La Fiscalía exige una condena para Cámara por recalificar Nueva Condomina «sí o sí»

El exalcalde Miguel Ángel Cámara se atusa los cabellos junto a sus abogados, Vicente Sanmartín y José María Caballero Salinas, al término del juicio./Javier Carrion / AGM
El exalcalde Miguel Ángel Cámara se atusa los cabellos junto a sus abogados, Vicente Sanmartín y José María Caballero Salinas, al término del juicio. / Javier Carrion / AGM

«Todo fue un montaje, una escenificación», denuncia el Ministerio Público, que sostiene que se soslayó la norma urbanística en beneficio de Samper

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

A lo largo de hora y media, el fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano, desgranó una por una todas las razones por las que el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, debería de ser condenado por prevaricación. Todas las presuntas ilegalidades, todas las aparentes irregularidades, todas las decisiones que supuestamente tomó a mayor gloria del empresario Jesús Samper y del proyecto Nueva Condomina, que acabó convirtiéndose en el máximo exponente regional de los pelotazos urbanísticos.

Lejos de lo que es norma en los informes de conclusiones provisionales, donde el tribunal es siempre la única referencia válida a la que dirigir los alegatos, Lozano desgranó todas sus acusaciones sin dejar de mirar a los ojos al antiguo primer edil de Murcia, lo que provocó que sus palabras adquirieran un claro tono de reproche. Tanto fue así que uno de los letrados defensores acabó reclamando de la juez, Natividad Navarro Abolafio, que advirtiera al representante del Ministerio Público de que no debía dirigirse a los acusados. Lozano rectificó, aunque muy levemente.

«El proyecto tenía que salir adelante sí o sí y daba igual los obstáculos que fueran surgiendo», resumió de esa forma el fiscal todo su argumentario acusatorio, que consistió en sostener que desde que Cámara y Samper suscribieron el 'protocolo secreto' en junio de 1999, el resto del procedimiento administrativo solo fue «un montaje, una escenificación», una forma de 'vestir el muñeco' para conseguir que Nueva Condomina saliera adelante como fuera, aunque para ello hubiera que vulnerar presuntamente cuantas normas urbanísticas se fueran interponiendo en el camino.

«Lo relevante no es lo que legalmente se podía o no hacer, sino la desviación de poder que esto supuso»

«Había una voluntad de apostar por este proyecto como fuera, por las razones que fuera, que serían políticas ya que no existen pruebas de nada más», dejó caer Lozano, quien añadió que en aras de alcanzar tal propósito «se removieron todos los obstáculos y todo se hizo sin los preceptivos informes. «No se emitió ni un informe jurídico sobre el convenio, ni hubo informes del servicio de Urbanismo, ni informes de valoración económica sobre la renuncia al 10% de aprovechamiento, ni sobre el coste del estadio de fútbol, ni sobre las cesiones de uso de las instalaciones por un periodo de 50 años... Todo se hacía con el argumento de que resultaba justo, de que parecía correcto...», recordó el fiscal Anticorrupción sin disimular su sorpresa por ese procedimiento.

Un protocolo valioso

Frente a la línea argumental de Cámara, que restó validez al protocolo suscrito con Samper que significó el arranque del proyecto, Lozano indicó que se trataba de un documento de gran valor para el empresario, pues simplemente con ese compromiso ya comenzó a buscar terrenos y a contratar arquitectos para desarrollar su proyecto. Y recordó que un documento intervenido en un registro en las oficinas de Samper desveló que ya antes de firmarse el convenio urbanístico había obtenido unos beneficios de 408 millones de pesetas (unos 2,4 millones de euros). Esas plusvalías se multiplicaron posteriormente hasta muy por encima de los 200 millones de euros, siempre según los documentos del propietario del Real Murcia. Ello ocurrió después de que el promotor se acogiera a la llamada 'alternativa B', que -a cambio de construir el campo de fútbol- le permitió disfrutar de una edificabilidad hasta cinco veces superior a la de origen y obtener, en consecuencia, unos ingresos adicionales de entre 176 y 191 millones de euros.

Esa 'alternativa B' se habría creado 'ex profeso' para el proyecto de Samper, que habría disfrutado de aprovechamientos urbanísticos que incluso estaban más allá de los límites de la ley. Con todo, el fiscal hizo hincapié en que lo relevante de este asunto no es tanto lo que legalmente se podía o no hacer, sino alcanzar la certeza de que Cámara apostó por ese proyecto desde un primer momento y todo lo que siguió fue un continuo esfuerzo para esquivar los obstáculos legales que se iban interponiendo. «Lo relevante es la desviación de poder que supuso», alegó.

Los otros dos encausados

Pedro Morillas. Exdirector de la Gerencia de Urbanismo: «Se ha dañado irreparablemente mi prestigio»
El exdirector de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Pedro Morillas, utilizó ayer su derecho a la última palabra para acusar al juez instructor del 'caso Nueva Condomina', David Castillejos, y al fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de haber dañado irreparablemente su prestigio, cuando aseguró ser inocente. Morillas manifestó que en todo momento actuó en defensa del interés general, como lo demuestra el hecho de que exigiera a Samper un aval de 24 millones para garantizar la construcción del estadio y que pagara los accesos. Jaime Peris, su letrado defensor, aseguró que este es «el más claro ejemplo de una causa general sin que se cuente no solo con ninguna prueba, sino ni siquiera con indicios», y reprochó al fiscal que sostenga al mismo tiempo la acusación como cooperador necesario o como inductor contra Morillas.
Joaquín Peñalver. Exjefe de Planeamiento Urbanístico: «La injusticia alcanza proporciones descomunales»
El antiguo jefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Motas, utilizó la última palabra otorgada por la juez para asegurar que no sabía por qué se encontraba allí, sometido a ese juicio, y para criticar al anterior fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal. Peñalver concluyó que la injusticia cometida con su persona «alcanza proporciones descomunales». José Pardo Geijo, que ha llevado la defensa de Peñalver junto al letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, manifestó no entender el escrito de acusación del fiscal, «ya que no hay por dónde cogerlo», y aseguró que «es una pena» que se haya perdido el tiempo y gastado fondos públicos en mantener un pleito que carece de base. El alto funcionario puede considerarse absuelto a priori, ya que en la primera sesión del juicio el fiscal ya reconoció que el delito que le atribuía habría prescrito.

A modo de ejemplo del compromiso de Cámara por Nueva Condomina, el fiscal recordó que Metrovacesa también presentó un proyecto para construir un campo de fútbol por 4.000 millones de pesetas -una cantidad muy próxima a la que acabó invirtiendo Samper en su estadio- y la propuesta se desechó sin concederle la más mínima tramitación. «Y creo que Metrovacesa era una empresa bastante más solvente que Sport Management and Project, que solo tenía 9.000 euros de capital social, mientras que la primera cotiza en el Ibex», señaló.

Por último, no disimuló su estupor al recordar que los otros dos acusados, el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y el exjefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, habían llegado a aplicar en apariencia en este asunto unas normas legales que ni siquiera estaban publicadas. «Por ahí ya no se puede pasar», advirtió. «Como dijo alguien de cuyo nombre no quiero acordarme, en Derecho todo es discutible menos algunas cosas. Y lo que no es discutible es que las normas tienen que estar publicadas para poder ser aplicadas».

A modo de colofón, Lozano señaló que «todos estos elementos demuestran su arbitrariedad y la voluntad de imponer sus propias decisiones por encima de la ley», por lo que consideró que tanto Cámara como Morillas debían ser condenados a penas de diez años de inhabilitación.

Los letrados del antiguo alto cargo popular, José María Caballero Salinas y Vicente Sanmartín Aisa, reclamaron la absolución de su cliente y solicitaron que se deduzca testimonio contra el exedil de Urbanismo Ginés Navarro y contra el exportavoz municipal del PSOE, José Salvador Fuentes Zorita, al estimar que mintieron al declarar como testigos, informa Efe. También dejaron constancia del aparente trato desigual otorgado a este asunto y a otros que consideraron similares, como el de la exalcaldesa socialista de Lorquí acusada de perdonar la cesión del 10% de aprovechamiento.

Pardo Prefasi y García Herrero no son peritos del exalcalde

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, Rafael Pardo Prefasi, y quien fue su antecesor, Antonio García Herrero, que el miércoles comparecieron como peritos en el juicio por 'Nueva Condomina', no lo hicieron a instancias de la defensa del exalcalde Cámara, sino como expertos designados por la Fiscalía. Ayer, por un error no atribuible a este diario, se publicó que sus informes se emitieron a petición de la defensa. Los arquitectos rechazan haber hablado de los beneficios que el proyecto reportó al municipio y aseguraron que las cifras de la noticia solo «miden la proporción entre lo que el abogado de la defensa aseguró que había costado el estadio en relación con el valor total del aprovechamiento otorgado tras optar por la 'opción B'».