La fiscal reclama que Cámara y Barreiro testifiquen por el caso de la desaladora

Pilar Barreiro y Miguel Ángel Cámara./LV
Pilar Barreiro y Miguel Ángel Cámara. / LV

Quiere que la Comunidad informe al juzgado de las necesidades de agua que justificaron la firma de convenios entre el EPA y ayuntamientos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Cinco antiguos alcaldes del PP, todos ellos habituados a tener que comparecer en los juzgados, tendrán que prestar declaración previsiblemente en las diligencias abiertas sobre la desaladora de Escombreras, después de que la fiscal María Isabel Neira haya solicitado su citación en calidad de testigos. Se trata de Miguel Ángel Cámara, ex primer edil de Murcia; Pilar Barreiro (Cartagena), Daniel García Madrid (Torre Pacheco), María Antonia Conesa (Fuente Álamo) y Francisco Blaya (Mazarrón), cuyo testimonio considera relevante el Ministerio Público para aclarar las razones por las que sus municipios firmaron convenios con el denominado Ente Público del Agua (EPA), que les aseguró caudales procedentes de la mencionada planta desalinizadora.

Si la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, acepta la solicitud de la fiscal Neira, estos cinco antiguos regidores se sumarán a otros nueve que ya han comparecido en esta causa por idénticas razones: Pedro Antonio Sánchez, exalcalde de Puerto Lumbreras y expresidente murciano; Domingo Aranda (Caravaca de la Cruz), José Martínez García (Librilla), José Hernández Sánchez (San Javier), Juan Morales Cánovas (Totana), Eduardo Contreras Linares (Molina de Segura), José Bolarín Cano (Ulea), Francisco Jódar Alonso (Lorca) y Pedro Col Tovar (Beniel).

La razón de estas citaciones es determinar si, como parecen señalar las actuaciones judiciales, la razón de los convenios con el EPA era garantizar caudales de agua para el desarrollo de planes urbanísticos en los municipios, que de esta manera soslayaban el obligado informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre disponibilidad de recursos hídricos para esos proyectos residenciales.

En esa línea, la fiscal también ha reclamado que se oficie a la Comunidad para que informe de las necesidades de agua que justificaron tales convenios, así como que aporte documentación que justifique «la situación de emergencia de esos ayuntamientos para cubrir las necesidades de agua para usos urbanos, turísticos y residenciales».

También Fuentes Zorita

Entre los nuevos testigos propuestos por la acusación pública también se encuentra un expresidente de la CHS, el socialista José Salvador Fuentes Zorita; el interventor general de la Administración regional desde 2005, Eduardo Garro; el ya exdirector de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Francisco Ferrer, y el abogado madrileño especializado en legislación hídrica Gaspar Ariño.

Este último ya fue citado meses atrás como testigo, pero su comparecencia tuvo que suspenderse al sobrevenirle un problema de índole personal.