Dueños de fincas próximas al Mar Menor plantan cereales por los problemas para regar

Lo han hecho por los problemas para garantizar el riego de las explotaciones de hortalizas, debido el cierre de la desaladora de Escombreras y a la prohibición de evacuar aguas de rechazo a través del emisario de Cala Reona. El primer bloqueo está vinculado a las medidas de protección ambiental de la laguna y, el segundo, a los controles sobre el vertido de salmuera al Mediterráneo. Esto les deja sin poder aprovechar el agua tratada en la depuradora municipal de Cabo de Palos, que mezclan con la de los pozos autorizados. No usan agua del Travase Tajo-Segura.

La cebada ha cogido ya un porte que permite verla desde la autovía y desde la carretera de Los Belones a La Manga Club, en torno al paraje de El Sabinar. Y en la carretera de Los Urrutias, en las proximidades del humedal de Lo Poyo, también se advierte una parcela dedicada al trigo.

Son cultivos impulsados por particulares y empresas con ánimo de que sean «complementarios y provisionales», indicaron a LA VERDAD fuentes de Arco Sur. Explicaron que los ingresos esperados por la venta del cereal apenas los hace rentables y que los regantes, algunos de los cuales han trasladado el regadío a otras zonas de la Región de Murcia y de provincias limítrofes, esperan a que las administraciones públicas atiendan sus solicitudes para retomar la actividad normal en las áreas con derechos de riego. Este parón, denunciaron, «destruye empleos» y merma la economía.

En Arco Sur, lamentaron que tras el cierre del grifo a unas 1.500 hectáreas por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), «a pesar de que tienen derechos históricos», los agricultores se han topado con la imposibilidad de regar las otras 1.500. La desaladora de Escombreras, arrendada por la Comunidad Autónoma al Grupo ACS (que lidera Florentino Pérez) y a un grupo minoritario de socios murcianos, fue paralizada en octubre hasta que la CHS comprobara que los clientes cumplían las medidas de protección del acuífero y de la albufera frente a los nitratos y fertilizantes.

Y Arco Sur espera ya dos años a que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el área de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica resuelvan sus alegaciones contra el precinto de su desaladora y contra la prohibición de hacer vertidos tierra-mar.

Los regantes se sienten «víctimas» de la burocracia, la «falta de entendimiento entre instituciones» y el rechazo a contar con ellos para «colaborar en dar soluciones al Mar Menor». Por ejemplo, plantean reactivar su red de drenajes, un salmueroducto sin uso desde 2017 que «permitiría retener las aguas de escorrentía subsuperficial y reutilizarlas para riego, previo proceso de desalación y desnitrificación».

Y recuerdan que el emisario lleva 25 años sin ser legalizado, pese a que lo usa el Ayuntamiento. Este, además, debe repararlo tras los destrozos de un temporal. Eso le costará 7 millones de euros, de los que por ahora no dispone.