La Fiscalía investiga si el consejero Luengo benefició a una firma agrícola de su tío
Abre diligencias tras una denuncia de ANSE sobre la presunta «obstrucción» al desmantelamiento de fincas sin derechos de agua en la zona del Mar Menor
La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer si el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio ... Ambiente, Antonio Luengo, ha podido incumplir la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor para favorecer los intereses de una empresa agrícola de San Javier administrada por un tío suyo. Las pesquistas tienen como origen una denuncia de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que asegura que el propio consejero trabajó como jefe de plantaciones y calidad de esa sociedad, algo que él niega en rotundo.
La Fiscalía trata de conocer si, como afirman los ecologistas, Luengo habría maniobrado, junto a otros directivos de la Consejería y a funcionarios, para evitar, por «intereses privados y familiares», el desmantelamiento de cinco fincas de la mercantil Hacienda El Molino SL. Esta carecería presuntamente de derechos de riego, según ANSE, que también sostiene que empresas sancionadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por regar sin permiso esquivaron, gracias a un cambio legal impuesto por «autoridades políticas y funcionarios» de Medio Ambiente, la imposibilidad de optar a subvenciones públicas.
La denuncia fue dirigida en mayo por ANSE al fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera. Le informó de la existencia de una serie de indicios que apuntarían a que desde la Consejería se estaría realizando una «actividad obstructiva», o actuando con «pasividad», en la tramitación de los expedientes de restitución de cultivos de regadío a secano. Y destacó los vínculos familiares del consejero con el administrador único de la sociedad Hacienda El Molino, situada en San Javier.
ANSE aportó una fotografía publicada en mayo del año 2013 por una web especializada en agricultura, que identifica a una de las personas retratadas como «Ing. Antonio Luengo, jefe de Plantaciones y Calidad». Luengo es ingeniero en Automática y Electrónica e Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y fue «autónomo del sector industrial y agrícola», según consta en las webs de la Comunidad y de la Asamblea Regional (fue diputado popular).
Según ANSE, la empresa de su pariente tiene cinco parcelas entre El Mirador (San Javier) y Sucina (Murcia) sin aparente «autorización para riego» con una extensión total de unas 26 hectáreas, según el mapa de «coberturas de derechos de agua» de la CHS. Y se habría visto favorecida por los «intereses privados y familiares» de Luengo, exconcejal del PP en San Javier, entre otras cosas por un «cambio de criterio» jurídico, supuestamente impuesto por directivos de la Consejería. La consecuencia habría sido «que las personas físicas y/o jurídicas sancionadas no fueran automáticamente excluidas de la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayuda o subvención al regadío por parte de la Comunidad».
Según ANSE, la Consejería ordenó el «cese fulminante» de un técnico después de que los Servicios Jurídicos desestimaran los recursos de quince afectados por los expedientes de restitución de cultivos y luego emitieron un nuevo informe jurídico con un criterio distinto al original.
El alto cargo niega tratos de favor y haber trabajado en la empresa
Antonio Luengo negó ayer favores a empresa alguna y afirmó que, según le aseguró ayer su tío, la empresa Hacienda El Molino tiene derechos de riego y no ha recibido comunicación sobre sanciones. Fuentes de la Consejería indicaron que entre los expedientes remitidos por la CHS no consta ninguno vinculado a esa firma. Luengo aseguró que nunca trabajó en ella ni hizo «actividades» para ella. Al preguntarle por la foto, dijo que el pie es «un error» no atribuible a él. Y matizó que «si le pedían ayuda en materia de asesoramiento técnico o para asistir a ferias, y podía en su tiempo libre, ayudaba». El consejero anunció que tomará «las medidas oportunas» para defenderse de este «injustificado ataque» de ANSE. Y afirmó: «El verano pasado, ANSE presionó a funcionarios del Ayuntamiento de San Javier para perseguirme y hacerme la vida imposible a mí y a mi familia».
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