Impulso a otra pieza de 'Púnica' que cerca a Alonso por más lavados de imagen

Alonso está ya procesado desde hace cuatro años por sus contratos con la Diputación de León e, igualmente, por los trabajos de mejora de la imagen personal que supuestamente se concertaron con quien fue consejero de Industria y Turismo en Murcia, Juan Carlos Ruiz, y que iban a ser abonados, en apariencia, con cargo a las arcas de la Comunidad.

El nexo común de estas piezas, como ocurre también con la 'número 10', es la consideración, tanto por parte del magistrado instructor como de la Fiscalía, de que relevantes cargos públicos aceptaron las ofertas de Alonso y De Pedro para que sus empresas se dedicaran a mejorar su imagen particular en las redes sociales y en internet, pero con cargo a las arcas de los organismos que regían. Estos supuestos hechos, que indiciariamente serían constitutivos de delitos de fraude, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y prevaricación, se habrían extendido igualmente a quienes fueron alcaldes de los municipios madrileños de Coslada, Valdemoro, Majadahonda y Alcobendas; de Gandía (Valencia) y Denia (Alicante), de Castellón de la Plana y de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en los tiempos en que la popular Lucía Figar fue la titular de ese organismo.

Igualmente, la 'Pieza separada número 10' analiza los planes de Alonso y De Pedro para extender los negocios de lavado de reputación a autoridades de varios países de Centroamérica y Suramérica, como Panamá, México, Costa Rica y Guatemala. Con ese propósito iban a montar la sociedad Yanga, en la que presuntamente iba a participar de manera encubierta otro de los más destacados encausados de la 'trama Púnica', el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.

A petición de las fiscales anticorrupción María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, que han reclamado que se le dé un fuerte impulso a esta causa para evitar su enquistamiento, el magistrado García Castellón ha dictado un auto resumiendo el estado de la causa y las imputaciones que siguen vigentes. A la vez, ha procedido a citar como investigadas a personas que todavía no habían sido llamadas al proceso, como los antiguos alcaldes de Denia, Ana María Kringe; Castellón de la Plana, Juan Alfonso Bataller; Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa Gardoqui; y Majadahonda, Narciso de Foxa, así como a un amplio grupo de concejales y asesores de los cargos citados.

Igualmente, el instructor ha reclamado a las Cortes Valencianas que certifique si Víctor Soler Beneyto, exalcalde de Gandía, es actualmente diputado regional. De ser así, García Castellón pretende remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para reclamar su imputación.

Todos ellos son sospechosos de haber aceptado las propuestas presuntamente ilícitas de De Pedro y Alonso para trabajar en la mejora de su imagen personal y que este servicio se pagara con dinero público.