El fiscal superior aboga por una ley que limite el acceso de los menores a los móviles

Para plantarle cara, subrayó rotundo, es necesario poner coto al acceso que los adolescentes tienen a las nuevas tecnologías, «con demasiada facilidad y cada vez más temprano». Para ello abogó por la promulgación de una ley que limite el acceso de los adolescentes a las nuevas tecnologías y exija responsabilidades a sus padres. «No es de recibo que chavales de 12, 13, 14 años tengan ese acceso a las nuevas tecnologías», enfatizó. «Es un problema de índole social».

El año pasado, según desgranó en su comparecencia, se tramitaron 162 expedientes contra adolescentes por agresiones sexuales en la Comunidad, una cifra que prácticamente duplica -un 46% más- los 87 casos que se contabilizaron el año anterior. Si se echa la vista un poco más atrás, hasta 2022, el incremento es de hasta un 207%.

Díaz Manzanera explicó que la violencia sexual no aumenta, únicamente, entre los menores de edad. El año pasado también repuntaron las agresiones sexuales cometidas por adultos contra menores de 16 años. Fueron 183 casos los que se contabilizaron en la Comunidad, un 28% que en el ejercicio anterior. En los dos últimos años, precisó, el incremento ha alcanzado más de un 131%.

El fiscal superior volvió además a incidir, como ya ha hecho en comparecencias anteriores, en la utilización de las nuevas tecnologías para la comisión de algunos delitos, como el acoso o la violencia de género. Díaz Manzanera explicó que, a pesar de los esfuerzos policiales, se dan «dificultades prácticas» cuando se trata de investigar publicaciones o mensajes que se puedan haber utilizado para ejercer un maltrato a través de redes como Instagram, Facebook... El problema radica, detalló, en la facilidad para registrarse en estas plataformas, siendo posible darse de alta y de baja en un breve espacio de tiempo, lo que en ocasiones abre la puerta a la usurpación de identidad. De esta manera, remarcó, el rastro del autor de uno de estos 'ciberdelitos' «se transforma y puede desaparecer con rapidez».

En materia de violencia de género el fiscal superior destacó, además, el repunte de las pulseras GPS, un dispositivo telemático que utilizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para comprobar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor. Actualmente hasta 207 personas en la Región emplean esos dispositivos, según datos ofrecidos por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. Una tecnología ideada para proteger a la víctima que, sin embargo, advirtió la Fiscalía, lleva años registrando algunos problemas técnicos que han llevado a «muchas» víctimas a desistir.

El fiscal superior aprovechó la comparecencia para dejar evidencia de su malestar por el reparto de plazas que el Gobierno central ha concedido en los juzgados de Violencia sobre la Mujer para hacer frente al incremento de competencias que estos órganos asumirán a partir de octubre -entre ellos los delitos sexuales o de trata-. Díaz Manzanera sostuvo que en la Región se han creado dos plazas de jueces y fiscales en Murcia y otras tantas en Cartagena e hizo hincapié en que estaba previsto otro fiscal para la zona de Lorca pero esta plaza acabó destinándose a Cataluña. «No estamos contentos», asumió.