El fiscal y las acusaciones retiran el delito de fraude de subvenciones a Sánchez

Concluye el interrogatorio de Pedro Antonio Sánchez. Se suspende la sesión hasta el próximo 3 de octubre a las 10.00 horas.

«Antes de acudir a esas comisiones informativas se les facilita a los concejales toda la información de los temas que van a ir a esas comisiones y al Pleno. Pueden con tiempo conocer y valorar el contenido. Asisten y no hacen ningún voto particular en contra», remarca Sánchez.

La propia defensa de Sánchez le pregunta si conoce que existe un informe previo de la comisión informativa de urbanismo y vivienda. Pedro Antonio Sánchez asegura que en esa comisión intervienen todos los grupos políticos y «nadie puso nada en contra».

La defensa de Ecisa y Vicente Gimeno pregunta a Pedro Antonio Sánchez si se reunión con el representante de la citada empresa, extremo que el expresidente niega rotundamente.

«Si algo tiene este expediente es transparencia. Nunca quisimos ocultar nada, ni siquiera los problemas. La Comunidad conoció en todo momento cada virtual problema o inconveniente que iba surgiendo en la obra», asegura el expresidente regional.

«La obra no está inacabada, está acabada según el modificado (firmado en 2010). Lo que está hecho corresponde al 100% de una forma fidedigna a lo que se indica. Esto lo aprueba quien otorga la subvención y lo da por bueno, que es la Comunidad», destaca Sánchez.

«Hay documentos que acreditan que lo que está hecho vale el importe de la subvención. Además, la Comunidad contrata una empresa auditora que así lo certifica», indica Sánchez.

Pedro Antonio Sánchez asume que le informaron de que, una vez iniciadas las obras, «lo que se había proyectado no servía y había que reformular la cimentación, la estructura. El director de obra tiene que presentar un documento de modificación. Como eso me lo dice el concejal de Obras pues dije háganse las cosas con seguridad».

El fiscal recuerda que tras la adjudicación del proyecto se inició un proceso de negociación para acordar el precio con el arquitecto Lejarraga. Pedro Antonio Sánchez asegura que esa negociación «no se hizo desde alcaldía».

«Yo no meto mi lápiz en las bases», dice Sánchez, en referencia al concurso de adjudicación del proyecto del auditorio, después de que el fiscal señale varias anomalías en el documento, como el plazo de presentación de proyectos, que en principio debían ser 52 días, pero que en este caso se redujo a 15.

Pedro Antonio Sánchez: «Yo no tenía por qué dudar de la documentación que me pasaban ni tenía por qué ir a la obra a medir. Así que me quedaba confiar en los profesionales y firmar los documentos que me pasan sin informe negativo y sin objeción».

El expresidente regional afirma que «el expediente técnico y jurídico que acreditase el proyecto no se hizo en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, porque allí no se hacían esas cosas. Se hizo con la normalidad con la que se trabajaba allí y no tiene por qué estar mal, porque la ley no pide esos informes».

«Cuando nos conceden la subvención es cuando el Ayuntamiento inicia todo el procedimiento. Hasta ese momento la obra del auditorio pertenecía al mundo de las ideas», asegura Sánchez.

«El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras pasó en tres años de manejar un presupuesto de cinco o seis millones a uno de veinte, con el trabajo del mismo personal. Cada concejalía hacía lo que podía», subraya Sánchez.

«Nunca hablamos con los propietarios de terrenos de la rambla de Nogalte, porque nunca se planteó hacer el auditorio allí», afirma Sánchez

Sánchez: «Cuando nos piden que acreditemos la titularidad de los terrenos le pido al concejal de Obras que hable con los técnicos y estos le dicen que no hay ningún terreno propiedad del Ayuntamiento en el que se pudiera desarrollar la obra. Si no teníamos ningún terreno teníamos que comprar el terreno o negociar un convenio para su adquisición». «Los propietarios hacen una cesión anticipada al Ayuntamiento para que pueda disponer de ese suelo de equipamiento», indica.

Sánchez reconoce que hubo una reunión del concejal de Obras con la Consejería de Cultura en diciembre de 2006, a la que él no asistió, y asegura que pidió en varias ocasiones una ampliación del plazo porque no se tenía «clara la parcela».

El expresidente regional afirma que no leyó el proyecto: «No leí ni ese ni ninguno similar. Mi labor era darle traslado a un trabajo que había hecho la concejalía correspondiente. No fiscalizamos los documentos que enviamos».

Sánchez: «No es mi función comprobar el registro del Ayuntamiento, ni comprobar qué documentos tienen el sello o no. Imagínese si el alcalde se tiene que dedicar eso. Ese documento pasaría por la concejalía oportuna». «En los ayuntamientos pequeños las cosas van de una mesa a otra, sin procedimientos internos», destaca Sánchez.

Pedro Antonio Sánchez reitera que no hizo ningún encargo a Lejarraga. «Es un documento que él presentó en el Ayuntamiento, pero lo realizó por iniciativa profesional e individual, no porque hubiera un encargo».

«No leí ese documento, ni conozco el contenido», insiste Sánchez.

El fiscal muestra a Pedro Antonio Sánchez un anuario de la localidad en el que se dice que «el ayuntamiento ha encargado un proyecto al señor Lejarraga para construir un auditorio». Pedro Antonio Sánchez afirma que el anuario «no es un documento oficial, no es un documento firmado por mí ni ha pagado esto el Ayuntamiento».

Sánchez niega haber llamado al arquitecto Lejarraga para hablarle del presupuesto para la obra, como se refleja en el testimonio del segundo.

Sánchez: «Al inicio de la legislatura se establece la figura del concejal de Obras, y es a través de él que me llega la noticia de que se habían propuesto ideas para hacer un auditorio».

Sánchez asegura que cuando conoció a Lejarraga, en el marco de una exposición en Puerto Lumbreras, se abordó el tema de la falta de infraestructura cultural del municipio de Puerto Lumbreras. Asegura que Lejarraga le dijo «hay que apostar alcalde por las infraestructuras culturales en el municipio». «Él ofrece darnos ideas y le dije que escuchamos a todo el mundo. Quien quiera darnos ideas las puertas del ayuntamiento están abiertas. El documento del que usted me habla obedece a eso, él propuso documentos con esas ideas que él creía que podían ser buenas. Pero nunca hubo un encargo por parte del Equipo de gobierno, ni un pago».

Sánchez explica que conoció que la subvención para construir el auditorio se materializó a través de un convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. No se trató de una convocatoria para que los ayuntamientos presentasen sus proyectos.

Pedro Antonio Sánchez: «Mi intención es contestar a todas las preguntas que se me hagan excepto las de la acusación popular».

El fiscal pide que el primer acusado en testificar sea Pedro Antonio Sánchez.

Del Olmo procede a fijar el cuadro de prueba en orden a las periciales.

-Se ha acordado que todas las periciales correspondientes a los arquitectos, previstas para el 22 de noviembre pasarán al 21 de noviembre.

-La testifical de Ricardo Fernández Puche pasará del 21 al 22 de noviembre.

-Ese mismo día, 22 de noviembre, se mantiene la pericial de un interventor.

-Uno de los peritos ha fallecido, por lo que su informe será entregado en forma de documento.

Galmes rechaza las peticiones de las defensas como cuestiones previas y aplaza la decisión a la sentencia.

La magistrada Mari Ángeles Galmes toma la palabra. «El tribunal examinará con libertad de criterio la decisión administrativa de que es objeto el procedimiento». Decae la solicitud de la prescripción porque se va a examinar el delito continuado, señala Galmes.

Reinician la vista en el Palacio de Justicia tras el receso.

El juez Del Olmo suspende la vista y da 30 minutos para que las partes puedan ausentarse del Palacio de Justicia.

La acusación popular coincide con el Ministerio Fiscal y recalca que «estamos ante un conjunto de hechos, no de hechos aislados».

Lozano indica que, pese a que la defensa de las acusaciones insisten en que han prescrito los delitos, tras el primer encargo verbal del proyecto en diciembre de 2006 hubo otros encargos de proyectos para el auditorio que no han prescrito.

El fiscal, Juan Pablo Lozano, toma la palabra y señala que «no conviene aislar hechos concretos para el interés de las respectivas representaciones, ya que se juzga todo un relato de los hechos».

El juez Del Olmo acepta que se renuncie a la testigo Carmen Fernández Mallo. Además, en relación a la petición de dispensa de Vicente Gimeno de estar en juicio oral, el Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas no se oponen a que se ausente salvo en los trámites de ineludible presencia.

Solicita que se excluya a Ecisa como «responsable civil subsidiario».

De la Vega solicita que se dispense de la asistencia de juicio oral a Vicente Gimeno por vivir fuera hasta que sea su turno para declarar.

De la Vega pide que las periciales técnicas se celebren el día 21 de noviembre, en lugar del día 22. Ya que ese día hay solo un testigo y el 22 una de las periciales tiene otra vista en Alicante.

Es el turno de Pablo de la Vega Cavero, abogado de Vicente Gimeno Merino, representante legal de Ecisa. Este aporta documentos que tienen que ver con la figura de Vicente Gimeno de 2008 a 2012. Entrega un listado de todas las obras que tenía Ecisa en ese periodo. Y añade que hubo años de más de 200 obras, por lo que, asegura, que es «complicado» que una persona lleve el control sobre todas ellas. Además, asegura que Gimeno era uno de los varios apoderados que Ecisa tenía en ese momento y no el único representante legal.

El abogado del arquitecto Martin Lejarraga Azcarreta, Francisco Nieto Olivares, secunda a sus colegas, que piden que no se entre a discutir sobre una resolución firme. Además, Nieto Olivares afirma que el presunto delito de la redacción de proyecto modificado, que data de abril de 2009, ya habría prescrito por haber transcurrido más de cinco años.

López Navares asegura que «no debería permitirse la tramitación de hechos que ya han sido juzgados por el juzgado de lo contencioso administrativo».

La defensa de Caridad García Vidal, Miguel López Navares, entiende que es preciso tener en cuenta lo que dice una sentencia del 30 de mayo de 2012, que refleja que «no existe fraude de ley por el órgano contratante en el concurso de proyectos, no existe arbitrariedad ni error patente en la convocatoria y resolución del concurso. No puede ser más tajante».

Todas las defensas renuncian a la pericial de Santiago González-Varas.

El magistrado José Antonio Choclán afirma que el juez de lo contencioso administrativo ha resuelto ya sobre la legalidad de los hechos y defiende que el anteproyecto del año 2006 sobre el auditorio «no tenía nada que ver con el proyecto que ganó el concurso en 2008, la única coincidencia era el autor del proyecto, pero no sobre la idea. El proyecto de 2018 dice la sala que no es ilegal».

La defensa de Pedro Antonio Sánchez repasa las diferentes fases que ha seguido el proceso en los últimos siete años para tratar de defender la prescripción de los delitos de los que se acusa al expresidente regional.

El fiscal y las acusaciones retiran así el delito de fraude de subvenciones por el que pedían a Sánchez dos años de cárcel y una multa de seis millones de euros tras una reforma legal.

La acusación popular se adhiere a lo expresado por el Ministerio Fiscal, en relación al delito de fraude de subvenciones.

El juez Del Olmo otorga el turno de palabra al fiscal, quien retira el delito de fraude de subvenciones a Pedro Antonio Sánchez, con la pena correspondiente, en arreglo a una sentencia del 'caso la Muela'.