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El ansiado acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida que mantienen los letrados de la administración de justicia (LAJ) tampoco llegó este viernes. La reunión mantenida entre el Ministerio y el comité de huelga concluyó, tras cerca de 90 minutos de diálogo, con una nueva cita, tal como informaron las organizaciones convocantes del paro. Será el próximo lunes, a las 16 horas, cuando las partes implicadas vuelvan a sentarse para tratar de avanzar en las negociaciones y alcanzar un pacto que ponga fin a un conflicto que mantiene prácticamente bloqueados los juzgados.
La continuación de la huelga de los LAJ conllevará que numerosas actuaciones judiciales sigan aplazándose en todo el país. En la Región más de 6.300 actuaciones judiciales se han visto postergadas desde el pasado 24 de enero, cuando arrancó este paro, según los últimos datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). A esas cifras se añade cerca de un millar de actuaciones que, sostienen los convocantes, se habrían aplazado en los últimos días.
El seguimiento del paro tendrá, además, otra consecuencia de calado. La Audiencia Provincial no podrá, por el momento, iniciar el juicio por el 'caso Novo Carthago', que el tribunal tenía previsto arrancar este lunes después de 17 años de investigaciones. La letrada de la administración de justicia ya informó este viernes a las partes, en una diligencia de ordenación, de su intención de ejercer su derecho de huelga los tres días de la próxima semana en los que se habían fijado sesiones de este macrojuicio -27 y 28 de febrero y 1 de marzo-. La sesión del lunes, por tanto, no se podrá llevar a cabo y el tribunal deberá dejar en el aire el resto de señalamientos a la espera de conocer si el Ministerio y los LAJ alcanzan un acuerdo que ponga fin a la huelga.
El fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, no escondió esta semana su preocupación por el aplazamiento de este macro juicio, que ya se veía venir. Advirtió de la actual saturación de las agendas judiciales en la Región y de que la búsqueda de un nuevo señalamiento podría aplazar la causa hasta el año 2026. Con este horizonte temporal, reconoció Díaz Manzanera, se abriría la puerta al reconocimiento de la dilación del procedimiento y a que los procesados obtuvieran rebajas en sus condenas.
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