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Un hombre que padecía una enfermedad incurable no especificada se ha convertido en el primer paciente en acogerse a la Ley de Eutanasia en la Región de Murcia. Según explican fuentes sanitarias a LA VERDAD, el enfermo falleció en septiembre en su domicilio, asistido por sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS). La Comisión de Garantías, encargada de velar por la correcta aplicación de la norma, había autorizado previamente su solicitud. La Consejería de Salud confirma el caso, aunque no ha facilitado más datos, aduciendo que se trata de información confidencial. Este departamento también informa de una segunda solicitud que todavía no está resuelta.
La Región de Murcia se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas en aplicar la Ley de Eutanasia, que entró en vigor a finales de junio. Hasta la fecha han trascendido casos en Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Una de las primeras pacientes en acogerse a la eutanasia fue una mujer de Alicante aquejada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Asimismo, en territorios como Canarias, Castilla y León y Castilla La-Mancha hay solicitudes en trámite, según han publicado medios de comunicación regionales.
¿En qué supuestos se puede recurrir a la eutanasia? Pueden solicitarla quienes sufran «una enfermedad grave e incurable» o «una enfermedad grave, crónica e imposibilitante» que provoca un padecimiento «que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios». Para acogerse a la eutanasia es necesario ser mayor de edad.
¿Cuáles son los pasos previos a la autorización? El paciente debe solicitarlo a su médico por escrito. A los quince días, tendrá que reiterar la solicitud. El facultativo le informará de su situación, de los cuidados paliativos a su alcance y de las alternativas terapéuticas. Si la petición se mantiene, otro médico 'consultor', especialista en la patología que sufre el paciente, estudiará el caso. Si da el visto bueno, pasa entonces a la Comisión Regional de Garantía y Evaluación, que se encargará de dar la autorización final.
Comisión de Garantías Está formada por médicos, enfermeros, juristas y una farmacéutica hospitalaria. Todas las solicitudes deben pasar por este órgano, que verificará que se cumplen todas las garantías. Además, la comisión se encarga de la supervisión de los protocolos regionales y evalúa su correcto funcionamiento.
Esto contrasta con la situación en Andalucía y Madrid, donde ni siquiera se ha constituido todavía la Comisión de Garantías. En Madrid, una mujer que sufría una enfermedad crónica osteomuscular incurable terminó suicidándose en un hotel el 19 de septiembre, tras esperar meses la resolución de su solicitud, según contó 'El País'.
Frente a estas situaciones, Murcia destaca por la rapidez con la que creó la Comisión de Garantías. Solo otras cinco comunidades constituyeron este órgano a tiempo, cumpliendo con los plazos marcados por la ley. Ahora, se convierte también en una de las primeras regiones en llevar a término una solicitud de eutanasia. «El proceso ha sido muy fluido, se han seguido todos los pasos marcados en la norma y todo se ha desarrollado conforme a los protocolos y la ley», explican fuentes sanitarias. El caso, en este sentido, se ajustaba con claridad a los supuestos establecidos: sufrir «una enfermedad grave e incurable» o «una enfermedad grave, crónica e imposibilitante» que provoca un padecimiento «que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios».
El temor de algunas asociaciones a retrasos u obstáculos en la aplicación de la ley en la Región no se ha visto, de momento, cumplido, pese a que el nombramiento de algunos expertos contrarios a la eutanasia en la Comisión de Garantías levantó suspicacias.
La Consejería se mostró muy crítica con los plazos de la norma, que consideró precipitados, ya que obligaban a desarrollar los reglamentos y protocolos, así como la propia comisión, en apenas seis meses. Sin embargo, todo este trabajo se llevó a cabo, y al frente de este órgano de evaluación y garantías se puso a José Manuel Allegue, jefe de servicio de la UCI del Santa Lucía y ex director gerente del SMS. En una entrevista concedida a LA VERDAD este verano, Allegue se mostró crítico con la ley, por considerarla «inoportuna», ya que «viene en un momento muy malo, con la Covid», pero se comprometió a su puesta en marcha. «Estamos en condiciones de aplicar la norma», subrayó.
De hecho y en contraposición a los problemas que se están produciendo en Madrid, la Región ha optado por una fórmula novedosa, con la creación de equipos especializados formados por médicos, enfermeros y trabajadores sociales que asumirán la atención a los solicitantes de eutanasia cuando el médico del paciente se declare objetor.
La Ley de Eutanasia establece un proceso «muy garantista» con supuestos «bien definidos», destacó Allegue. El paciente que quiera acogerse a la eutanasia debe dirigirse por escrito a su médico. A los quince días, deberá ratificar su petición. El médico le informará de las alternativas a su disposición, como los cuidados paliativos, y, si la solicitud se mantiene, un segundo facultativo revisará el caso en calidad de 'consultor' y emitirá un informe. Si da el visto bueno, la petición pasa a la Comisión de Garantías y Evaluación, que se encarga de la autorización final. Si el 'consultor' rechaza la eutanasia, el paciente puede recurrir a la Comisión.
El primer paciente en acogerse a la eutanasia en la Región de Murcia estuvo acompañado en todo momento por su médico, que no se acogió a la objeción de conciencia, según explican fuentes sanitarias consultadas por LA VERDAD. Tampoco objetó el facultativo 'consultor', encargado de revisar el caso antes de su remisión a la Comisión de Garantías y Evaluación.
En cumplimiento de la ley, la Consejería de Salud ha diseñado un registro de objetores, al que de manera confidencial pueden dirigirse todos aquellos profesionales que no quieran participar en procesos de eutanasia. La norma es rechazada por un sector de la profesión médica, pero lo cierto es que en el primer caso registrado en la Región no ha habido renuncias por objeción. El proceso se ha desarrollado en los plazos previstos y sin incidencias, señalan fuentes sanitarias.
En todo caso, la Consejería está creando equipos especializados para atender a aquellos pacientes que no encuentren médicos dispuestos a acompañarles en el proceso. Estos equipos estarán formados por tres médicos –uno de ellos psiquiatra, a ser posible–, tres enfermeros y dos trabajadores sociales.
Todavía es una incógnita el impacto que tendrá la ley en la Región y en España. La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) prevé que en su primer año completo de vigencia, en 2022, las peticiones de ayuda ascenderán a unas 4.000 en todo el país. De momento, sin embargo, solo se han presentado dos solicitudes en la Región, según el dato facilitado por la Consejería. En el conjunto del país han trascendido unas veinte peticiones.
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