El fiscal pide tres años a 13 acusados del mayor caso de pagos en 'dinero B'

Y es que en esta historia todo es tan real, tan prosaico e incluso tan obsceno como los 17.320 billetes de 500 euros que, en la mañana del 8 de noviembre de 2005, fueron descargados de un furgón blindado e introducidos en cuatro grandes sacas en un despacho de una notaría de Molina de Segura, donde habrían de servir como pago parcial, y supuestamente en negro, de unos terrenos residenciales que se encontraban en ese instante en pleno trámite de cambiar de propietarios.

Este asunto, cuya investigación se inició en 2007 en el Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura, se encuentra ya, prácticamente, en disposición de ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal de Murcia, una vez que el Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de calificación provisional.

Fuentes de toda solvencia han confirmado a LA VERDAD que el acusador público dirige sus imputaciones contra trece presuntos participantes en la que se ha considerado la mayor operación descubierta en España de pagos en 'dinero B'. Los encausados son cinco directivos de la firma compradora del solar, Nozar Promobys SL, a cuyo frente se sitúa el conocido empresario almeriense Estanislao Berruezo, uno de los grandes promotores españoles en los años del 'boom' inmobiliario; otros cinco socios de la firma vendedora, Provisol Resort SL, y otros tres vinculados a una mercantil 'fantasma', José S.H. SLNE, que fue interpuesta entre la compradora y la vendedora con el aparente propósito de que asumiera unos impuestos que se pretendían sustraer al fisco.

Por el hecho de tratarse de una empresa sin patrimonio alguno y a cuyo frente había sido situado un pobre desgraciado a quien le habían pagado unos pocos euros por firmar unos documentos en una notaría, garantizaba que Hacienda no iba a encontrar dónde cobrarse una parte relevante del IVA y el Impuesto de Sociedades que generaba la transacción.

Según las fuentes mencionadas, el escrito de acusación, que ha sido redactado por el fiscal delegado de Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, pone de relieve que los preparativos de la compraventa se iniciaron en los primeros meses de 2005, cuando dos parcelas de Molina de Segura, con una extensión de casi 40.000 metros cuadrados, se vieron favorecidas por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y, de tener uso terciario, pasaron a ser calificadas como residenciales.

En ese punto, el propietario en la sombra de Estructuras Mabelsa decidió adquirir los solares y para ello buscó asociarse con la mercantil Texon Tres SL, cuyos participantes aceptaron entrar en el negocio. Para canalizar la operación utilizaron una sociedad que se encontraba inactiva: Provisol Resort SL.

El 3 de febrero de 2005, esta firma adquirió los terrenos por importe de casi 12 millones de euros, y seguidamente los pusieron a la venta, para lo cual contactaron con un intermediario, que fue quien facilitó el contacto del promotor almeriense Estanislao Berruezo.

En pleno 'boom' del ladrillo, en unos años en que se registraba una auténtica vorágine de este tipo de operaciones inmobiliarias, el asunto despertó el interés del empresario y se iniciaron los contactos entre su mercantil, Nozar Promobys SL, y los vendedores para llevar el negocio a buen término.

A mediados del mes de marzo, el precio definitivo de la operación quedó fijado en 2.950 millones de pesetas -una moneda que aún era de uso común en las negociaciones entre muchos empresarios-; esto es, en algo más de 17,7 millones de euros. Pero, según señala el Ministerio Público, los vendedores exigían supuestamente que 4,5 millones de euros se les entregaran en 'dinero B'. Además, Berruezo se había comprometido al parecer a asumir el IVA de la primera escritura, que se elevaba a algo más de 2,1 millones, por lo que se tomó la decisión de añadir ese valor al precio cerrado para la venta de las parcelas. De esta forma, el precio formal quedó fijado en casi 20 millones de euros.

Con el supuesto propósito de camuflar la entrega de 4,5 millones en 'B' y de aparentar que toda la operación era legal, se decidió en apariencia por los intervinientes que se colocara una sociedad interpuesta entre el comprador y el vendedor, de manera que sería la que absorbiera ese pago en negro y los impuestos que pudieran derivarse. Y todo ello desde la presunta conciencia de que esa mercantil, José S.H. SLNE, no iba a liquidar ante Hacienda el aparente beneficio obtenido en ese tránsito mercantil ni el IVA correspondiente.

Como, además, los vendedores habrían exigido que el pago del 'dinero B' se efectuara en la notaría, el día fijado para escriturar la compraventa, el 8 de noviembre de 2005, los empleados de un furgón de seguridad llegaron a esas dependencias con cuatro grandes sacas precintadas, que contenían nada menos que 17.320 billetes de 500 euros y que sumaban la cantidad de algo más de 8,6 millones de euros.

Ese dinero negro se repartió en apariencia entre lo prometido a los vendedores, las comisiones de los intermediarios y otros gastos que no han sido aclarados. Los cálculos establecidos por la Agencia Tributaria indican que se habrían defraudado a Hacienda un total de 3,7 millones en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades, aunque la Fiscalía ofrece una cuantificación alternativa de 2,7 millones.

Los hechos han sido calificados como constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública, por los que se podrían haber solicitado elevadas penas para cada uno de los trece encausados (eran catorce en un inicio, pero uno de ellos falleció mientras se tramitaba el asunto). Sin embargo, en virtud de los tremendos retrasos que ha sufrido este procedimiento judicial desde que se inició la investigación en 2007, el acusador público admite que se debe aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, y rebajar las penas en dos grados. Así, acaba solicitando tres años de prisión para cada uno de ellos.

Por cierto, el indigente que figuraba como administrador de la sociedad interpuesta, José S.H. SLNE, fue trasladado desde Elche a Molina de Segura con el único propósito de que firmara todos los documentos en la notaría. Aunque con ese simple gesto había movido -sin llegar siquiera a intuirlo- una veintena de millones de euros, su retribución se limitó a 150 euros. Seguramente pensó que era el dinero más fácil que había ganado nunca.