El emisario de Cala Reona no tendrá un arreglo temporal

«El emisario es una instalación que debe ser completamente renovada. Y Costas del Estado ha indicado que la infraestructura no es susceptible de ser legalizada. Por lo tanto, procede construir un nuevo emisario, y se va a ocupar el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que ya se encuentra en fase de redacción del proyecto», explicaron fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a preguntas de LA VERDAD.

Aludieron así al proyecto de construcción de un nuevo emisario, cuya redacción fue licitado en septiembre por la CHS por un importe de 270.268,84 euros y un plazo de ejecución de quince meses. A esta inversión, asumida por el Ministerio que dirige Teresa Ribera dentro de su estrategia de recuperación ambiental del Mar Menor y su cuenca, hay que sumar la de la ampliación y el desarrollo del tratamiento terciario de la citada depuradora (la EDAR Mar Menor Sur). En este caso, la CHS licitó también en septiembre el proyecto por 119.790 euros y un periodo de 8 meses.

Esta instalación recoge las aguas residuales de El Carmolí, Los Urrutias, Estrella de Mar, Los Nietos, Mar de Cristal, Playa Honda, Los Belones, Llano del Beal, El Algar, Cabo de Palos y La Manga. Y tiene una capacidad de 50.000 metros cúbicos al día, con con un volumen anual tratado de 3.927.065 metros cúbicos, dado el fuerte aumento de la población en los meses de verano. Fuentes de la CHS, que buscan mejorar «la calidad del efluente» que llega al mar –y que eventualmente podrá ser reutilizado para riego agrícola y otros usos–, indicaron que ya «está redactándose el proyecto y elaborándose los estudios oportunos de batimetría, sensor de corrientes» y otros». Eso incluye inmersiones de buzos para la toma de datos. Evitaron dar fechas sobre la ejecución de las obras.

La plataforma de vecinos, empresarios y colectivos (como los de pescadores de Cabo de Palos, los vecinos de Cobaticas-La Jordana, Procabo, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción y Anse) teme que el nuevo tubo –que piden sumergir y alejar de la costa– no esté hasta dentro de cuatro o más años. Los trámites incluyen informes ambientales y de otro tipo.

Esta situación y el informe del científico José Templado, del Museo Nacional de Ciencias Naturales / CSIC, sobre el deterioro de las aguas, las algas endémicas y los arrecifes por años de vertidos de aguas sin tratar o con un tratamiento deficiente ha llevado a esa plataforma a movilizarse.

Los afectados han convocado una concentración el próximo domingo 17, a las 11.30 horas, en la playa bajo el lema 'Cala Reona. Ante el citado estudio, adelantado por este diario, reclamarán medidas urgentes y efectivas para proteger las zonas de baño y la franja litoral de Cabo de Palos y el parque regional de Calblanque.

Mientras, el Grupo Municipal MC ha reclamado al Gobierno local de Cartagena que «deje la huelga de brazos caídos que lleva en el asunto del emisario y se siente con las administraciones nacional y regional para decidir quién va a financiar la necesaria y costosa obra de arreglo de esta conducción». «La CHS ha asumido el proyecto. Pero ahora habrá que ejecutarlo y el coste será millonario», advirtió el concejal portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo. Y criticó que el Ayuntamiento rechazó hace más de cinco años su petición de exigir a Esamur que asumiera el coste del arreglo definitivo del emisario», dañado entre otras cosas por los temporales, y evitar «vertidos indiscriminados».

A finales de 2022, el Consistorio requirió a Esamur, una entidad de la Consejería, para que se hiciera cargo del coste de la reparación. El Ejecutivo dirigido por Noelia Arroyo reclamó a la Comunidad 312.000 euros por los gastos efectuados tras una rotura en 2021. El asunto derivó en un pleito en la vía contencioso-administrativa, pendiente de sentencia.

Sobre las críticas de MC al nuevo convenio con Esamur, en el Ayuntamiento indicaron que abarca solo el mantenimiento y crece en 600.000 euros, hasta un gasto anual de 4.705.449 euros para financiar las infraestructuras de tratamiento e impulsión de aguas residuales. «Las inversiones están pendientes de acordar», añadieron.