Esteban Beltrán: «El traslado de los niños extranjeros de Santa Cruz viola leyes internacionales»

–¿Qué situaciones ve con especial preocupación en la Región de Murcia?

–Hay aspectos aquí que preocupan a toda la comunidad internacional. Por un lado los incidentes racistas que hubo en Torre Pacheco, que es quizá el elemento de mayor gravedad ocurrido en mucho tiempo en España. En esto, ahora es importante que haya claridad por parte de las autoridades sobre lo que pasó. Hubo detenidos, ha habido investigaciones y multas. Hay información que no se conoce y que nosotros hemos pedido al Ministerio del Interior. Y el otro aspecto tiene que ver con los menores. Preocupa, primero, que se ha cerrado un centro de menores y se ha trasladado a un lugar remoto y aislado solo a los niños y niñas extranjeros, y después, que haya habido además un debate, afortunadamente rechazado firmemente por el Partido Popular, para que se cerraran el resto de los centros. Pero solo el hecho de que se proponga ese debate culpabilizando a los menores con lenguaje de violencia es ya muy preocupante.

–¿Tiene encaje ese traslado al albergue de El Valle en la obligación de velar por el interés superior del menor?

–Es un traslado claramente discriminatorio, porque no hay españoles. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de los derechos humanos, viola leyes internacionales. Además, nunca se han dado las razones técnicas por las que se ha cerrado el centro de Santa Cruz, cuando todavía los niños siguen estudiando allí. Hay un elemento realmente incomprensible si no se explica desde el punto de vista racista. El Gobierno murciano nunca puso ningún problema a los menores, con toda razón, ucranianos, acompañados o no, que llegaron aquí también.

–Y en este contexto, llega el reparto de menores de Canarias. El Gobierno de la Región reclama más fondos para poder atenderlos. ¿Cree que es necesario más apoyo del Ejecutivo central en la crisis migratoria?

–A ver. Estamos hablando de 5.000 menores. No es una llegada masiva. Son niños y niñas que están en unas condiciones muy malas en 80 centros diferentes. ¿No se puede llegar a un acuerdo para esos 5.000 menores? Es insólito. ¿Realmente a Murcia le preocupa que 133 niños o niñas lleguen aquí por una cuestión de recursos? Si fuera solo una cuestión de recursos, por supuesto que tienen todo el derecho a discutir con el Gobierno central sobre ese asunto. Pero estamos hablando de 133, lo que desmiente que el problema sea solo de recursos. Nosotros hemos hecho sugerencias al Gobierno central sobre el reglamento, sobre cómo deben distribuirse los niños y niñas, y hemos defendido que debe escucharse a los niños y niñas, a los que a lo mejor se traslada a una comunidad autónoma y su familia está en otra. Pero eso son cuestiones del día a día. El problema aquí es la política general del Gobierno de la Región de Murcia, que a veces, con su aliado Vox, cuando era aliado, ha transmitido mensajes discriminatorios. No quiero hacer una traslación directa de lo que ocurrió en Torre Pacheco o en Jumilla con estos aspectos, pero es verdad que es peligroso mandar este tipo de mensajes.

–¿Qué otros derechos ve peligrar actualmente?

–A nivel global, vemos ataques al derecho a la protesta en las democracias. En Reino Unido hay 1.450 detenidos por protestar por Palestina, cuando hablamos de un genocidio en marcha que puede producirse en Gaza. Si estamos hablando de bombardeos a lanchas de presuntos narcotraficantes, en vez de detenerlas, vamos a un mundo sin derechos. Pero en el ámbito de España el gran problema mayoritario de derechos humanos es el acceso a la vivienda. Necesitamos mucha más vivienda pública. La media europea es de un 6%, y la que hay en España es un 4%. Eso no significa que se regale una vivienda, sino que haya alquileres bajos, sociales, para que los jóvenes puedan acceder a ella. En España, por primera vez desde que llegó la democracia, tenemos una ley de vivienda que la reconoce como un derecho legal. Aun así, hay aspectos que no se ponen en marcha, como las zonas tensionadas, por parte del Gobierno de Murcia y otros, para tratar de hacer que el alquiler esté controlado. Donde ha habido zonas tensionadas, como Cataluña o el País Vasco, el alquiler se mantuvo muy bajo. Dicen que hay una disminución de la oferta, que es lo que dice por ejemplo el Gobierno de Murcia, pero no está claro. Lo que ha habido hasta ahora es una bajada de los alquileres. Aunque únicamente esto no es la solución, tiene que ir acompañado de más medidas. La prioridad debe ser facilitar el acceso a la población joven a la vivienda. Es un derecho humano, y tienes que reconocerlo como tal.