Greenpeace: «El ecocidio del Mar Menor no habría sido posible sin la tolerancia de la Administración»
La organización ecologista, que actúa como acusación en el 'caso Topillo', aprecia una «estrategia común» de los agricultores en la instalación de desaladoras ilegales
La catastrófica degradación ambiental del Mar Menor en las últimas décadas, que ha acabado conduciendo a este ecosistema a una situación irreversible, «no puede entenderse ... sin la paralela tolerancia u omisión del deber de control por parte de las autoridades públicas de la Consejería de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)». Este es uno de los principales argumentos que la organización ecologista Greenpeace esgrime en un escrito, remitido estos días al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, con el que se opone a la pretensión de la mayor parte de las defensas del llamado 'caso Topillo' de tumbar el auto de procesamiento dictado, el pasado diciembre, contra medio centenar de supuestos responsables de ese atentado contra el medio ambiente.
Frente a la reiterada pretensión de los abogados defensores de que cada uno de los supuestos casos de contaminación por parte de explotaciones agrícolas sea enjuiciado de manera separa, y no en una macrocausa común -como previsiblemente acabará ocurriendo-, Greenpeace, que está personado en este procedimiento como acusación popular, aduce que existen evidentes puntos de conexión entre todas esas conductas presuntamente delictivas que dieron lugar al «ecocodio» y que justifican que se hayan investigado de manera conjunta. Uno de esos nexos estaría constituido, a juicio de la organización ecologista, por esa supuesta actuación omisiva de la Administración en su conjunto, tanto de la regional, a través de la Consejería de Agricultura y de quien fue su responsable durante largos años, el encausado Antonio Cerdá, como de la estatal, con la CHS y los dos antiguos cargos que están procesados: la expresidenta Rosario Quesada y el excomisario de Aguas Manuel Aldeguer.
«Las conductas omisivas de las autoridades han sido condición necesaria para la realización de las conductas delictivas de los particulares (los agricultores investigados) y, por tanto, han facilitado su ejecución», señala Greenpeace. que se refiere en concreto a «la omisión del ejercicio de los deberes de vigilancia, inspección y persecución» del uso de cientos de plantas desalinizadoras clandestinas.
«Consignas y pautas comunes»
Es en este punto donde esta acusación privada aprecia otro aparente punto de conexión, al que se refiere como «una estrategia común, conocida por todos o casi todos los agricultores (de la comarca del Mar Menor) y sus asociaciones», que se habrían concertado para instalar desaladoras de manera ilegal en sus explotaciones agrícolas y obtener de esa forma los caudales que necesitaban para regar sus campos. «Se necesitaba como mínimo una información que circulaba entre todos ellos y consignas y pautas comunes, replicadas en muchas explotaciones», insiste.
Y concluye afirmando que «se trató de una estrategia compartida, si no de un concierto o conspiración entre los particulares investigados, todo ello ante la pasividad de las autoridades responsables». Por esta razón, considera que fue acertada la decisión del magistrado Ángel Garrote de concentrar toda esa investigación inicial en una pieza, la principal del 'caso Topillo', pues el asunto, «por su relevancia social y las dimensiones ecológicas del resultado, justifican un tratamiento procesal conjunto que garantice la más exquisita y profunda de las investigaciones».
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