Greenpeace exige soluciones un año después de la mortandad de peces en la laguna

Un año después de que tres toneladas de peces aparecieran muertos en la orilla de la zona norte del Mar Menor, Greenpeace denuncia que siguen «sin darse pasos» en la búsqueda de culpables directos de esta catástrofe medioambiental. Se muestra preocupada por la falta de soluciones al estado actual y lucha porque se juzgue el suceso en los tribunales como «ecocidio».

La ONG se ha unido a la recién constituida plataforma Banderas Negras-Mar Menor Vivo, para intentar sumar iniciativas que pongan freno a los problemas, tan enquistados ya, que está sufriendo este ecosistema. Los colectivos reunidos en la plataforma han convocado un acto el próximo lunes, 12 de octubre, aniversario de la mortalidad masiva de los peces, en memoria del episodio y en defensa del Mar Menor a las 12.00 horas en la Playa de Villananitos en San Pedro del Pinatar.

El Gobierno regional atribuyó el suceso del año pasado a los 60 hectómetros cúbicos de agua y sedimentos que la gota fría ocurrida en septiembre de 2019 depositó sobre el Mar Menor. Sin embargo, las organizaciones medioambientales defienden que «este desastre se debe al vertido constante de nitratos, proveniente de los abonos químicos, que las explotaciones agroindustriales que circundan el Mar Menor vienen haciendo a lo largo de las últimas décadas».

Greenpeace decidió personarse en marzo junto a las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción como acusación popular en la causa judicial que ya se había iniciado en diciembre de 2017, como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía de medio ambiente, el conocido como 'caso Topillo'.

La eutrofización ha tenido dos episodios dramáticos: la 'sopa verde' o boom fitoplanctónico del año 2016, en el que murió el 85% de la pradera submarina por la falta de luz, y la muerte masiva de fauna marina de la que se cumple ahora un año. Estos hechos permiten hablar de un posible delito de «ecocidio» o asesinato del ecosistema entero y abogar por una tipificación expresa de dicho delito, sostiene Greenpeace.