El exconsejero Ruiz, en el juicio de la 'Púnica': «Nunca entré en ese ni en ningún proceso de contratación»

Ruiz, que se plegó únicamente a responder las preguntas de su abogado defensor, Raúl Pardo-Geijo, es el principal procesado en el banquillo de este macrojuicio, que vive ya sus últimos coletazos. Se sienta en él junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. La fiscal considera que el empresario Alejandro de Pedro, supuesto cabecilla de esta trama, junto a Alonso, su presunto socio, aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación al exconsejero Ruiz que serían camuflados simulando un contrato de publicidad cargado al Instituto de Turismo, que dirigía en ese momento dirigía Mariola Martínez.

El exconsejero descartó a lo largo de su declaración, que apenas duró media hora, que hubiera encargado al Instituto de Turismo (Itrem) o el de Fomento (Info) simular contratos para ocultar unos trabajos de mejora de su reputación en su carrera hacia San Esteban. «Yo no podía dar órdenes de contratar un proyecto o una empresa», incidió el acusado, que sí precisó que eran las directoras generales las que tenían esa facultad. «Nosotros solo hablábamos de impulsos políticos». Ruiz insistió en que tanto el Itrem como el Info eran organismos autónomos y que él, pese a ser titular de la Consejería, «no tenía competencias» para tomar decisiones en esas materias.

El extitular de Turismo fue interrogado por su letrado sobre algunas conversaciones captadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las que su exjefe de gabinete, José Fidel Saura, habla en su nombre exigiendo que se acelere la contratación con las empresas de la trama. Descartó que hubiese dado esas órdenes y aseguró, incluso, desconocer que había un contrato en el Instituto de Turismo en marcha. «Me molestó que Fidel hiciese eso. Lo llamé por teléfono y se lo dije», aseguró Ruiz. «Me pidió disculpas y me dijo que lo hacía para que las cosas de la Consejería fuesen más rápidas».

Saura recogió la patata caliente que le había lanzado el exconsejero y, en su declaración, sostuvo que Ruiz no le dio órdenes ni era conocedor de este contrato. «Quizás me excedí usando la palabra del consejero para que fuera más rápido», remarcó a preguntas de su letrado, Francisco Luis Valdés-Albistur. Este acusado aseguró, no obstante, que esas prisas se fundamentaban en la necesidad de que esos supuestos trabajos de impulso del turismo regional en el Reino Unido se iniciasen antes de la feria de turismo que Londres celebraba en noviembre. «El tema de la reputación personal del consejero no se habló en ningún momento», incidió. «Y por supuesto no le di instrucciones a las directoras generales. Me habrían mandado a paseo».

El exsecretario del Instituto de Turismo, Jesús Norberto Galindo, trató de aclarar en su declaración algunas de las conversaciones captadas en las que se le escuchaba hablando con el empresario Alejandro de Pedro. En uno de esos pinchazos Galindo advierte al presunto cabecilla de la trama de que la suya tenía que ser la oferta más barata para hacerse con el negociado sin publicidad. Una afirmación a la que el procesado trató este martes de quitar hierro. «Era una obviedad», incidió. «Creo que se sacó de contexto».

La fiscal Carmen María García anunció este martes una modificación de su escrito de conclusiones en la trama murciana del 'caso Púnica' para introducir una calificación alternativa por la que imputa a los principales procesados, además de supuestos delitos de fraude y prevaricación, delitos de cohecho. Con esta nueva acusación, a la que se adhirió la acusación popular -que ejercen el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)- los principales acusados afrontan sorpresivamente una petición de hasta seis años de cárcel.

La fiscal explicó que esta será la calificación que defenderá a la vista, pero la tildó de alternativa a la espera de recibir el «visado» de su superior. Según ha podido saber LA VERDAD, con este nuevo escrito, por ejemplo, el exconsejero Ruiz pasa de afrontar una pena de cuatro años de cárcel a una de seis. Algo similar ocurre con su jefe de gabinete, José Fidel Saura, que afrontaba tres años y medio de cárcel y ahora tiene que encarar una pena de seis años.

Reclama también seis años de cárcel para la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez –defendida por el abogado Evaristo Llanos– frente a los dos y medio que solicitaba inicialmente. La representante del Ministerio Público imputa, además, ese supuesto cohecho a Alonso y De Pedro, que también ven agravadas sus penas hasta los seis años.