La falta de atractivo económico y la burocracia frenan a la industria minera de la Región de Murcia
Medio Ambiente trata de tentar al sector ofertando otros 18 permisos para buscar recursos o explotar canteras
La industria minera parece no atender, de momento, la llamada de la Comunidad Autónoma para que las empresas del sector opten a hacerse con uno ... de los 28 derechos mineros caducados que han salido a concurso este verano para explorar la presencia de minerales u otros recursos en zonas sin yacimientos o explotar viejas canteras. La última oferta fue publicada esta misma semana por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, un convocatoria donde están 18 permisos concedidos a antiguos proyectos que no llegaron a nada, y que ahora tienen una segunda oportunidad.
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Estos derechos llevan aparejada la concesión de explotación de minas a cielo abierto o el permiso para investigar las posibilidades comerciales de grandes áreas con potencial minero en Moratalla, Cehegín, Caravaca de la Cruz y Mula, territorios que ya aglutinan buena parte de la industria extractiva de la Región. En concreto, estos permisos van relacionados con el aprovechamiento de hierro o roca ornamental, pero el concurso que la Consejería de Medio Ambiente comenzó en julio también abarcaba la búsqueda de minerales.
Hasta la fecha, y con el plazo abierto hasta el 15 de octubre para presentar una oferta por alguno de los derechos mineros, las empresas no han mostrado interés en el primer concurso. La falta de solicitudes tiene una doble explicación para Eduardo Martín, presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (Afarem): por un lado, existe una falta de atractivo económico por esos recursos que lleva a las compañías a no invertir ni apostar por ello y, por otro lado, los proyectos mineros en la Región se enfrentan a enormes dificultades de tramitación, con procesos que se alargan una media de siete años sin que exista garantía de resolución favorable. «Los tiempos son inasumibles», reconoce Martín Pignatelli a LA VERDAD.
Una medida demandada
La asociación, vinculada a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción, lleva advirtiendo desde hace tiempo del impacto económico que supondrá la pérdida de canteras en la Comunidad, actividad que suministra material de obra para grandes infraestructuras hoy en construcción como la alta velocidad a su paso por la Región o nuevas autovías o carreteras en distintos municipios. Los concursos sobre derechos mineros caducados es «medida necesaria, largamente demandada por el sector y positiva por recuperar nuevamente zonas explotables», apunta el presidente.
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Sin embargo, el sector exige culminar de una vez el Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales, documento que ha sufrido diversos parones desde hace casi una década. Este plan debe «garantizar las reservas actuales y futuras capaces de cubrir las necesidades de la sociedad y de la industria», añade. Martín recuerda también que a estos problemas se suma «una creciente carga de exigencias medioambientales y de seguridad, que son necesarias, pero que en la práctica están alargando todavía más los plazos y generando incertidumbre para el inversor».
El dirigente de Afarem remarca que las empresas que pidieron permisos a la Comunidad para buscar o explotar yacimientos pero que, por un motivo u otro, no siguieron adelante, también se vieron afectadas por estas razones. «El resultado es que proyectos que podrían haber contribuido a la autosuficiencia de la Región han quedado en suspenso por la complejidad administrativa, la falta de atractivo económico y las exigencias normativas cada vez mayores».
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Las empresas con derechos deberán lograr la autorización
La Consejería de Medio Ambiente detalla que la adjudicación a través de concursos no otorga directamente «el derecho minero que se solicita sino el derecho preferente a ser tramitado». Es decir, que, una vez resuelto y adjudicado el concurso, las solicitudes tienen que tramitarse desde el principio y podrán obtener o no autorización para investigar o explotar, en función de su tramitación administrativa, incluida la ambiental. «Si tras este procedimiento se constata que sigue sin haber interés en su explotación comercial o en la investigación de su riqueza potencial, por agotamiento de los recursos o por cualquiera otra razón, los derechos se caducan de forma definitiva», explican desde este departamento. Se priorizan proyectos con mayor inversión económica y creación de empleo.
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