Fiscalía denuncia al delegado sindical que entró al historial de un familiar de García Egea

La apertura de este procedimiento penal tiene su origen en las diligencias informativas que el pasado julio abrió la Fiscalía Superior, que encabeza José Luis Díaz Manzanera, después de que la dirección del hospital Virgen de la Arrixaca le hiciera llegar los resultados de una investigación interna. El centro sanitario había recibido la queja de un paciente, el mencionado familiar de García Egea, en la se exponía que un medio de comunicación no solo se había puesto en contacto con él para preguntarle por una operación quirúrgica de la que estaba pendiente, sino que además el periodista tenía datos sobre su estado de salud y sobre la patología que sufría, por lo que consideraba que se había producido una intromisión ilegítima en su intimidad.

Las gestiones ordenadas por los responsables de La Arrixaca acabaron confirmando que un empleado del hospital Morales Meseguer había accedido al historial médico de ese paciente a través de un terminal informático, en apariencia sin que existiera razón sanitaria alguna para justificar ese hecho. Más todavía, ese funcionario ni siquiera se encontraba prestando servicio asistencial alguno, debido a que en ese momento estaba plenamente dedicado a su labor de delegado del sindicato UGT en ese centro hospitalario. Y, por tanto, se encontraba ajeno por completo a cualquier tipo de interés sobre el estado de salud de ese paciente.

El instructor de las diligencias administrativas citó al delegado sindical y le tomó declaración el 1 de julio y, tal y como ya publicó LA VERDAD en su día, este admitió los hechos y confesó que lo hizo a petición de un compañero de nivel jerárquico superior en el sindicato UGT, históricamente vinculado al PSOE. Aunque admitió que le extrañó esta solicitud, cumplió con el encargo, entrando en la historia clínica del familiar de Teodoro García Egea sin conocimiento ni autorización de este paciente, que es el único propietario legal de su documentación sanitaria. No obstante, el funcionario sospechoso de la ilegalidad aseguró que solo comunicó a su superior el nombre del facultativo de cabecera del afectado, sin obtener ningún otro tipo de dato o informe médico.

El hecho de que la investigación interna de La Arrixaca desvelara supuestos indicios de la comisión de un delito de revelación de secretos fue la que condujo al centro sanitario a poner el expediente en conocimiento de la Fiscalía Superior.

Durante varios meses, el Ministerio Público ha ampliado la investigación, tomando declaraciones a otras personas relacionadas con este asunto e incluso recabando un informe técnico de los especialistas en Delitos Informáticos de la Jefatura Superior de Policía de la Región. Todos esos datos habrían servido para apuntalar definitivamente los indicios de delito ya existentes contra esas dos personas, por lo que las diligencias informativas de la Fiscalía se han acabado substanciando en una denuncia ante los juzgados de Instrucción de Murcia.

El delito de revelación de secretos está castigado con penas que podrían alcanzar hasta los cinco años de prisión.

Este procedimiento está íntimamente relacionado con las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, como consecuencia de una denuncia de Podemos contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Moras, a quien acusa de haber intermediado para favorecer en la lista de espera sanitaria a ese familiar de García Egea. Esta misma semana el juez ha reclamado al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre este asunto «con carácter previo a decidir acerca de si se dirige formalmente o no el procedimiento contra los denunciados».