Los funcionarios de Justicia de la Región de Murcia se apuntan a la huelga tras la subida de los salarios de los letrados
Los sindicatos han convocado una huelga general el 19 de abril, aunque las movilizaciones comenzarán el 12 del mismo mes con una concentración delante del Ministerio de Justicia
Raúl Sánchez
Viernes, 31 de marzo 2023
El Ministerio de Justicia se ha visto envuelto en un nuevo frente tras la mejora del sueldo de los letrados que selló a principios de esta semana. Los sindicatos CC OO, CSIF UGT, STAJ y CIG apelaron este viernes a la huelga indefinida a los 45.000 funcionarios, de los cuales unos 1.500 de la Región de Murcia. Durante la Mesa Sectorial, que se celebró en la tardel jueves en la sede del Ministerio, las fuerzas sindicales exigieron una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes, después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lo consiguieran tras dos meses de paro, lo que obligó a suspender un total de 13.904 juicios, vistas y otras diligencias, según el TSJ. Una petición que fue rechazada.
Por este motivo, los delegados sindicales de toda España se concentrarán el 12 de abril en Madrid, como antesala del paro parcial que se iniciará el 17 de abril, entre las 10.00 horas y las 13.00 horas, todos los días de forma indefinida. Dos días después se convocará huelga general durante toda la jornada y una manifestación, que partirá del Ministerio situado en la calle San Bernardo, a las 12.00 horas, informaron los sindicatos.
«Pedimos una subida retributiva con las mismas condiciones que la aprobada por los LAJ y la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa», aseguró este viernes Flora Martínez, secretaria regional del Sector de la Administración de Justicia de CC OO. «Tras el rechazo ministerial de negociar una mejora de los empleados públicos que se han quedado fuera, hemos procedido a convocar movilizaciones», prosiguió la sindicalista.
«Nos convocaron de prisa y corriendo para informarnos, reconocieron que debía haber una subida a todos los cuerpos, pero vinieron sin ninguna propuesta», señaló Rafael Romero, presidente de la gestora del sector de Justicia del CSIF de la Comunidad Autónoma. El sindicalista indicó que había una hoja de ruta, puesto que preveían que no se iba a ofrecer ninguna mejora.
«Nos sentimos maltratados y en algunos casos despreciados», afirmó Julio Andrés Carrasco, delegado sindical de Staj y funcionario del Cuerpo de Gestión. El funcionario considera que el Ministerio ha dejado de lado a los trabajadores públicos que llevan la carga de trabajo y que no ve aceptable que los sindicatos reivindiquen una mejora salarial para todos y que, cuando la consiguen, se quejen los letrados. «Nosotros somos los primeros responsables; si hay un error la responsabilidad recae en los funcionarios, mientras que los letrados se apuntan los méritos», aseveró Carrasco, quien reiteró que los trabajadores se sienten «humillados».
Los sindicatos llaman a los trabajadores de la Administración de Justicia de la Comunidad de los cuerpos generales, especiales y médicos forenses, lo que suponen más del 80% de los empleados. «La convocatoria de esta huelga se produce tras constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia, en la reunión mantenida en la tarde del jueves con los sindicatos representativos, de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia, en línea con el acuerdo firmado con las y los letrados, en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados», precisaron las centrales sindicales.
Al mismo tiempo, las representaciones de los trabajadores subrayaron que, pese al llamamiento a movilizaciones, mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de enmendar el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa «en línea con nuestras reivindicaciones y explicarles el conflicto laboral en la Administración de Justicia».
El propio ministerio, dirigido por Pilar Llop, ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo, como ha sucedido en el caso de los letrados, tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, puntualizaron los sindicatos, que consideran que la institución «debe actuar en consecuencia» y «producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal».
Además, los cinco sindicatos remarcan que la huelga del colectivo de letrados «ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia».
Los jueces descartan la huelga
Las cuatro asociaciones de jueces descartaron ayer ir a huelga después de reunirse con el Ministerio para abordar una mejora salarial, pero anunciaron que comenzarán a confeccionar «un calendario de medidas de presión a la vista de los precedentes y ante la falta de propuestas concretas».
A través de una nota de prensa, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente calificaron de «decepcionante» el encuentro.
Las asociaciones judiciales subrayaron que «después de un año trabajando con este equipo ministerial por la mejora de las condiciones profesionales de la Carrera Judicial» se han encontrado con que Justicia «no ha sido siquiera capaz de concretar una fecha para la celebración de la Mesa de Retribuciones, único instrumento legal previsto para tal fin y en el que debe estar presente el Ministerio de Hacienda».
Una nueva amenaza en el horizonte para una administración que no levanta cabeza
La convocatoria de una nueva huelga indefinida en los juzgados ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos profesionales que trabajan en una administración que no levanta cabeza. A los magistrados, abogados, procuradores, graduados sociales... apenas les ha dado tiempo a celebrar el final del paro que los letrados de la administración de justicia (LAJ) han librado durante más de dos meses y que prácticamente ha paralizado los tribunales, cuando otras nubes de tormenta empiezan a otearse en el horizonte.
La desesperación cunde en la justicia ante un nuevo anuncio de movilizaciones que (aunque puedan entenderse como legítimas y justificadas) amenazan con alargar aún más una recuperación que ya se prevé dilatada. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia ha comenzado a trabajar estos días en un plan de contingencia que ayude a hacer más llevadera y rápida la recuperación de una situación que, reconoce el presidente de este organismo, Miguel Pasqual del Riquelme, ha dejado en los tribunales «unos efectos devastadores». No es difícil atisbar la dificultad que entrañará para esta administración -que tradicionalmente figura como una de las más saturadas y lentas del país- sacar adelante las más de 13.900 actuaciones que la huelga de los LAJ dejó en 'stand by'.
Recolocar 7.000 juicios
Los juzgados deben recolocar en la Región hasta 7.000 juicios en unas agendas que ya están a rebosar a uno y hasta dos años vista. «Las agendas de señalamientos de los jueces ya estaban completas hasta, en algunos casos, 2024 o 2025», explicaba recientemente el juez decano de Murcia, Lorenzo Hernando. «No existe hueco para reseñalar los asuntos suspendidos antes de esas fechas».
Pasqual del Riquelme ya advirtió a los ciudadanos, cuando la huelga aún no había alcanzado tanta envergadura, que sus asuntos podrían, en muchos casos, irse más allá de un año. Si a partir de mediados de abril el paro de los funcionarios se convierte en un nuevo frente abierto para el Ministerio, no es difícil adivinar que la paciencia de los murcianos se pondrá aún más a prueba. La Región, no obstante, ya está entrenada para ello. Lleva años soportando los mayores tiempos de respuesta -derivados de la alta litigiosidad y la baja ratio de jueces- en los tribunales sin que las voces, hasta la fecha, se hayan alzado demasiado.
