La Fiscalía archiva la denuncia sobre el macrocontrato de las ambulancias

La Fiscalía Superior de la Región ha archivado por falta de indicios de delito la denuncia presentada por un grupo de empresas -la UTE formada por Ambulancias de Lorca, Ambulancias Martínez Robles, Murciana de Asistencia y Emergencias y Ambulancias Vega del Segura- contra la Consejería de Salud por la adjudicación del macrocontrato regional del servicio de transporte urgente, que ascendió a 340 millones de euros.

Los denunciantes, que se dirigían principalmente contra el ya exconsejero Manuel Villegas y contra el exgerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, constituyeron la UTE que resultó perdedora del concurso frente a la oferta encabezada por el Grupo La Generala a través de la compañía Ambulancia Do Atlantico.

Entre las supuestas irregularidades que se enumeraban en el escrito presentado en la Fiscalía se afirmaba que la Consejería de Salud actuó «con favoritismo» y de manera premeditada y presuntamente prevaricadora para adjudicar el contrato a la UTE conformada por Ambulancias do Atlántico, Ambulancias Mar Menor y Ambulancias Sánchez.

Estas firmas, según los denunciantes, «no disponían de medios suficientes, ni de vehículos ni de instalaciones, para concurrir al concurso», como tampoco podían justificar «experiencia alguna en el sector».

Uno de los hechos concretos señalados como más sospechosos era que la mesa de valoración habría otorgado cero puntos a la oferta de Ambulancias de Lorca en el apartado de medio ambiente, pese a que proponía que todos sus vehículos tuvieran la clasificación ECO y O, mientras que la de Ambulancias Do Atlántico nada planteaba en ese terreno.

Igualmente se señalaba que la UTE ganadora no contaba con el número de trabajadores al que obligaba el contrato, que ascendía concretamente a 1.031 (476 técnicos para el transporte programado, 395 para transporte urgente y emergente y 160 para transporte de enfermos psiquiátricos y baríticos). Las cifras presentadas por Ambulancias de Lorca y el resto de sus socios señalan que, meses después de la adjudicación, la ganadora solo contaba con 713 empleados, con un déficit de 318 trabajadores.

Después de varios meses de investigación y de análisis de la documentación recabada en la Administración regional, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, deja constancia en un escrito -hecho suyo por el fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera- de que «buena parte de las irregularidades denunciadas han sido ya resueltas en vía administrativa por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, y se han interpuesto por el denunciante recursos contencioso-administrativos contra las decisiones adoptadas en el concurso público denunciado».

Y añade que, «en fin, el denunciante se muestra en desacuerdo con las valoraciones efectuadas por la Mesa de Contratación, pero no puede la Fiscalía proceder a realizar una 'valoración de la valoración', salvo que tuviese aspectos objetiva y patentemente arbitrarios carentes de la mínima justificación observables sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, lo que no es el caso. Que algunas valoraciones sean discutibles y existan motivos para recurrirlos no los convierte lógicamente, en arbitrarios, ni mucho menos, con entidad penal».

Respecto a las supuestas irregularidades e intenciones que los denunciantes atribuían a una funcionaria, señala la Fiscalía que «al margen de conllevar meros juicios de valor sin aportar dato objetivo alguno que permita sostener tal espurio interés, no explicaría que con ella sola se hubiera podido proceder a corromper todo el expediente de concurso público». Y añade que «incluso en los aspectos subjetivos en los que entiende que la funcionaria mencionada tuvo un papel fundamental, dado que fueron calificados por dos personas no sirve por si solo para explicar la decisión de esa segunda persona, sobre la que no menciona el denunciante existencia de sospecha alguna».

De esta manera, y al entender que «los hechos denunciados no rebasarían la mera ilegalidad o el acierto o desacierto administrativo en su caso, sin adentrarse en la palmaria ilegalidad y actuación arbitraria que constituye la esencia del delito de prevaricación», la decisión adoptada y notificada ayer a los denunciantes es que no procede otra opción que archivar la investigación.

La adjudicación de este macrocontrato y la posterior denuncia fue objeto de un intenso debate político durante largas semanas, en las que el PSOE trató en varias ocasiones de abrir e impulsar una comisión de investigación en la Asamblea Regional.