Cerdá rechaza declarar en la causa contra Valcárcel por la desaladora de Escombreras

El exconsejero de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia Antonio Cerdá ha comunicado al juzgado que investiga la pieza separada de la desalinizador de Escombreras abierta contra el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel que no prestará declaración en la misma, en la que está citado como testigo.

A través de un escrito presentado por su letrado Cerdá adelanta, «a los efectos oportunos», que se acogerá a su derecho a no declarar dado que figura como investigado en la causa principal que sobre el mismo tema se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia desde 2016.

Y añade que esa circunstancia hace que disponga de «su especial estatuto», al que se acoge para ejercer su derecho a no declarar, en condición de testigo, en esa pieza separada, en la que estaba citado para este martes.

En esta tesitura, fuentes próximas al caso confirmaron este lunes por la tarde a LA VERDAD que la titular del juzgado, Ana Isabel Navarro, ha decidido suspender esta diligencia, a la espera de conocer la posición de la Fiscalía y del resto de las partes personadas en esta causa. Todo apunta, sin embargo, a que Cerdá logrará su propósito de no tener que prestar declaración como testigo, debido a la excepcional circunstancia de estar a la vez imputado en este mismo asunto, aunque en un juzgado diferente.

La toma de declaración a Antonio Cerdá se había decidido a instancias de la Fiscalía, que había reclamado que fueran citados como testigos una serie de antiguos altos cargos de la Comunidad Autónoma, entre ellos la exconsejera de Hacienda Inmaculada García y la ex directora general de Presupuestos Isabel Martínez. Ninguna de ellas compareció en el juzgado, hace dos semanas, ya que no pudieron ser citadas formalmente en su momento, por lo que lo harán la semana próxima.

Tampoco declaró días atrás el antiguo gerente del Ente Público del Agua (EPA) Amalio Garrido, al alegar su defensa que no había tenido tiempo suficiente para instruirse en la causa.

Con estas tomas de declaración, el juzgado pretende conocer nuevos datos sobre las razones por las que la Administración regional suscribió un aval bancario por 111 millones de euros, que eran los que la firma privada Hydromanagement había solicitado para construir la desaladora de Escombreras.

En esta pieza, se investiga si Valcárcel incurrió en presuntos delitos de prevaricación, mal