El exjefe jurídico de Fomento insiste en su inocencia ante el juicio por presunta corrupción: «Jamás me lucré en la Consejería»

Este funcionario de la Comunidad Autónoma, apartado en su día de Fomento y ahora «técnico responsable en la Dirección General de Función Pública» y Diálogo Social, en la Consejería de Economía, tenía previsto solicitar a la Audiencia Provincial declarar al final de la vista oral, lo que le acabó concediéndole el tribunal en la primera de las diez sesiones previstas. No obstante, Pérez Almansa, procesado por siete ilícitos (estafa continuada, tráfico de influencias, falsedad en documento público, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y actividades y negociaciones prohibidas), accedió a atender a este diario.

Con aparente aplomo, Pérez Almansa resumió de esta forma cómo explica esta abultada solicitud del Ministerio Público, quien lo señala como autor de amaños de licencias y informes jurídicos durante años a cambio del cobro de comisiones: «Soy un chivo expiatorio, una víctima de alguna enemistad. Pero confío en la Justicia y en la Audiencia Provincial, que es un tribunal profesional, para que todo se aclare por fin». Y, como prueba de que no tiene «nada que ocultar», añadió que entró en la sede judicial sin taparse la cara ante el fotógrafo e insistiendo en el rechazo a un acuerdo con la Fiscalía para «quitar seis delitos, salvo el de falsedad documental, y dejar la pena en 4 años».

«Solo espero que me absuelvan y salir ya de este calvario, porque yo me casé un sábado y me detuvieron un martes en mayo de 2019; y porque, en estos seis años, ha muerto mi madre y socialmente mucha gente no quiere saber nada de mí», remató el funcionario.

Pérez Almanza, según plasma el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, utilizaba su despacho oficial en la sede de la Consejería de Fomento, en la plaza Santoña de Murcia, para «captar clientes» con la finalidad de «participar e intermediar en actuaciones urbanísticas y de otra índole, solicitando y, en ocasiones, cobrando por ello «dinero en efectivo». Su 'catálogo' de servicios incluía desde la alteración de informes urbanísticos para conseguir o ganar edificabilidad en proyectos de construcción en Murcia hasta las falsas promesas de adjudicación de obras públicas en Lorca, renovaciones de tarjetas de transporte para camiones, anulación de sanciones, legalización de naves industriales en Pozo Estrecho (Cartagena) e incluso la licencia para un cebadero de cerdos en Mazarrón.

Este viernes por la mañana, en la sala de vistas, José María Caballero, abogado de Pérez Almansa, insistió en la petición de absolución y alegó que su cliente ha sufrido «indefensión», por la «vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías». Indicó que, en la fase de investigación, se permitió actuar «como juez y parte» a la Comunidad, en sus tareas de auxilio judicial para el volcado de correos electrónicos y otras comunicaciones del exjefe jurídico. Caballero pidió anular la transcripción de audios y correos electrónicos, aludió a una ruptura de la cadena de custodia del teléfono móvil de Pérez Almansa y anunció eventuales recursos.

El fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, rechazó estas alegaciones, defendió la pulcritud del proceso y mantuvo la acusación contra Pérez Almansa. Recordó que la Comunidad no se presentó como querellante ni con otra condición en esta causa, sino que solo remitió a la Fiscalía un archivo de audio con una conversación entre el exjefe jurídico y un particular, por si los hechos constituían delito, y dio un auxilio técnico necesario. Agregó que dicho particular presentó, además, en 2018 una denuncia ante la Guardia Civil y que esta obtuvo otros dos audios incriminatorios.

A ello hay que añadir la denuncia contra Pérez Almansa que la empresa Trade Bloc SL interpuso en 2019 ante un juzgado, recordó el abogado Carlos Bernabé, quien representa como acusación particular a la compañía Astesa y coincidió en que «la Comunidad no fue juez y parte». Ambas compañías se consideran perjudicadas por las eventuales irregularidades del ex técnico de la Consejería, y mientras Trade Bloc solicita 34.687,50 euros de indemnización, Astesa reclama 10.000 euros de indemnización por daños y perjuicios (más cinco años de prisión por cohecho y cinco de inhabilitación).

Bernabé indicó a este periódico que se trata de una cifra «testimonial» respecto al perjuicio sufrido por la denegación de la licencia para un centro de tratamiento de residuos en Cartagena, y subrayó que el propietario de la empresa no accedió a pagar la 'mordida' que le habría pedido Pérez Almansa, a abonar en dos plazos.

La Fiscalía reclama también para Pérez Almansa medio siglo de inhabilitación especial para empleo o cargo público, multas y casi 100.000 euros de indemnización a varios perjudicados -citados como testigos-, en solitario o solidariamente con otro acusado, L. M. M. Para este último, a quien califica como «intermediario» en su escrito de acusación, reclama trece años de cárcel y diecinueve de inhabilitación por delitos continuados de estafa, tráfico de influencias y falsedad, todo ello en connivencia con Pérez Almansa.

Este procesado, quien como anécdota compareció excepcionalmente por videollamada desde su coche por un error en su agenda, reclamó también la absolución. Lo hizo a través de su letrado, Vicente Emilio González, quien se adhirió a los argumentos de Caballero y consiguió que su defendido declare también en la última sesión. Para esta habrá que esperar más de un mes, ya que por cuestiones de calendario de la Audiencia la segunda sesión está fijada para el 21 de febrero.

La vista de este 17 de enero llegó, a su vez, precedida de una comparecencia celebrada hace casi ocho meses. El 21 de mayo de 2024, Pérez Almansa y el mencionado empresario declinaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, un pacto que sí cerraron el Ministerio Público y las defensas de otros tres acusados. Este viernes, los implicados lo ratificaron de viva voz ante el tribunal, presidido por el magistrado Juan del Olmo: R. C. A. aceptó 6 meses de prisión y un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tráfico de influencias, en connivencia con el exjefe autonómico; J. M. O. B., un año de prisión y seis de pérdida del derecho de obtener subvenciones o ayudas fiscales; y J. C. Z. G., quince meses y un día por actividades y negociaciones prohibidas, más una multa e inhabilitación especial. Al ser las penas inferiores a dos años y no tener antecedentes, evitan la entrada en la cárcel.

Como avanzó LA VERDAD en abril de 2021, el asunto más relevante urdido presuntamente por Luis Pérez Almansa fue la alteración de un dictamen urbanístico, a petición del abogado J. M. O. B., para modificar el expediente de unos terrenos pertenecientes a la mercantil Rostoy y luego a la mercantil Promociones Keops en Casillas. El objetivo fue cambiar la actividad permitida en esa parcela, de uso económico a residencial, para poder construir viviendas, con una edificabilidad variable de entre 1 y 1,5 m2/m2.

Dentro de esos trámites, el Ayuntamiento de Murcia hizo una consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda con el fin de conocer cuál sería la tramitación correcta de este expediente. Y fue Luis Pérez Almansa, como jefe de los servicios jurídicos de ese departamento, el encargado de emitir el informe que se envió al Consistorio.

Respecto a este asunto, fuentes de la Fiscalía indicaron que el acuerdo de conformidad con J. M. O. B. no incluye «una multa sobre el beneficio obtenido porque, aunque es evidente que se produjo al pasar la edificabilidad de la parcela de 19.818 metros cuadrados en suelo urbano consolidado de 0,6m2/m2 de uso industrial a 1,5 m2/m2 de uso residencial en todo el Ámbito de la Modificación 105 (después rebajada a 1m2/m2), casi duplicando la inicialmente existente y cambiando su calificación a residencial, no consta cuantificado el valor concreto a efectos de poder concretar dicho importe».