La fiscal alerta de que mujeres maltratadas retiran sus denuncias por el «peregrinaje» judicial

La fiscal especialista en Violencia sobre la Mujer, Concepción López, aprovecha la rendición de cuentas que el Ministerio Público realiza anualmente a través de la memoria para poner sobre la mesa el problema que, a su entender, supone el hecho de que en los juzgados de violencia de género de la capital las guardias no sean a lo largo de veinticuatro horas –como en otros órganos–, sino guardias de semanas alternas en cada uno de los juzgados.

Con este sistema, explica la especialista, los casos que llegan a los tribunales a determinadas horas no recaen inicialmente en el órgano especializado, sino en el juzgado de guardia. En el caso de que el detenido por estos hechos comparezca ante el juez de guardia fuera de las horas ordinarias, este adoptará medidas cautelares y posteriormente, a veces uno o dos días más tarde, las partes deberán comparecer ante el juzgado de violencia sobre la mujer donde se celebrará ya una vista rápida para decidir sobre el asunto. Esta respuesta, que obliga a realizar trámites en días diferentes, remarca la fiscal, «supone una victimización secundaria para las mujeres al tener que acudir a la sede judicial en más de una ocasión y, además, a distintas sedes». Lo deseable, enfatiza Concepción López, sería que los juzgados especializados en la batalla contra esta lacra se organizasen también por guardias ordinarias «evitando así no sólo el perjuicio para las víctimas, sino también pronunciamientos contradictorios habida cuenta de la falta de especialidad en los juzgados de instrucción ordinarios».

La fiscal delegada de violencia sobre la mujer aprovecha, además, este informe para dejar constancia de los obstáculos laborales a los que hace frente su equipo. «El logro de un Pacto de Estado y de un Pacto Regional en Murcia, con las innumerables medidas, necesarias y acertadas para mejorar la lucha contra la violencia de género, no ha previsto correlativamente un aumento de plantilla», remarca. Sugiere además, que las jornadas de guardias, que actualmente no son retribuidas, lo sean para «dignificar la función pública».

Esta no es la única traba que afrontan a diario los especialistas en esta materia que queda patente en la memoria de la Fiscalía de este año. El Ministerio Público vuelve a incidir nuevamente en los problemas técnicos de los que adolecen las pulseras GPS, un dispositivo telemático que utilizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para comprobar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor. Actualmente hasta 207 personas en la Región emplean esos dispositivos, según datos ofrecidos por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno. Una tecnología ideada para proteger a la víctima que, sin embargo, lleva años registrando algunos problemas técnicos que, advierte la Fiscalía, han llevado a «muchas» víctimas a desistir.

Este sistema permite verificar el cumplimiento de las medidas o penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se siguen por malos tratos. A través de dos dispositivos –colocados en el agresor y la víctima–, el centro encargado del llamado dispositivo Cometa es capaz de detectar si el sospechoso se acerca a la mujer, si entra en una zona de exclusión o si destroza el aparato, entre otras posibilidades.

La fiscal explica que el problema se debe, no tanto al fallo del aparato, como al protocolo del centro Cometa, que obliga a llamar reiteradamente a la víctima ante cualquier anomalía. La especialista sugiere que se intenten reducir esas llamadas si no hay constancia de que el agresor ha intentado un acercamiento.