El fiscal reclama casi 9 años al exalcalde Hurtado, al que acusa de malversar 400.000 euros

Manuel Hurtado, en 2003, siendo alcalde de Ceutí, posando con una escultura que representa a un cocodrilo. / juan leal
Manuel Hurtado, en 2003, siendo alcalde de Ceutí, posando con una escultura que representa a un cocodrilo. / juan leal

El caso del presunto fraude cometido con la compra de obras de arte en Ceutí está dispuesto para el juicio tras una década de investigación

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Ocho años y medio de prisión, veintidós años de inhabilitación absoluta y el pago solidario de indemnizaciones que suman 396.000 euros son las penas que la Fiscalía Superior de la Región reclama para quien fue durante casi tres décadas el alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, que se dirige irremediablemente hacia el juicio por tres presuntos delitos de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación continuada. La acusación particular del proceso, impulsada por el Partido Popular, eleva la petición de cárcel por encima de los veinte años para el exrregidor municipal.

Pese a la entidad de las penas reclamadas por la acusación pública, estas podrían haber sido mucho más elevadas -en la línea de las apuntadas por el acusador privado- de no ser por el reconocimiento expreso de que en la tramitación de la causa se ha incurrido en dilaciones indebidas, consideradas además como muy cualificadas, lo que ha conllevado una fuerte reducción en la calificación del Ministerio Público.

Las diligencias que han conducido a Manuel Hurtado hasta esta delicada tesitura se iniciaron en el año 2009 y se dirigían a esclarecer un presunto fraude o malversación en la adquisición y pago de obras de arte por el Ayuntamiento de Ceutí. Ya hace tres años, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Molina de Segura procesó a Hurtado por un amplio catálogo de supuestas ilegalidades cometidas desde la Alcaldía, consistentes básicamente en la adquisición de obras de arte a distintas galerías sin que mediara expediente de contratación alguno, ni valoraciones o tasaciones de las obras, ni informes o reparos de la Intervención y la Tesorería.

El magistrado ha instado al ex alto cargo socialista a depositar una fianza de 395.000 euros de manera inmediata, bajo la amenaza de embargarle sus propios bienes

Entre las operaciones sospechosas de vulnerar la legalidad se encuentran la adquisición en 2003 a la Galería Marlborough de obra pictórica por importe de 108.000 euros, a través del entonces alcalde Hurtado; la compra entre 2004 y 2006 de diversa obra pictórica a la Galería La Clave por un precio de 582.000 euros; la adquisición de cuadros en la Galería Morueco por importe de 22.500 euros, en 2006, que habrían sido cargados a una partida de vivienda y urbanismo bajo el concepto 'Inversiones varias en infraestructuras', y la obtención de obras de arte a Galerías Moreno, en el año 2005, por importe de 213.000 euros, también mediante una tramitación presuntamente irregular.

Por último, el juez instructor también consideró irregular y constitutivo de un presunto delito de prevaricación la firma de un contrato de creación artística con el pintor Antonio Ballester Les Ventes, por el que este habría percibido la cantidad de 68.098 euros.

Todas estas operaciones han sido englobadas ahora por el Ministerio Público bajo la calificación genérica de un delito de prevaricación continuada, por el que reclama una pena para Hurtado de siete años de inhabilitación absoluta.

Otra de las operaciones que conducirán al exdirigente socialista hasta el banquillo de los acusados se refiere a la autorización del pago de 123.000 euros a la compañía Britway International SA en el año 2005, por la aparente adquisición de un grupo de obras de arte, igualmente sin que en apariencia se hubiera incoado expediente alguno para elegir al vendedor o valorar las obras. Tampoco consta que la Intervención ni la Tesorería municipales pusieran reparo alguno, a pesar de las presuntas irregularidades.

Por este hecho concreto, que el fiscal considera constitutivo de malversación de caudales públicos y falsedad documental, reclama a Hurtado una pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación. Al empresario Jesús Abenza Torrano, al que vincula con tres de esas maniobras presuntamente ilícitas, le pide dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación, mientras que a dos funcionarios que en distintos momentos ejercieron como interventores en el Ayuntamiento de Ceutí, Juan García Corbalán y Noemí López Garrido, les reclama penas de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación por cuatro años.

La operación de la parcela

Otra de las acusaciones contra Hurtado radica en la aparente compensación económica, por importe de 266.000 euros, que se habría realizado en la venta de una parcela municipal al empresario Jesús Abenza Torrano, quien habría aportado a cambio de esa rebaja una serie de cuadros. Más tarde se constató que cuando se produjo esa aparente cesión, las pinturas ya constaban como patrimonio del Ayuntamiento de Ceutí, por lo que se sospecha que pudo producirse una simulación de la venta de las obras de arte.

En este caso, el Ministerio Público aprecia otro presunto delito de malversación, en concurso ideal con prevaricación y falsedad documental, que justifica la petición de otros tres años de prisión y cinco de inhabilitación, tanto para el exalcalde Hurtado como para el empresario Abenza.

Un viaje a Buenos Aires

Por último, el representante de la acusación pública también considera que se cometió un delito de malversación en el viaje que Hurtado realizó a Buenos Aires (Argentina), en febrero de febrero de 2006, con un coste de 4.416 euros. Por estos hechos solicita, por último, que se le imponga una condena de dos años y medio de cárcel al antiguo primer edil de Ceutí.

En un auto dictado la pasada semana por el magistrado Juan Miguel Ruiz Hernández, se ordena la apertura de juicio contra Manuel Hurtado, Jesús Abenza, Noemí López y Juan García. Pero especialmente preocupante para el exalcalde y para el empresario es que el instructor les ha requerido para que cada uno de ellos preste fianza por importe de 395.000 euros de manera inmediata, bajo la amenaza de embargo de sus bienes si no lo hacen.