La Fiscalía pide sacar del 'caso Topillo' a una empresa que vendió desaladoras
Respalda a Hidrotech, que niega haber cooperado en la extracción ilegal de agua del acuífero y en los vertidos contaminantes al subsuelo y al Mar Menor
«La empresa Hidrotech ha proporcionado e instalado desalobradoras para la Comunidad Autónoma de Murcia. Y fue la propia administración la que animó a los ... agricultores a la adquisición de dichas máquinas, como solución al problema de la sequía» en el Campo de Cartagena. Esto son dos de los argumentos que esta compañía ha expuesto ante el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena para solicitar que la saque del 'caso Topillo', donde se investiga la contaminación del acuífero Cuaternario y del Mar Menor por la extracción ilegal de agua y el vertido de nitratos.
A la espera de que el magistrado Ignacio Munítiz se pronuncie sobre la petición, la mercantil ha recabado un importante respaldo: el de la Fiscalía. El fiscal David Campayo, adscrito a este juzgado, se adhirió días atrás al recurso de apelación de la sociedad. Y lo hizo con una brevísima pero contundente explicación sobre su postura de no investigar más a la firma y a sus tres administradores por un presunto delito contra el medio ambiente, en grado de cooperación necesaria. La Fiscalía de Área de Cartagena «se adhiere al recurso para garantizar el derecho de defensa».
En el escrito registrado ante Instrucción 5, uno de los órganos de Cartagena y San Javier que asumieron la segunda fase de 'Topillo' por decisión de la Audiencia Provincial, Hidrotech destaca que su actividad es legal. Y precisa que eso incluye ciertos productos químicos, «que aparecen continuamente en la causa» y que son «de venta libre en el mercado», sin previa autorización.
Alega que su actividad es legal y que la Comunidad, que ahora acusa, «animó a los agricultores» a comprar estas máquinas
La defensa de la compañía explica que «el que la actividad de desalación requiera de una previa autorización administrativa por parte del organismo de cuenca [la Confederación Hidrográfica del Segura], sometiéndose al régimen de concesión, no quiere decir que la misma esté prohibida». Y añade que «a quien corresponde tramitar y obtener la autorización para llevar a cabo una actividad de desalación es al usuario, como demuestra que entre 1995 y 2000 la CHS otorgó 22 autorizaciones, por plazo de 5 años, a determinados» interesados.
«No es a quien fabrica o instala la máquina, sino al usuario, que tiene la responsabilidad de ejercer legalmente dicha actividad, a quien se le exige la obtención de autorización administrativa», señala. Y concluye que «el delito contra el medio ambiente no se comete por tener una máquina desaladora, sino por el vertido que realice el usuario carente de autorización administrativa y de forma tal que ponga en riesgo el equilibrio de los sistemas naturales».
Productos de venta libre
Hidrotech sostiene que, antes de inhibirse en esta parte de la investigación, el Juzgado de Instrucción 2 de Murcia «efectuó una consideración genérica» sobre la supuesta responsabilidad penal de esta empresa. Y lo hizo, además, «sin indicar en qué concreto delito» habría incurrido y sin exponer «indicio alguno».
También señala que no cabe atribuirle un «concierto de voluntades» con sus clientes, entre otras cosas porque, en la pieza principal, el juez Ángel Garrote no le pidió cuentas sobre tal cosa. Y ello, razona, pese a constar que una mercantil le compró «705 kilos de un producto desincrustante especialmente indicado para sistemas de ósmosis inversa».
El listado de clientes de Hidrotech, cuya sede en Cartagena registró el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), fue clave para que la Guardia Civil localizara desalobradoras clandestinas en fincas de varios municipios. Algunas estaban ocultas en zulos.
La compañía también apunta que el Ministerio Fiscal ya descartó que hubiera indicios delictivos contra otra empresa de su sector, porque desconocía si el cliente tenía autorización de uso, cómo realizaría el vertido de aguas de riego sobrantes y qué volumen sería el «idóneo para entrañar un riesgo para el medio ambiente».
La Comunidad está personada en 'Topillo' como acusación particular y ha solicitado para el conjunto de empresas y particulares investigados (41 en la Fase I y 36 en la segunda), una indemnización total de 21,5 millones de euros por perjuicios. Calcula haber incurrido en esos «gastos extraordinarios» de protección y saneamiento de la laguna «desde la primera aparición de sopa verde-anoxia, en el año 2016».
Presunta prevaricación
Mientras, la Fiscalía ha solicitado un año y nueve meses de prisión y nueve años de inhabilitación para un exalto cargo autonómico, por prevaricación administrativa: el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, del PP. Lo mismo ha reclamado para Manuel Aldeguer, comisario de Aguas de la CHS de 2004 a 2012 y actual director general del Agua de la Comunidad Valenciana, que gobiernan PSOE y Compromís.
Greenpeace sigue en la causa para probar «el entramado del agua»
Greenpeace , una de las organizaciones ecologistas personadas como acusación particular en el 'caso Topillo', ha criticado que la Comunidad Autónoma ejerza ese mismo papel, ya que durante años «ha permitido el vertido de grandes cantidades de agua contaminada al Mar Menor», al no desempeñar sus competencias. Greenpeace sostiene que también lo ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica y lamenta «lo complicado que es establecer los entramados de la explotación del agua en el 'caso Topillo'». En todo caso, Lorena Ruiz, responsable del departamento jurídico de la organización, confirmó que la entidad continuará personada como acusación particular. «La vía judicial es una parte fundamental para demostrar que 'no todo vale'».
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