La Asamblea Regional rechaza tramitar la ILP de vivienda y la ley de comarcas del PSOE

Respecto a la ILP, entre otras cosas, planteaba la modificación de la ley autonómica de vivienda, que fue aprobada en 2015 y que aún está por desarrollar al no redactarse los reglamentos que estaban previstos. Entre las cosas que demandaba, estaban la ampliación y mejora del alquiler social, la declaración de las zonas tensionadas que contempla la normativa estatal, el aumento del parque público de viviendas en la Región, evitando su venta los fondos buitres, así como la creación de un registro autonómico de demandantes de vivienda.

El diputado del PP Antonio Landáburu justificó el voto en contra de su grupo en que «esta ILP no aporta soluciones al problema de la vivienda», el cual, según recordó, ha pasado de ser la preocupación número 16 de los ciudadanos españoles a ser la primera.

En ese sentido, reprochó al PSOE el bloqueo en el Congreso de la ley contra la okupación que impulsó el PP en el Senado, la cual «daría herramientas a jueces y policías para el desalojo de los okupas en 48 horas». Asimismo, se sorprendió de que «esta ILP proponga la derogación de modificaciones aprobadas con amplio consenso en esta Cámara que reforzaron la protección de colectivos vulnerables».

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arcas recordó el informe jurídico desfavorable que los servicios jurídicos de la Asamblea Regional realizaron sobre la ILP que, según afirmó, «contiene faltas de ortografía y tiene mal hasta su propio título». Para el parlamentario, la propuesta «es una medida publicitaria de la izquierda» que su única propuesta «es eliminar la palabra okupación de la ley regional de vivienda». De esta forma, acusó a los promotores y a los partidos de la izquierda de engañar a los ciudadanos que han firmado la ILP.

El diputado del PSOE Miguel Ortega planteó que se admitiera la ILP y que, durante la tramitación parlamentaria, y a través del diálogo entre los grupos y con los promotores de la misma, se llevaran a cabo las modificaciones necesarias.

Ortega acusó al PP de no tener soluciones al problema de la vivienda, «limitándose a decir en su último congreso que van a construir muchas viviendas». «Sus señorías del PP no tiene problema de acceso a la vivienda, pero allí fuera está la ciudadanía siendo expulsada de las ciudades, anclada en casa de sus padres», reprochó el diputado, que anunció que su grupo llevará a la Cámara en septiembre la propuesta de la iniciativa legislativa popular.

Por parte del Grupo Mixto, María Marín (Podemos) denunció «el desprecio» de PP y Vox a los más de 16.000 ciudadanos que firmaron la ILP, reprochando también al Gobierno regional «que no tenga ni intención de cumplir las leyes autonómica y estatal de vivienda». Afirmó que la okupación «solo afecta a un 0,05% de los ciudadanos». José Luis Álvarez-Castellanos (IU) también calificó de «desprecio a la ciudadanía y a la democracia» que no se acepte tramitar la ILP.

También tenía un informe desfavorable de los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, como avanzó LA VERDAD, la proposición de ley de comarcalización presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, defendió que las observaciones que hacen los servicios jurídicos de la Asamblea «son subsanables» durante el trámite parlamentario, «porque para eso está el Parlamento». Acusó al PP de que, cuando no le conviene, no se realizan informes jurídicos a las iniciativas, así que entiende que ahora se escudan en la opinión de los letrados para evitar abrir el debate de la comarcalización en la Región.

En ese sentido, reprochó al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, de «ponerse la pulserita» de la provincia marítima cuando se reúnen con colectivos favorables a la biprovincialidad en la campaña electoral, pero luego no querer debatir sobre la comarcalización en la Cámara.

El argumento principal que utilizó el portavoz del PP, Joaquín Segado, para rechazar su admisión a trámite es que la iniciativa «no era para unir, sino para confrontar». «Me resulta difícil pensar que elaborar una chapuza de esta categoría sea solo un trabajo mal hecho. Es algo más. El PSOE no quiere crear un nuevo modelo territorial en la Región de Murcia, sino que nos trae un texto para cumplir el expediente y denunciar que es el PP quien lo bloquea», afirmó el diputado.

De aprobarse la propuesta del PSOE tal y como está presentada, afirmó Segado, «crearíamos un foco de conflictos entre ayuntamientos, entre ayuntamientos y el Gobierno regional, y entre todos con la Asamblea».

Por su parte, el líder de Vox, José Ángel Antelo, criticó que la propuesta socialista «es una chapuza solo comparable a la Ley del Mar Menor», y recuerda que es competencia del Gobierno regional «procurar todos los servicios a los 45 ayuntamientos». «Lo que necesita la Región de Murcia es más gestión y menos burocracia», afirmó.

Por parte del Grupo Mixto, María Marín votó a favor de la proposición de ley, aunque advirtió de que algunos artículos deberían cambiarse, «porque puede darse el caso de que algún municipio sea incluido dentro de una comarca en contra de su voluntad». Sin embargo, es partidaria de que se abra el debate «porque los ciudadanos y ciudadanas de la Región tienen derecho a opinar sobre el modelo territorial que desean». Argumentos similares defendió el diputado de IU, José Luis Álvarez-Castellanos.

Asimismo, la Asamblea Regional aprobó una nueva moción de rechazo a las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, así como la solicitud al Gobierno de España de medidas en defensa del Acueducto. Pese al cruce de reproches que se lanzaron PP y PSOE desde la Cámara, la iniciativa defendida por el diputado popular Jesús Cano contó con el voto a favor de los socialistas y de Vox, tras admitirse parte de una enmienda parcial presentada por dicho grupo. Podemos e IU se abstuvieron.

De igual forma, con el voto en contra del PP, se aprobó una moción del PSOE para la adopción de medidas urgentes para la climatización de los centros educativos de la Región de Murcia. «Ya les avanzo que en septiembre volverá a hacer calor, así que pónganse las pilas», advirtió el diputado socialista Juan Ándrés Torres. Es la cuarta vez que la Asamblea debate sobre este tema en el último año.

Otra moción aprobada, esta vez por unanimidad, fue la presentada por Vox que solicita al Gobierno de España la creación de la especialidad de enfermería oncológica. Podemos, por su parte, retiró finalmente la moción que pedía crear una comisión de investigación sobre las supuestas 'mordidas' en las obras del AVE en la Región.