Una guerra a corazón abierto en La Arrixaca

Sergio Cánovas, junto a otros cirujanos y miembros del equipo, durante una intervención. / v. vicéns / agm
Sergio Cánovas, junto a otros cirujanos y miembros del equipo, durante una intervención. / v. vicéns / agm

El enfrentamiento entre dos médicos suspendidos cautelarmente por supuestas faltas muy graves y el jefe de Cirugía Cardíaca de La Arrixaca termina en Fiscalía

Javier Pérez Parra
JAVIER PÉREZ PARRA

A mediados de 2013, el servicio de Cirugía Cardíaca de La Arrixaca atravesaba una etapa de cierto estancamiento. Ramón Arcas, toda una referencia y padre del programa de trasplante cardíaco en la Región, había dejado la jefatura por jubilación, y aunque el equipo contaba con grandes profesionales, la gerencia del hospital optó por buscar savia nueva. Pascual Parrilla, una autoridad indiscutible en la ciudad sanitaria, tuvo mucho que ver con aquella decisión, convencido de que se necesitaba un revulsivo para impedir que el hospital se quedase atrás mientras en Madrid, Barcelona o Valencia las nuevas técnicas revolucionaban los quirófanos, con tasas de éxito sensiblemente superiores a las que se registraban en Murcia.

Así que, en el mes de mayo, desembarcó en La Arrixaca un joven y prometedor cirujano, Sergio Cánovas, llegado del Hospital General de Valencia. No puede decirse que el recibimiento a este experto en cirugía mínimamente invasiva fuese entusiasta. En el servicio se apostaba por Francisco Gutiérrez, un brillante profesional que ahora ejerce de mano derecha de Cánovas como jefe de sección. El Sindicato Médico, por su parte, cargó contra la fórmula elegida para su nombramiento, una comisión de servicios, aunque no se trataba de ninguna excepción: el Servicio Murciano de Salud llevaba una década usando esta vía para sortear los concursos de méritos.

Pese a la fría acogida, Cánovas se ganó pronto a su equipo, y no porque no fuese exigente. En pocos meses, La Arrixaca había puesto en marcha programas de cirugía mínimamente invasiva para operar válvulas cardíacas, evitando operaciones a corazón abierto. Después llegaría el relanzamiento del programa de trasplante cardíaco, que había estado paralizado y que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) planeó suspender por este motivo. También comenzaron a utilizarse los dispositivos de asistencia cardíaca ( conocidos como 'corazón artificial') de última generación y, en 2016, el hospital se convirtió en el primero de España en realizar un triple baipás por cirugía mínimamente invasiva. Los indicadores generales del servicio, desde los reingresos a la mortalidad, mejoraron rápidamente.

Las enfermeras advirtieron de que «no realizan revisiones de los pacientes citados» ni acudían en las guardias cuando se les llamaba

Pero estos éxitos tenían una cara b: las cada vez más abultadas listas de espera. Cánovas apretó el acelerador y la actividad quirúrgica aumentó fruto de las nuevas técnicas e indicaciones, hasta que en 2015 se encontró con dos obstáculos infranqueables: el colapso estructural de la UCI por la escasez de camas y la insuficiente disponibilidad de quirófanos. El resultado, unas demoras «inaceptables», como las calificó el propio jefe de servicio en informes internos que envió una y otra vez a la Gerencia, exigiendo una solución. En uno de estos informes, cuyo contenido desveló 'La Verdad' a principios de este mes, Sergio Cánovas denunció ante sus superiores el fallecimiento de ocho pacientes que esperaban su turno para entrar al quirófano. Todo porque la UCI seguía tan colapsada que solo en 2016 se llegaron a suspender 84 intervenciones de Cirugía Cardíaca. Después de esta queja, la Gerencia tardó todavía año y medio en ampliar de forma provisional Cuidados Intensivos, con ocho camas.

Un aluvión de denuncias

Para entonces, el nuevo jefe del servicio ya contaba con un equipo compacto, salvo dos excepciones: los cirujanos José María Parra y Víctor Ray, que empezaron a mostrar su malestar. Cánovas había acabado con el sistema anterior a su llegada -un reparto equitativo del trabajo- para primar la superespecialización, con una designación de tareas en función de los resultados y habilidades de cada cirujano. Los dos médicos vieron reducido el número de intervenciones y se les asignaron procesos menos complejos.

El enfrentamiento entre los cirujanos y su jefe fue tomando un cariz cada vez más agrio, hasta desembocar en una cascada de denuncias. Parra y Ray acusaron a Cánovas de acoso laboral, denunciaron que trabajaba de forma irregular en una clínica privada y llevaron a los tribunales su nombramiento en 2013 por comisión de servicios, al entender que esta fórmula no puede ser utilizada por el personal laboral, como era el caso de Cánovas. Además, Víctor Ray le disputó sin éxito la jefatura en el concurso de méritos convocado por el SMS en 2017.

Los profesionales del servicio pidieron que no se les programasen operaciones con los doctores Ray y Parra «por seguridad de los pacientes»

El último capítulo es la presentación en Fiscalía de una denuncia contra Cánovas, los responsables del hospital y el director gerente del SMS, Asensio López, por el fallecimiento de 13 pacientes mientras permanecían en lista de espera. La noticia fue adelantada esta semana por Onda Cero. Según los denunciantes, en todos estos casos los pacientes habían superado los tiempos de espera recomendados por la Sociedad Española de Cardiología.

Inspección abierta

El SMS no solo ha desestimado hasta la fecha todas y cada una de las reclamaciones y denuncias contra Cánovas, que siguen su camino por la vía judicial, sino que terminó por abrir expediente por faltas muy graves a Ray y Parra. Los hechos recopilados por el inspector médico que instruye este expediente son de tal calibre que los dos cirujanos han sido suspendidos cautelarmente de sus funciones a petición del servicio de Inspección de Centros, algo completamente inusual en la administración pública. La suspensión se ha levantado en el caso de José María Parra a raíz de la renuncia a su contrato eventual en La Arrixaca.

Los dos cirujanos llevan a Cánovas al fiscal por las muertes de enfermos en lista de espera, pese a que fue él quien lo denunció ante sus superiores

Todo empezó con la presentación de sendas denuncias internas de Víctor Ray y José María Parra contra Sergio Cánovas por supuesto acoso laboral. Tras analizar el caso, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del SMS no solo concluyó que no había evidencia alguna de acoso hacia los dos cirujanos, sino que recomendó que se les investigase a ellos, los denunciantes, por «diversos hechos y circunstancias» que «podrían constituir algún tipo de falta».

Víctor Ray aseguró al servicio de Prevención que Cánovas le había apartado «caprichosamente» y «maliciosamente» de las intervenciones que realizaba hasta su llegada, pero los inspectores se encontraron con un demoledor informe del jefe de servicio en el que justificaba dicha decisión por los resultados del cirujano. Según las cifras que aportó, la tasa de mortalidad entre sus pacientes era casi nueve puntos superior a la media de sus compañeros. En algunos años, el porcentaje de fallecimientos habría superado el 20%. Cánovas censuraba su «tolerancia habitual a la mortalidad excesiva» y la «baja calidad del tratamiento», además de su «total negativa a llevar a cabo una actualización profesional de ningún tipo». Ray, según aseguraba el jefe del servicio, ya había sido apartado de la cirugía coronaria antes de su llegada, algo que el cirujano niega. Cánovas explicó que decidió apartarlo de nuevo de procedimientos complejos ante su «incapacidad a la hora de reparar la válvula mitral». Finalmente, fue derivado a la implantación de marcapasos, con resultados satisfactorios.

Ray también habría incurrido en supuesta falta grave al no estar en La Arrixaca cuando fue requerido para atender a pacientes durante al menos dos guardias que eran presenciales. Así lo advirtió en uno de los casos el jefe de la guardia y en otro la dirección médica. El cirujano asegura que, en uno de los casos, estaba «comiendo un sándwich en la cafetería».

Un puente en lugar de tres

Con respecto a José María Parra, el informe apunta no ya a una mortalidad excesiva, sino a «su negativa constante» a adaptarse a las nuevas técnicas y procedimientos. En concreto, el jefe de servicio lamentaba «su reiterada actitud» de «realizar un único puente coronario a enfermos que precisaban al menos tres puentes». Unos ocho pacientes habrían sido sometidos a revascularizaciones incompletas por decisión unilateral del cirujano, según el informe, con serio riesgo para el pronóstico de los enfermos. Algunos tuvieron que ser reintervenidos, según apuntó Cánovas al servicio de Prevención, con consecuencias muy graves.

Además, el doctor Parra habría dejado de realizar, sin justificación, intervenciones programadas que le habían sido asignadas, según aseguró el jefe del servicio a los inspectores. En entrevistas anónimas, otros médicos adjuntos corroboraron esta acusación.

Prevención no se basó únicamente en las apreciaciones de Sergio Cánovas para sus conclusiones. Los inspectores se encontraron con que las doce enfermeras del servicio y todos los médicos adjuntos, salvo Ray y Parra, coincidían. El malestar con la actuación de estos dos médicos es generalizado en La Arrixaca.

Las doce enfermeras firmaron, en abril de 2018, un escrito ante la Gerencia en el que denunciaban la actitud de estos cirujanos. «Puede constatarse de forma objetiva que, en días laborables, nunca atienden a ningún paciente, aunque no estén en el quirófano y estén disponibles; independientemente de si el requerimiento es por una situación de urgencia». Al parecer, solo respondían cuando se lo indicaba «de forma directa» la supervisora. «Resulta también inadmisible que, además, no realicen ninguna de las revisiones de los pacientes citados tras el alta precoz, a pesar de la continua demanda de la responsable del área», continuaba el escrito. Más aún, «durante el periodo en el que se encuentran como cirujanos de guardia, nunca pasan por la unidad para valorar la situación de los pacientes más graves y, ante la llamada de los profesionales de la Enfermería, solo actúan con órdenes telefónicas, sin acudir a la valoración de los enfermos». Además, «nunca reflejan nada del cambio de tratamiento en los sistemas informáticos establecidos a tal efecto. El argumento es su falta de manejo del programa». Los pacientes «que son trasladados desde la UCI a planta de hospitalización no son evaluados nunca por dichos cirujanos. Su actitud siempre es de ausencia de atención médica». La situación, resumían las enfermeras, «es insostenible» y supone «un maltrato al personal».

«Firmado de forma masiva»

El equipo de Prevención apunta a lo «relevante» e «inusual» de este documento, firmado «de forma masiva por los profesionales» y corroborado en las entrevistas anónimas. De la misma forma, seis de los nueve cirujanos del servicio (todos salvo Cánovas y los dos denunciantes) presentaron en octubre de 2018 otro escrito en el que solicitaban «que, por la propia seguridad de los pacientes y de nuestra propia salud y tranquilidad profesional, no se nos programe actividad con estos dos cirujanos». Los médicos advertían de «la tensión que venimos acumulando y soportando desde hace años al tener que asumir la falta de implicación de dos facultativos». Los médicos hablan de «denuncias falsas» por parte de estos cirujanos, «en las que se presentan como víctimas de una situación que entendemos es producto de su propia falta de profesionalidad».

«Todas las reuniones y conversaciones que hemos podido mantener con ellos en conjunto o aisladamente para reconducir la situación han resultado infructuosas», señalaron. «La crispación que los señores Parra y Ray han producido y producen en el servicio sobrepasa los límites de lo soportable en el día a día», hasta el punto de estar «conduciendo a una situación de desgaste que puede condicionar una pérdida real de calidad asistencial y de incremento de riesgo para los pacientes», advirtieron. La situación, desde entonces, ha degenerado todavía más si cabe, hasta llegar al despacho del fiscal.

«Han abierto una causa general contra nosotros»

En un comunicado, Víctor Glenn Ray y José María Parra niegan todas las acusaciones y aseguran que su caso «se ha convertido en una causa general con la que el SMS quiere dar un escarmiento y sembrar el terror entre los profesionales médicos para que nadie se atreva a denunciar lo que ve». En este sentido, aseguran que algunos de los profesionales que firmaron escritos en su contra lo hicieron «por temor a ser también represaliados». Según su versión, uno de los médicos dijo que «podría haber dicho que no, pero entonces habría sido el siguiente». Ray y Parra insisten en que se vieron obligados a interponer «una querella criminal contra los responsables del SMS, de La Arrixaca y del propio jefe del servicio que está en fase de instrucción en los tribunales». Una denuncia «por el trato humillante sufrido, que fue ampliada con las manifestaciones de otros cirujanos del servicio que han reconocido en privado que no tienen ningún problema» con los expedientados. Sin embargo, en las entrevistas anónimas con el servicio de Prevención del SMS ninguno de estos médicos salió en defensa de Ray y Parra, o los inspectores no lo hicieron constar. Sus firmas aparecen, además, en los documentos que hoy desvela 'La Verdad'.

Ray y Parra insisten también en que algunas enfermeras firmaron «por solidaridad». Los dos médicos lamentan «que el SMS no haya querido investigar el nombramiento ilegal y arbitrario de Sergio Cánovas» y concluyen que, «cuando se transita la ilegalidad, el compañero de viaje es el autoritarismo». Los dos cirujanos acusan a Cánovas de «negligente gestión en las listas de espera» y de «haber alterado el orden temporal de llamada de los pacientes», priorizando casos «menos graves».