La empresa de Pedro Antonio Sánchez también accedió a avales del ICO en la pandemia

La entidad pública estatal Red.es, dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificia (adscrita a su vez al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que dirige Nadia Calviño) concedió a la firma con sede en Puerto Lumbreras una «entrega dineraria sin contraprestación», por valor de 2.000 euros, la cual fue aprobada el pasado 17 de febrero de 2023.

Se trata de unas ayudas «para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo», que se enmarcan dentro de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. El dinero procede de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Asimismo, la empresa de Pedro Antonio Sánchez consta como beneficiaria de dos avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de 48.000 euros cada uno (en total, 96.000 euros), dentro del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que el Gobierno de España puso en marcha en el inicio de la pandemia para garantizar la liquidez a empresas y autónomos ante el 'tsunami' que supuso a todos los niveles la primera ola de la pandemia.

El objeto de estos avales del ICO era «facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la Covid-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como pagos de salarios; facturas de proveedores pendientes de liquidar; alquileres de locales, oficinas e instalaciones; gastos de suministros; necesidad de circulante; y otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias».

No obstante, estos avales no eran ayudas a fondo perdido, sino que hay que reintegrar el dinero, como en un préstamo. Cientos de empresas se han visto con dificultades para devolver estas cantidades a los bancos, lo que obligó al Gobierno de España a prorrogar en varias ocasiones el plazo de vencimiento.

El objeto social de la empresa de Pedro Antonio Sánchez, que en los últimos años ha residido en Miami (EE UU), es «la consultoría y asesoramiento de empresas y personas físicas en su más amplia acepción». También las «tasaciones y peritaciones», así como «servicios de secretaría y traducciones, cursillos y servicios de enseñanza y servicios de telemarketing», según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Como apoderado de la empresa, figura un hermano del expresidente.

Por otra parte, el diputado de Ciudadanos Juan José Molina Gallardo ha registrado un escrito ante la Mesa de la Asamblea Regional en el que solicita la copia del expediente completo de la subvención de 26.412 euros concedida por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a la empresa Tempori Parce S.L., así como la documentación que dicha sociedad aportó para acceder al programa de ayudas directas a autónomos y empresas por la crisis de la Covid-19.

Asimismo, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se pronunció sobre la condena a tres años de prisión a su antecesor por el 'caso Auditorio'. El jefe del Ejecutivo reiteró, como ya dijo cuando se conoció la sentencia el pasado martes, su «respeto absoluto» a las resoluciones judiciales. Y se remitió al comunicado oficial del PP, en el que decía que Pedro Antonio Sánchez ya no es militante del partido.

López Miras recordó que los hechos por los que se condena a Sánchez ocurrieron hace 18 años, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Y añdió que desde el Gobierno regional se han limitado a ocuparse del «trabajo diario, el presente y el futuro».