Gobierno, sindicatos y organizaciones sociales pactan aumentar los recursos de la Dependencia

Apenas a unas horas del inicio de la campaña electoral, Gobierno regional, sindicatos, empresarios y organizaciones sociales firmaron esta mañana en San Esteban el Pacto por la Dependencia 2019-2022, un documento mediante el cual el Ejecutivo se compromete a la revisión de los copagos y al aumento de los recursos destinados al sistema, aunque en algunos casos sin cifras concretas al respecto. CC OO, UGT, la patronal Croem y las principales federaciones de personas con discapacidad, representadas por Cermi, suscriben el pacto, al que también se suman las asociaciones que agrupan a las residencias y centros de día, así como la Federación de Municipios (FREMM). De la firma se descuelga, sin embargo, el Colegio de Trabajo Social, que valora las medidas incorporadas pero critica la falta de concreción. El Gobierno se compromete a incrementar el presupuesto para la Dependencia en seis millones de euros en 2020, 12 millones en 2021 y 18 en 2022.

El pacto incluye la elaboración de un Mapa de la Dependencia «para conocer las necesidades reales de las personas mayores y personas con discapacidad», lo que permitirá «adaptar los servicios a lo que realmente necesitan», destacó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Además, se ampliará el servicio de Ayuda a Domicilio a todos los municipios mediante convenios con la Comunidad (a día de hoy, los convenios solo cubren la mitad de los ayuntamientos y mancomunidades). Esta prestación se considera imprescindible para que «aquellos que quieran puedan permanecer en sus hogares», subrayó López Miras.

Entre las medidas concretas destaca la eliminación, en 2020, de la tasa de solicitud de valoración del grado de dependencia, de 10 euros. La Comunidad ingresa anualmente unos 90.000 euros por esta tasa. El Gobierno también se «se compromete a la reducción del copago del servicio de ayuda a domicilio durante el periodo de vigencia del presente pacto», pero no se concreta cuál será dicha disminución. Sí se recoge un incremento de 350.000 euros anuales en la partida destinada a este servicio. Con respecto al resto de copagos, el documento señala que «se revisarán de acuerdo a los incrementos presupuestarios anuales» sin que, de nuevo, se concrete ni la reducción de la aportación de los beneficiarios ni cuáles serán esas subidas presupuestarias. Se creará «un grupo de trabajo, con representación de los encargados de la tramitación de las diferentes prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia, que analice las situaciones de desajuste entre las características de dichas prestaciones y las situaciones de necesidad a que van dirigidas, así como los problemas derivados del copago y de las prestaciones económicas vinculadas a los servicios». Será la Consejería «competente en servicios sociales» la encargada de fijar, de acuerdo a las conclusiones de este grupo de trabajo, «las medidas concretas a adoptar, el calendario de puesta en marcha, así como el compromiso de gasto necesario para su aplicación». Asimismo, el Gobierno se compromete a mejorar la red pública para ir disminuyendo las ayudas vinculadas al servicio, esto es, los pagos a aquellos dependientes que tienen que recurrir a plazas privadas por falta de huecos en las residencias o centros de día públicos o concertados.

El pacto aborda también la necesidad de eliminar las inequidades entre las distintas comarcas y municipios de la Región, y de ahí que se establezca como objetivo «formular una propuesta razonada que contenga las prioridades más urgentes de creación de recursos y/o ampliación de los existentes por áreas territoriales». El presidente de la Federación de Municipios, el socialista Joaquín Hernández, valoró este paso tras estampar su firma en el pacto. Habrá, según el documento, un «compromiso de gasto plurianual para la creación de recursos y/o ampliación de los existentes, detallando los recursos concretos y el área territoriales para cada uno de ellos». Todo ello, en todo caso, queda para más adelante, sin que en el pacto firmado hoy aparezcan compromisos de gasto concretos.

El presidente del Cermi regional, Pedro Martínez, destacó que el pacto será «un punto de inflexión, porque vendrá a mejorar los recursos humanos y la gestión del sistema», lo que permitirá, en definitiva, «mejorar la calidad de vida» de las personas dependientes. En este sentido, el documento apuesta por «la simplificación de las solicitudes de dependencia» y por su tramitación electrónica.

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, ve en el pacto «un impulso significativo» tras años de «carencias en la financiación», y pone el acento en los acuerdos para distribuir los recursos con más equidad y para acreditar profesionalmente a los trabajadores del sector.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacó que, en esta legislatura, la lista de espera se ha reducido en 9.000 personas, al tiempo que se han incorporado al sistema 8.000 beneficiarios. Se han creado, además, 1.349 plazas en residencias y centros de día, subrayó. A día hoy, 35.000 murcianos reciben algún servicio o prestación de la Dependencia, y Murcia se ha convertido en la región donde más personas dependientes son valoradas con grado protegible, es decir, con derecho a acceder a las ayudas.

Del pacto firmado esta mañana en San Esteban se ha descolgado el Colegio de Trabajo Social. Aunque la institución «ha participado activamente desde los inicios» en la elaboración de este documento, «formulando más de 40 propuestas», finalmente los trabajadores sociales se abstienen de suscribirlo porque no hay «un compromiso y planificación de solución integral para todas las personas que están en espera o que han visto vulnerados sus derechos». Tampoco se concreta «un refuerzo a profesionales que afrontan la sobrecarga de trabajo, incluso a riesgo de su salud». Si bien el Colegio «valora positivamente las mejoras» y reconoce la reducción de las listas de espera tras «una larga etapa de incumplimiento de la normativa por parte del Gobierno regional», las medidas planteadas en el pacto «se consideran insuficientes».

Los trabajadores sociales piden mayor concreción en los refuerzos de recursos humanos, en la eliminación de los copagos y en el desarrollo de servicios como el de la ayuda a domicilio. Además, denuncian que la Consejería sigue sin desagregar los datos de lista de espera para conocer cuáles son las demoras que sufren quienes aguardan una plaza en residencia o centro de día. Como informó 'La Verdad', dichas esperas son, en muchos casos, superiores al año.