La exsecretaria del EPA afirma que el gerente elaboraba los informes sobre la desaladora

María Antonieta Fernández, exsecretaria general del Ente Público del Agua (EPA) y asesora de Antonio Cerdá, el entonces consejero de Agricultura y Agua murciano, aseguró ayer en sede judicial que no intervino en la redacción de los contratos con varios ayuntamientos para dotarles de agua de la desalinizadora de Escombreras. Al declarar como investigada en las diligencias del 'caso La Sal', que tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia con el fin de determinar si en la gestación de esa planta y en su explotación se pudieron cometer varios delitos y causar un importante quebranto al erario público, la asesora legal manifestó que su participación se limitó a realizar gestiones de trámite con esos consistorios.

Además, aseguró desconocer quién fue el autor del proyecto inicial de la desalinizadora y que ella no se encargaba de realizar informes, labor que realizaban el gerente del EPA, Amalio Garrido, también investigado, y los asesores jurídicos.

Finalmente, rechazó que realizara actuación irregular alguna y recalcó que tanto la creación del EPA como la realización de las obras de la planta desalobradora tenían como único objetivo conseguir recursos hídricos que resolvieran el déficit de la cuenca del Segura.

Ayer también prestó declaración como investigado Juan José Beltrán, que fue vicepresidente del EPA, un ente público creado en 2005 por el Gobierno murciano, que lo disolvió en 2013. El alto funcionario indicó que, pese a que en principio podría suponérsele un poder decisorio por la categoría del cargo, de hecho apenas si llegó a ejercer como tal al no producirse los casos de ausencia o enfermedad del presidente del ente, Antonio Cerdá, que habrían determinado su sustitución. Además, aseguró que la gestión era desarrollada sobre todo por el presidente (Cerdá) y por el gerente, y añadió que ni la Intervención del Gobierno de Murcia ni la Consejería de Hacienda plantearon nunca reparo alguno sobre las actividades del EPA.

También declaró José Caballero, un empleado de la empresa Hidronostrum, sociedad que estuvo en el origen de la creación del proyecto de la desalinizadora, quien pidió a la magistrada que le concretara los presuntos hechos delictivos que se le atribuían para poder defenderse con todas las garantías. Después manifestó que llevaba poco tiempo en la sociedad cuando se produjeron los hechos que se investigan y que al archivo del ordenador intervenido por las fuerzas policiales tenían también acceso otras personas.

Añadió que algunos documentos intervenidos por los agentes y que están siendo tenidos en cuenta por los investigadores como indicios de presuntas actuaciones irregulares eran solo opiniones personales, plasmadas en esos papeles, que en modo alguno tenían relación con los hechos al tratarse de reflexiones en abstracto.

En esa misma línea, lamentó que se haya hecho lo que consideró una selección de los textos, ya que considera que los investigadores no han tomado en consideración otros que respaldarían una actuación ajustada a derecho.

Esta ronda de declaraciones de nuevos imputados concluirá esta mañana con la toma de manifestaciones a tres altos directivos de Actividades de Construcción y Servicios (Grupo ACS), la empresa que acabó finalmente realizando las obras de la desalinizadora.

Las diligencias del 'caso La Sal' tratan de establecer si altos cargos de la Administración regional se coordinaron con empresarios del sector privado para desarrollar un proyecto, el de la desaladora de Escombreras, que acabó siendo gravemente oneroso para las arcas públicas, con compromisos de pago de 600 millones en 25 años por el alquiler de la planta.