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Imagen de archivo de la Consejería de Salud. CARM

La Fiscalía analiza la lista de vacunados de Salud por si hay infracción legal

La Consejería entrega la relación de altos cargos y funcionarios que no están en labores asistenciales directas

Viernes, 5 de febrero 2021, 10:05

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La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ya ha recibido el listado de altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud que fueron vacunados, no adscritos a hospitales y centros de salud y que no realizan labores asistenciales directas, para establecer si existen indicios de la comisión de un delito. La documentación, recabada por la Consejería por requerimiento del Ministerio Fiscal, ha sido recogida por agentes de la Guardia Civil y entregada al Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera.

La apertura de estas diligencias de investigación responde a la denuncia presentada días atrás por el PSOE regional, después de que LA VERDAD desvelara que habían recibido las dosis al menos 400 funcionarios y altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre ellos quien era consejero y que tuvo que dimitir a causa del escándalo, Manuel Villegas, a pesar de que se encontraban fuera de los criterios establecidos en el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Probablemente la cuestión más relevante que la Fiscalía deberá establecer en este asunto es la consideración normativa que tal protocolo merece, pues para determinar si existe o no infracción penal habrá que conocer si esos criterios se han establecido por ley o por cualquier otro tipo de norma legal u orden ministerial o de la Consejería... En el caso de que se trate de meros criterios orientativos o de actuación sin rango de norma legal, especialistas en Derecho Penal consideran que no existirá base para que la investigación inicial del Ministerio Público se traduzca en una denuncia penal. «Se trataría de un asunto que podría sustanciarse por otra vía, pero no por la del delito», indican.

También hay que tener en cuenta que en otras comunidades y a nivel nacional se han presentado igualmente denuncias por presunta administración irregular de la vacuna a personas que no estaban incluidas en el protocolo, por lo que no se descarta que la Fiscalía General pueda fijar un criterio común de actuación en estos asuntos.

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