Greenpeace alerta de que un nuevo «ladrillazo» acecha por los resquicios de la pandemia

Las reformas de legislación urbanística en diversas comunidades bajo el argumento de reactivar la economía, tras el confinamiento provocado por la Covid-19, abre la puerta a un nuevo «ladrillazo» que esquive los criterios ambientales, según varias ONG ecologistas consultadas.

Las organizaciones conservacionistas WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción critican que tras la crisis del coronavirus estos cambios efectuados en al menos nueve comunidades –Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, Región de Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid y Galicia– agilicen proyectos urbanísticos sin tener suficientemente en cuenta los criterios ambientales.

Greenpeace ha detectado que, desde el pasado abril, estas nueve comunidades autónomas (a quienes están transferidas las competencias de urbanismo) han hecho modificaciones en cuestiones de participación pública, excusándose en la necesidad de reactivar la economía tras el confinamiento.

«Están basando una supuesta recuperación económica en la urbanización, lo que nos llena de pena, ya que se están siguiendo los mismos criterios que nos condujeron a la gravísima crisis del 2008», explica la adjunta a la dirección de Programas de Greenpeace, María José Caballero.

Desde esta ONG busca apoyo parlamentario para interponer un recurso de inconstitucionalidad en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, aunque necesitan diputados o senadores para poder sacar adelante la demanda.