La Fiscalía investiga si Mendoza pudo incurrir en denuncia falsa cuando acusó a 6 funcionarios

José Luis Mendoza. /Edu Botella/ aGM
José Luis Mendoza. / Edu Botella/ aGM

Uno de los técnicos contra quien se querelló la UCAM pide el amparo del Ministerio Público por los daños causados a su imagen y a su honor

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

El presidente de la Fundación San Antonio UCAM, José Luis Mendoza, está siendo investigado por la Fiscalía Superior de la Región por un supuesto delito de denuncia falsa, derivado de la querella que en su día presentó contra un grupo de funcionarios de la Consejería de Cultura, a los que acusó de prevaricar en los informes emitidos sobre una serie de presuntas irregularidades urbanísticas en la universidad privada. La denuncia impulsada por Mendoza contra estos empleados públicos fue rechazada por el juez de instrucción y más tarde por la Audiencia Provincial, que ni siquiera la admitieron a trámite por considerarla carente de fundamento.

En concreto, la institución docente presidida por Mendoza interpuso la mencionada querella en junio de 2017, arremetiendo contra la ex directora general de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, María Comas Gabarrón; contra el exjefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás, y otros cuatro técnicos de ese departamento. A todos ellos acusaba de prevaricación continuada por una serie de decisiones administrativas, adoptadas a lo largo de varios años en relación con el campus, que consideraba «irregulares, maliciosas, inexplicables desde la buena fe y apartadas de cualquier apariencia de legalidad».

La actuación de estos empleados públicos soliviantó especialmente al máximo mandatario de la UCAM a partir de diciembre de 2015, después de que durante las obras de ampliación del campus de Guadalupe fuera demolido un bien cultural conocido como El Corralazo. En aquel momento, la Dirección General de Bienes Culturales abrió un expediente sancionador y, entre las medidas cautelares adoptadas, ordenó la suspensión inmediata de las autorizaciones del proyecto urbanístico, que contemplaba -entre otros inmuebles- la construcción de nuevos aularios. Según la UCAM, esa paralización supuso unas pérdidas de 15 millones.

El empleado público afirma que «fue un intento de eliminarme de mis competencias profesionales»

La querella de la universidad privada fue inadmitida con gran contundencia por el juez David Castillejos, quien señaló que las acusaciones «no se sostienen». En concreto, advirtió de que «no resulta verosímil esa conjura de tan extensa duración en el tiempo (...), pues se está diciendo que entre los años 2007 y los siguientes se ideó un plan criminal prevaricador entre muchos funcionarios, que habría de culminar en 2017 con la negativa municipal a conceder las licencias para el terreno donde se iban a construir la zona deportiva y el aulario».

«Es decir -resumía-, diez años de paciente plan; algo increíble».

La Audiencia confirmó más tarde esta resolución, tras el recurso interpuesto por la UCAM.

Ahora, uno de los seis funcionarios contra quienes Mendoza arremetió en aquella ocasión ha reaccionado y ha pedido a la Fiscalía que investigue al presidente de la Fundación San Antonio UCAM por un presunto delito de denuncia falsa. Sostiene el empleado público que aquellas imputaciones, «realizadas a sabiendas de que se faltaba a la verdad y con temerario desprecio a la misma», habría afectado «gravemente a mi imagen y a mi trayectoria personal y profesional», al haber pretendido «hundirme en el más profundo desprestigio de forma deliberada e inveraz».

Además señala que el propósito último de esa querella de la UCAM no era sino «un intento de eliminarme de mis competencias profesionales», y conseguir así «un rédito administrativo» en sus pleitos.

Por estas razones, el funcionario pedía a la Fiscalía Superior que abriera una investigación para determinar si existen indicios que apunten a la supuesta comisión de un delito denuncia falsa. Una solicitud que ya ha sido aceptada y que, de confirmarse las sospechas, podría desembocar en una denuncia judicial.

«Ojalá abran esas diligencias»

El abogado José María Caballero Salinas, quien defiende los intereses de la UCAM, afirmó ayer que «después de lo que han corrido algunos por los pasillos para tratar de evitar que se abriera la investigación que nosotros pedíamos, sería magnífico que ahora se iniciaran diligencias por denuncia falsa. Entonces íbamos a pedir que se comprobara de veras si todo lo que manteníamos en nuestra querella es falso o es cierto. Ojalá ocurra».