La Fremm insiste en su «oferta de diálogo» con los sindicatos convocantes de la huelga de Navantia
La Federación Regional de Empresarios del Metal también pide «el cese inmediato de las acciones de violencia y coacción, si su voluntad es de llegar a un acuerdo»
LA VERDAD
Lunes, 23 de junio 2025, 16:04
La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia sostuvo que mantiene su oferta de diálogo «abierta» ante los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga en Navantia, a los que pidió el «cese inmediato de las acciones de violencia y coacción», si su voluntad es de «llegar a un acuerdo», solicitud formulada durante la reunión celebrada este lunes en Fremm.
Desde la federación se hizo hincapié en que la Región de Murcia «se ha erigido en un núcleo de recepción de inversiones generadoras de empleo durante más de 30 años por su capacidad de diálogo social y alcance de acuerdos». Así lo ejemplificaron con el convenio vigente que concluye a finales de 2025 y fue firmado hace dos años con CC OO y UGT, los dos sindicatos con representatividad legal en la negociación del sector.
Desde la federación resaltaron que «es el mejor convenio laboral alcanzado a nivel regional de todos sectores, beneficiando a más de 30.000 trabajadores y, ahora, no puede verse perjudicado por la voluntad de unos pocos«. Convenio que, por otra parte, «ha sido mejorado por las empresas de nuestro sector, ya que más del 90% de los trabajadores está por encima del mismo», indicaron.
Ante la inminente finalización del acuerdo, Fremm accedió antes de la convocatoria de huelga a adelantar a otoño el inicio de la mesa de negociación del próximo convenio, al ser el foro oficial donde los representantes de las empresas y sindicales pueden exponer libremente sus posiciones en busca de acuerdos.
Fremm sostuvo que las empresas auxiliares del metal están haciendo «un gran esfuerzo» por adecuarse a las necesidades «de las compañías tractoras y de un mercado en continua evolución, propulsando, así, el desarrollo local y regional». Por ello, entienden que estas movilizaciones «ponen en riesgo futuras inversiones y la generación de empleo que conllevan».
