrés. Fue condenado a cuatro meses de prisión y le prohibió acercarse a la víctima durante 16 meses.

Los tribunales también han dictado otras condenas significativas este año. En mayo, una paciente del hospital Santa Lucía fue sentenciada a 14 meses de prisión por agredir en abril a dos médicos, en lo que el Colegio de Médicos calificó de «precedente ejemplarizante».

En el mes de febrero, dos agresiones en consultorios de Alguazas y La Unión motivaron una concentración de protesta por la «creciente ola» de ataques al personal sanitario.

Tanto el Observatorio como los sindicatos insisten en que las agresiones deben denunciarse siempre, «ya que sin ella es como si no hubiese pasado nada». La Policía Nacional dispone de la figura del interlocutor policial sanitario, encargado de asesorar medidas de autoprotección, pero para que los casos lleguen a los juzgados es necesario que exista denuncia. Sin embargo, muchos profesionales no se atreven a dar el paso por miedo a represalias. Por ello, reclaman que sea el propio Servicio Murciano de Salud el que denuncie de oficio. Con la tendencia actual, el año podría cerrar con más de 700 incidentes registrados, una cifra similar a la del año pasado.