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Nadie parecía recordar que, en marzo de 2023, la Asamblea aprobó elevar al Congreso una proposición de ley para blindar el Trasvase Tajo-Segura. Ahora, más de dos años después, cuando las reglas de explotación del acueducto han devuelto el tema a la primera línea de la actualidad, ha querido el ritmo de tramitación parlamentaria que la Cámara Baja haya ordenado su toma en consideración para el martes 13 de mayo, la próxima semana. Y lo que puede pasar es que una iniciativa para mantener las reglas de explotación del acueducto tal y como fueron establecidas en 2014 acaben endureciéndose de prosperar enmiendas en ese sentido.
Fue el 29 de marzo de 2023 cuando el Pleno del parlamento autonómico, por tramitación de urgencia y lectura única, se aprobó la iniciativa con los votos a favor del PP, de los tránsfugas de Ciudadanos y los diputados expulsados por Vox. El Grupo Socialista votó en contra junto a Verdes-Equo y Podemos se abstuvo. Entonces se acordó que el encargado de defenderla en el Congreso fuera el presidente Fernando López Miras.
Sin embargo, esto ha pillado al PP por sorpresa a pesar de que en las últimas semanas, al conocerse el borrador de las normas que este jueves ratificará la Comisión de Explotación del Trasvase, había endurecido su discurso y sacado su artillería contra el Ministerio para la Transición Ecológica.
Esta tramitación, sin embargo, implicaría que el texto de la proposición de ley tal cual salió de la Asamblea se podría ver sometido a enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Y no solo de PP y PSOE, sino que, en una cámara muy atomizada y con intereses que pueden abrir diferencias dentro de los dos grandes partidos, también el resto de grupos contarían con esa posibilidad, entrando en juego otro tipo de intereses a favor o en contra de las políticas trasvasistas.
Tras conocerse la ordenación de este punto para la próxima semana, desde el PSOE, su secretario general en la Región y diputado en el Congreso, Francisco Lucas, solicitó una nota aclaratoria a los servicios jurídicos de su partido en esta cámara. Los mismos consideran que «en este caso al ser una proposición de artículo único, el posible planteamiento de una enmienda al articulado y la aprobación de la misma, podrían modificar las reglas de explotación y que éstas fueran más restrictivas, incluso, que las vigentes en la actualidad».
«El objetivo es mantener el Trasvase como está desde 2014, con el acuerdo de seis comunidades autónomas en torno a las normas que establecía la Ley del Memorándum», sostienen por su parte desde el Gobierno regional, que confirma que López Miras será el encargado de defender el martes la proposición de ley. El Ejecutivo del PP remarca que, ante posibles cambios en el articulado de la ley, se opondrán a cualquier modificación que endurezca la regulación del acueducto y señalan a la bancada socialista para apuntar que, de producirse en ese sentido, sólo podría ser con el apoyo de este grupo.
El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, al término del Consejo de Gobierno este jueves ha incidido en la necesidad de retomar ahora ese acuerdo de hace más de una década. Respecto a la posibilidad de que la propuesta del PP se le vuelva en contra a los de Alberto Núñez Feijóo si otros grupos optan por presentar enmiendas en el Congreso, Ortuño ha subrayado que "la única forma de que se endurezcan las condiciones de los trasvases es que el Partido Socialista lo aplique".
Mientras tanto, desde el PSRM-PSOE califican de «irresponsable» que el PP pretenda debatir esta iniciativa en el Congreso en un momento en el que el Ministerio para la Transición Ecológica está ultimando las nuevas normas. Explican también que «uno de los objetivos del secretario general del PSOE, Francisco Lucas, en sus contactos con la dirección federal del PSOE y con el Miteco, es evitar, por todos los medios, que la modificación de las reglas del trasvase llegue al Congreso de los Diputados». Fuentes de este partido aclaran que tampoco apoyarán ninguna enmienda endurezca la regulación del acueducto.
No es la primera vez que un texto que eleva la Asamblea al Congreso se enfrenta a una encrucijada parecida. Después de años para conseguir un acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía, su tramitación en el Congreso fue retirada por el PP en diciembre de 2021 ante el anuncio de PSOE y Podemos de presentas diferentes enmiendas a su articulado durante su tramitación (estos grupos querían regular la figura del «diputado no adscrito» para evitar episodios de transfuguismo). La justificación que dio en ese momento el portavoz popular Joaquín Segado es que querían impedir «que las decisiones que afecten a la Región de Murcia las tomen Bildu o ERC».
La proposición legislativa fue impulsada en un momento también de oposición frontal al Real Decreto 35/2023, en el que se revisaba la planificación hidrológica de diferentes demarcaciones, entre ellas la del Tajo, elevando los caudales ecológicos y haciendo necesario, por tanto, modificar las normas de explotación del acueducto.
Según el texto aprobado por la Asamblea, la pretensión de blindar el Trasvase se conseguiría «asegurando el respeto y validez de las determinaciones que sobre reglas de explotación, predicción de aportaciones mensuales, valores mensuales de los consumos de referencia de las aguas trasvasadas y desembalses de referencia dispone el Real Decreto 773/2014. En él, se aprueban diversas normas reguladores del trasvase por el acueducto Tajo-Segura, como los referentes a niveles y caudales a desembalsar. Entienden que ese decreto «fija valores y criterios para una planificación hidrológica objetiva, transparente y eficaz».
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, puso este jueves el acento en que la propuesta de la Asamblea Regional que se llevará el próximo martes al Congreso de los Diputados para su toma en consideración puede «echar para atrás la planificación hidrológica del Tajo», ya que tiene rango de proposición de ley. Esto bloquearía la reforma de las reglas de explotación del Trasvase que está preparando el Ministerio para la Transición Ecológica, y se impondrían las normas originales que se aprobaron en 2014. «En una situación tan sumamente complicadísima» para el Trasvase y el futuro de los regantes, «el miedo lo hemos perdido ya», apuntó Jiménez a este periódico.
La votación, eso sí, conlleva la apertura de un debate parlamentario en Madrid que celebra el sindicato. Las posiciones de cada partido se podrán conocer, y la mayoría, si no todos, harán su análisis sobre la propuesta que el Ministerio tiene para el acueducto los próximos años, conforme suban los caudales mínimos en el Tajo. También se podrán aportar enmiendas. «Con miedo y en la cárcel no se puede estar», advirtió Jiménez, que volvió a emplear una expresión a la que recurre mucho en los últimos tiempos: «Esto es la crónica de una muerte anunciada».
En 2026, de modificar el Ministerio el volumen mínimo de reservas en la cabecera del Tajo para que el Trasvase entre en nivel 4 y se cierre, el Congreso deberá refrendarlo porque habrá que modificar la ley básica del acueducto. Pero los regantes ven en la votación del martes una primera foto de qué diputados, incluidos los del PSOE murciano, votarán en un sentido u otro. Los parlamentarios del PP de Castilla-La Mancha también tendrán que retratarse.
El Scrats celebró este jueves una Junta de Gobierno: «Poco tenemos ya que perder; si esto sigue así en 2028 no regamos. Qué más nos puede pasar». El sindicato ya está planificando movilizaciones y asambleas informativas entre sus comunidades de usuarios.
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