Ecologistas en Acción pide una consulta al tribunal de la UE sobre el caso de la Balsa Jenny

Esta organización pretende que la Justicia europea revise la decisión adoptada en mayo por la Audiencia Provincial de Murcia de anular dos medidas cautelares ordenadas por el juez Raúl Sánchez Conesa en 2022. El instructor ordenó a Portmán Golf, titular del vertedero, el sellado urgente del depósito; y mandó suspender la actividad agrícola en tres parcelas cercanas, de otras compañías, contaminadas por lixiviados de aguas con metales pesados procedentes de este vertedero peligroso, según denunció el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

En un escrito dirigido esta semana al juez por el abogado José Manuel Muñoz Ortín, al que ha accedido LA VERDAD, Ecologistas en Acción pide al magistrado «que presente una cuestión prejudicial europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Busca que Luxemburgo decida si el auto de la Audiencia que revocó la prohibición del cultivo de productos agrícolas para consumo humano y animal, ante las altas concentraciones de plomo, arsénico, cadmio, cobre y zinc, «es contrario a la normativa europea».

El abogado insta a «prevenir daños» a los ecosistemas, los consumidores y los trabajadores agrícolas, sobre la base del principio de precaución del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. «¿Es compatible la revocación de las medidas cautelares, dictadas tras el atestado» del Seprona de octubre 2022, «con la normativa aplicable en materia de salud pública, medio ambiente y seguridad alimentaria de la Unión Europea?», indica.

Y cita normativas comunitaria como el reglamento de límites máximos de contaminantes en los alimentos; la directiva sobre calidad del aire ambiente; y la directiva sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. Asimismo, menciona la legislación nacional, como el real decreto sobre la evaluación de las aguas superficiales.

«¿Tiene el juez de instrucción la obligación de adoptar de forma inmediata las medidas que eviten la continuidad del daño por la contaminación de los suelos y las aguas y un riesgo muy grave en la salud de consumidores y trabajadores agrícolas?», señala Muñoz Ortín. Y alude a la eventual responsabilidad de la Comunidad Autónoma por «inacción» en la protección ambiental y de la salud de los vecinos.

El juez espera el informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía estatal. Y ha pedido otro similar a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil. Ello, tras admitir parcialmente el recurso de Ecologistas contra el auto previo al procesamiento de las tres empresas. Estas niegan las acusaciones y han recurrido a la Audiencia para que archive el caso. El traslado de los residuos costó 6,5 millones de euros a la Comunidad y el Ministerio de Medio Ambiente.

En paralelo, Ecologistas en Acción exigirá que la Consejería de Medio Ambiente aclare al juzgado la situación del expediente de declaración de las parcelas agrícolas como suelos contaminados, instada por el juez.