El Grupo Popular asume una parte de la labor legislativa del Ejecutivo
El PP, solo o en colaboración con sus socios parlamentarios, ha registrado este año una decena de proposiciones de ley en la Cámara
El Gobierno regional no ha cumplido con lo programado en el Plan Normativo de 2022, pero cuando ha necesitado legislar ha recurrido preferentemente al ... decreto ley o a las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular. La principal diferencia de estas dos vías, en comparación con los proyectos de ley del Ejecutivo, es que los plazos de tramitación para que entre en vigor la norma son más cortos. Las iniciativas del grupo parlamentario, además, evitan tener que pasar por el control de los Consejos Jurídico y Económico y Social.
Durante el presente ejercicio, el Gobierno regional ha recurrido hasta en seis ocasiones a la figura del decreto ley, según los datos del registro de la Cámara: dos con medidas excepcionales a raíz de la guerra de Ucrania, otro sobre el régimen sancionador de espectáculos públicos, que después fue derogado, otro más para ajustar la tarifa autonómica del IRPF para mitigar los efectos de la inflación, para avanzar en la simplificación administrativa y para regular la quema de podas agrícolas.
El Grupo Parlamentario del PP que dirige Joaquín Segado ha presentado, en colaboración con el Gobierno regional, una decena proposiciones de ley en la Asamblea, referidas a la modificación de la ley de Cámaras, la gestión de restos vegetales, la atención temprana, el incremento del precio de las plazas sociales concertadas y otra sobre la autonomía financiera, que fue retirada al poco de presentarla por el informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Cámara. Además, ha visto cómo salían adelante algunas de las proposiciones presentadas en años anteriores, como la ley regional de mecenazgo.
Más transparencia
El Ejecutivo podía haber optado, ante la necesidad de tramitar nuevas leyes, por la ampliación del Plan Anual Normativo, cuya aprobación viene recogida en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Pero ha preferido la rápida entrada en vigor que permite el decreto ley o bien la mayor agilidad en su tramitación parlamentaria de las proposiciones de ley del PP.
Por su parte, los planes normativos, según se recoge en la introducción de este documento, aportan «una mayor transparencia al dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas que se prevén aprobar en el año natural», y también favorecen la «racionalización de la actividad normativa, a través de la reflexión que impone la planificación y la posterior evaluación del cumplimiento de esa planificación».
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