Los menores de Santa Cruz, sin paz un mes después
La salida de los niños del Rosa Peñas a El Valle no contenta a Vox y preocupa a las entidades sociales: el centro no cumple las exigencias del nuevo modelo de atención y obliga a hacer traslados diarios para que puedan ir a clase
Un mes después de la salida efectiva de los menores que residían en el centro de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, por el acuerdo de Presupuestos del Partido Popular y Vox, las dudas sobre su futuro a largo plazo y el ruido político en torno a su ubicación no cesan.
El proceso para liberar las instalaciones y dedicarlas a otros fines sociosanitarios, como figura en el pacto entre ambas formaciones, culminó con el traslado de la mayor parte de los menores al albergue juvenil El Valle, en mitad del Parque Regional El Valle y Carrascoy, aunque esta nueva ubicación no ha sido nunca confirmada desde el Gobierno regional, que se ha negado a facilitar cualquier información sobre su actuación en uno de los episodios más controvertidos de la legislatura en materia social. La versión oficial se ha mantenido anclada desde hace meses en la misma idea: que la Comunidad sigue trabajando y avanzando «en el nuevo modelo de acogimiento, más parecido a un hogar».
Sin embargo, el cambio no cuenta con el respaldo de las organizaciones que trabajan con la infancia, que lo consideran un salto atrás en el cumplimiento de ese objetivo.
La Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la Región de Murcia, que integra a 15 entidades que trabajan con menores en la Comunidad, recuerda que «el Gobierno regional hablaba de una integración en hogares más pequeños y entornos más familiares». «Lo que encontramos es que esa pretendida desinstitucionalización se ha trasladado, precisamente, a un lugar donde la institución es lo que prima», lamenta Juana López Calero, presidenta de la Plataforma. «Allí los niños no tienen ninguna posibilidad de relación ni de integración en entornos adecuados», asegura.
Al aislamiento que supone la vida en el albergue, se suma el cambio organizativo y la segregación. El centro de menores de Santa Cruz contaba con tres unidades de convivencia diferenciadas y organizadas como tres viviendas de menor tamaño separadas e independientes, donde se repartían los cerca de 60 menores que ha habido que reubicar. En una de ellas había únicamente menores españoles y en las otras dos, extranjeros, según señalan fuentes de los trabajadores. Antes del cierre, se derivó a los nacionales a otros recursos, dejando únicamente ocupadas las dos donde residían extranjeros, 47 en total. Y estos fueron los que se trasladaron al albergue.
«Allí no tienen posibilidad de relación ni de integración», critica la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de la Región
Allí no existe esa separación en unidades más pequeñas. Los menores comparten un único espacio de gran tamaño donde las zonas comunes se utilizan por turnos horarios.
Menos parecido a un hogar
De la falta de adecuación de las instalaciones para el fin al que se están dedicando hablan los propios planes del Ejecutivo regional, que hasta hace un par de meses no las contemplaba como opción. La Consejería de Turismo había anunciado en junio que licitaría a una empresa la explotación del albergue como alojamiento turístico para jóvenes y lugar de ocio. Solo cuatro meses después, paralizaba el proceso para destinarlo a los menores de Santa Cruz como solución de urgencia.
«El lugar no está pensado para ser un centro de menores. Las instalaciones están muy bien, todo es muy nuevo, pero no tiene el sentido de hogar que tenía la anterior ubicación», señala Iván Fueyo, responsable de Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras. «No pueden ni siquiera colgar sus pósteres ni nada en las paredes, como sí hacían en Santa Cruz. Parece que fuera un lugar de paso».
Así lo refleja la propia orden de no licitación publicada por Turismo el 3 de octubre, que especifica el carácter provisional de la medida. Este justifica la decisión de cambiar su uso con la petición de la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación de utilizar el lugar «de forma temporal» con el fin de acoger a menores «en situación de urgencia o emergencia social» tutelados por la Administración.
Por otra parte, la nueva ubicación ha generado un inconveniente añadido a los menores, según explica Fueyo: los residentes, que ya estaban matriculados para el presente curso cuando se les sacó del Rosa Peñas, siguen acudiendo a los mismos centros educativos en Santa Cruz, lo que obliga a realizar continuos traslados a la pedanía para que puedan acudir a clase. «Críos que antes iban andando a su centro educativo se encuentran con que ahora necesitan que los lleven desde El Valle, lo que es un esfuerzo también logístico importante», subraya el representante sindical, que destaca además la ausencia de transporte público en el albergue.
Además, hay una circunstancia que ha puesto en guardia a los trabajadores: desde la llegada de los chicos a El Valle «ya se han dado dos casos de bajas por cumplir la mayoría de edad sin que se hayan cubierto esas plazas. Estamos alertados por si, a medida que cumplan los 18 y no se meta a otros menores, se pueda recortar la plantilla actual y que acabe cerrando», afirma.
En el ámbito político, el movimiento tampoco ha dejado contento a nadie. Lejos de apaciguar a Vox, la salida de los menores de Santa Cruz ha derivado en una escalada de tensión con el PP. El Grupo Municipal Vox en Murcia, con Luis Gestoso a la cabeza, llegó a plantarse hace unas semanas en el entorno del albergue para reclamar la expulsión de los chicos de su nueva ubicación. Tampoco en mitad de la sierra se salvan de las protestas y las acusaciones de generar «conflictos, episodios de violencia y deteriorar la convivencia». Tras eso, la formación puso sus ojos en un nuevo centro en Beniaján, cuyo cierre apoyó el pedáneo, del PP. Y a nivel regional, sigue creciendo la presión, con Vox insistiendo en pedir la clausura de todos los centros de menores de la Región, unos 40 en total, donde viven cerca de 700 niños y adolescentes. El pasado miércoles, esta petición, en forma de moción, se estrelló en la Asamblea Regional con el rechazo de todos los grupos, pero asentó la idea de que el cierre de Santa Cruz no fue el final, sino el principio.
