El fiscal urge a aclarar ya si hay un desvío millonario de fondos en la desaladora de Escombreras

Desde julio de 2017, el juzgado espera que la Policía le comunique las conclusiones de su investigación sobre las presuntas irregularidades en la planta. Aguarda un diagnóstico sobre la documentación aportada por Joaquín Peña, extrabajador de la desaladora que apuntó a la existencia de un pufo de al menos 120 millones de euros desde el año 2007 y a una posible connivencia entre responsables de la compañía (que hasta 2021 perteneció al grupo ACS a través de Cobra) y de la Comunidad. Estos últimos habrían recibido regalos, como obsequios por Navidad, y otras contraprestaciones.

La Administración regional firmó un contrato con Tedagua para abastecimiento a la población y riego, y otro de alquiler de la planta con derecho a compra con Hydromanagement, que construyó la fábrica. Y el extrabajador de la factoría de agua decidió 'tirar de la manta' y entregar un disco duro con un terabyte de información a la Fiscalía, tras ser despedido en abril de 2016 por supuestos cobros ilegales a proveedores.

Tedagua prescindió de sus servicios como administrativo de la desaladora tras nueve años. Lo hizo tras la difusión de un vídeo en que se veía a Peñas en la planta, contando 4.500 euros en billetes que acababa de entregarle un pintor. El administrativo, vecino de Cartagena, acabó imputado por un delito de corrupción entre particulares y contra la Seguridad Social, pues habría recibido fondos de empresas contratistas de Tedagua a cambio de desbloquear el pago de facturas y facilitar nuevos contratos en la planta.

Tras asegurar que no se quedó dinero y que seguía órdenes de sus superiores, el antiguo trabajador denunció la existencia de una 'caja b' y de una trama para imputar falsamente gastos a la Comunidad Autónoma. Aseguró ser víctima de una venganza por haber cuestionar movimientos contables sospechosos, a través de un montaje audiovisual al que se habría prestado el pintor, también imputado por las 'mordidas'.

El exempleado contraatacó con una denuncia en la que acusó a la empresa de incurrir en cuatro delitos: falsedad documental, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la intimidad, la propia imagen y el honor. Y, como adelantó LA VERDAD, por orden del fiscal superior de la Región, José Luis Manzanera, el Ministerio Público pidió ampliar la investigación. Lo hizo ante indicios como los correos electrónicos internos y las facturas de trabajos en desaladoras de Badajoz, Rumanía, Argelia y Túnez.

«El presunto fraude alcanza una cantidad dineraria ingente» y «el sistema presuntamente fraudulento se llevó a cabo de forma institucionalizada, en todos los niveles superiores de la mercantil y probablemente también de la Comunidad Autónoma», indicó Peñas en su escrito, que ha motivado distintas pesquisas. El engaño, subrayó, se habría efectuado con «artificios contables burdos», a pesar del aparente control del Ente Público del Agua (EPA).

El juzgado recabó el contrato de Tedagua y ha tomado declaración a investigados y testigos, entre ellos personal de la firma. Pero los interrogatorios se han centrado en la parte de los 4.500 euros y la trama de las 'mordidas'.

A pesar de las peticiones del juzgado, de la Fiscalía y de Benardino Guillén, letrado del denunciante, el informe policial sigue en elaboración. Ni la Policía, ni Tedagua ni el Gobierno regional han atendido las peticiones de información de este diario. Sí lo hizo el nuevo fiscal jefe de Cartagena, David Campayo, quien lamentó la demora. Explicó que «en octubre, la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía indicó que estaba analizando la información para finalizar, con la mayor brevedad posible, su atestado. Ya disponía ya de toda la información solicitada a distintos organismos públicas sobre empresas y otros datos».

Campayo mencionó «la limitación de medios personales y materiales de la Policía, que no ha podido dar a estas diligencias la prioridad que nos habría gustado». Pero aseguró: «Esta causa es importante y estamos encima. Si después de Semana Santa el informe no está, tomaremos las medidas oportunas para que el juzgado inste el impulso necesario».

Entre tanto, otro Juzgado de Instrucción 1, el de Murcia, espera el fin de la huelga de letrados de la Administración de Justicia para mandar a juicio el 'caso La Sal', sobre irregularidades y sobrecostes injustificados en la contratación, construcción, gestión y alquiler de esta desaladora. Entre los investigados por el proyecto, que según la Guardia Civil y la Fiscalía habría causado un 'agujero' de 600 millones de euros a la Comunidad en presunta connivencia con empresas que pertenecían a ACS (como Cobra), está el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, del PP.