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Joaquín Gómez. LV
El Info impulsa tres acciones judiciales por el aval de 28,5 millones a Cofrusa

El Info impulsa tres acciones judiciales por el aval de 28,5 millones a Cofrusa

El Instituto de Fomento garantizó hace una década los préstamos a 21 empresas de la Región, de los que dos han resultado fallidos

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Martes, 23 de julio 2019, 02:27

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El Instituto de Fomento (Info) mantiene tres vías judiciales abiertas para tratar de evitar graves perjuicios a las arcas públicas regionales como consecuencia del aval, por importe de 28,5 millones de euros, que hace una década otorgó al entonces propietario de Cofrusa, Joaquín Navarro Salinas, bajo el compromiso de que este iba a tratar de evitar la quiebra del grupo integrado por Halcón Foods y Conservas Fernández. Un plan que resultó fallido, ya que el industrial supuestamente desvió parte de los fondos para su beneficio personal y las empresas conserveras acabaron en concurso. Como 'La Verdad' desveló este domingo, la juez ha acusado formalmente al empresario Navarro Salinas de un delito de estafa y pretende llevarlo a juicio, que es algo que ocurrirá si, como es previsible, el Ministerio Público o las acusaciones particulares, ejercidas por UGT y el Info, acaban formulando cargos contra el mismo.

Este procedimiento penal es una de las tres vías que el Instituto de Fomento, dependiente de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, tiene abiertos en los juzgados para tratar de evitar consecuencias económicas para la Administración regional.

El director del Info, Joaquín Gómez, recordó ayer a este periódico que la querella que dio origen a estas diligencias «es la única actuación penal que se ha impulsado desde la Comunidad Autónoma», lo que da una idea de la gravedad del asunto y de la trascendencia que se le otorga desde el Gobierno murciano.

En la actualidad, el crédito vivo que está respaldado por la Comunidad se eleva a unos 34 millones

Además se ha iniciado un pleito de carácter civil contra el beneficiario del aval, con el objetivo de tratar de conseguir que la Justicia anule esa garantía. El argumento es que el industrial Navarro Salinas incumplió gravemente las condiciones en las que se otorgó ese aval, lo que habría provocado un «error de consentimiento» por parte de la Administración regional.

La tercera vía consiste en haberse personado en los concursos de acreedores que se están viendo por parte de un juzgado de lo Mercantil de Murcia, en relación a las quiebras de las conserveras Cofrusa, Halcón Foods y Conservas Fernández, que no han podido ser reflotadas hasta el momento.

Una práctica extinta

El director del Info explicó que ese aval otorgado a Joaquín Navarro Salinas, que le permitió obtener un crédito mancomunado de varias entidades bancarias por importe de 35,6 millones, responde a una política que se desarrolló en torno a los años 2009 y 2010, en la época más dura de la crisis económica, para tratar de evitar que algunas grandes compañías regionales se fueran a pique. En aquellos tiempos, la Administración regional concedió garantías de las que se beneficiaron 29 mercantiles de la Región, por un importe total de 59 millones de euros. De todo ello queda actualmente un crédito vivo que, en el peor de los casos, podría alcanzar los 34 millones de euros. La parte más relevante corresponde a los mencionados 28,5 millones del aval a Cofrusa, que constituyen el 80% de ese crédito vivo.

Joaquín Gómez señaló que, a excepción de lo ocurrido con el grupo conservero y con otra sociedad, por la que se ejecutó el aval de 400.000 euros prestado por el Info y cuya recuperación se adivina más que complicada, el resto de estas iniciativas ha ofrecido un resultado bastante positivo. En algunos casos, los créditos obtenidos merced al aval del Info han permitido salvar la compañía y, con ello, decenas o cientos de puestos de trabajo, señaló. «Ha podido existir algún problema puntual, como retrasos en los pagos de las cuotas pendientes, pero las empresas han acabado poniéndose al día en la mayor parte de los casos».

En la actualidad, la Comunidad no podría otorgar ya este tipo de avales a sociedades privadas, pues la legislación que lo autorizaba acabó siendo derogada.

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