Ecologistas pide que se inhabilite 12 años a la alcaldesa de Puerto Lumbreras por las supuestas irregularidades de una macrogranja porcina
La asociación exige, además, otros nueve años de inhabilitación para la arquitecta municipal y que se imponga una multa de 600.000 euros al dueño de la explotación ganadera
Las supuestas irregularidades destapadas en torno a una macrogranja de cerdos ubicada en el paraje lumbrerense de El Campillo podrían hacer tambalear la carrera política de la alcaldesa de Puerto Lumbreras, la popular Mari Ángeles Túnez. La organización Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en este caso representada por el abogado José Manuel Muñoz, reclama que se le impongan a la regidora hasta 12 años de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito continuado de prevaricación y un delito de ordenación del territorio.
En su escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, esta parte reclama, asimismo, que se le impongan nueve años de inhabilitación a la arquitecta municipal, Ana I. D.; y una multa de 600.000 euros al propietario de la explotación ganadera, Juan J.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Lorca ordenó recientemente la continuación del procedimiento, procesando a la regidora popular por un presunto delito de prevaricación administrativa. El magistrado dio traslado a las partes para que se pronunciasen sobre la apertura de juicio y las partes contaban con diez días para formular escrito de acusación o de sobreseimiento.
Ampliación sin licencia
Las presuntas irregularidades sobre las que gira esta investigación y que podrían acabar llevando a Túnez a juicio fueron denunciadas por Ecologistas en Acción. En un informe, a los investigadores del Seprona de la Guardia Civil concluyen que las obras de ampliación realizadas en la explotación se llevaron a cabo sin licencia urbanística. Además, los agentes remarcan que las instalaciones cuentan con seis naves y que solo dos de ellas constan en el registro regional de explotaciones porcinas (REGA).
El juez, en su auto, sostiene que la alcaldesa, que también asume las competencias de Urbanismo, «omitió la realización de las inspecciones debidas en la zona donde se llevó a cabo la construcción». El magistrado explica que la propia arquitecta municipal reconoció, en su declaración, que nadie se encargó de ello. «Era responsabilidad de la alcaldesa», incide el auto, «poner los medios necesarios para que la misma tuviera lugar y no lo hizo».
El instructor hace hincapié, asimismo, en que consta que Túnez tuvo conocimiento de la construcción, pues existía denuncia y el expediente se inició a su instancia. Remarca, no obstante, que ese expediente caducó «debido a su pasiva actitud». El juez explica que el técnico que debía responsabilizarse de ese expediente se marchó por traslado y que, pese a contar con personal suficiente para suplir a este trabajador, esa sustitución no se produjo. «Puede decirse», remarca el juez, «que dicho expediente caduca porque lo deja caducar».
